Hugo Chávez al volante de un vehículo Merceds Benz en Nicaragua. Lo acaompaña el presidente Daniel Ortega (foto archivo)
En enero de 2012, el fabricante alemán de automóviles entró en aguas calientes a través del lanzamiento de una campaña
de coches de alta gama utilizando como emblema un cuadro del comunista
revolucionario argentino (y asesino) Ernesto “el Che” Guevara, junto con las palabras “viva la revolución”
Este movimiento increíblemente insensible – semejante a la promoción
del turismo con una imagen de Kim Jong Ill – fue rápidamente revertido a
través de una disculpa por parte de la compañía, tildando a su propia
campaña de “imprudente” y “estúpida”, alegando que no fue su intención
la de ofender a nadie.
Disculpas a un lado, un nuevo acontecimiento por parte de la empresa
alemana nos muestran su intento por protegerse de eventuales problemas
con el gobierno. En esta ocasión, la víctima fue un ciudadano venezolano
de nombre Federico Medina Ravell, quien el pasado 18 de Abril fue
expulsado de su trabajo en la empresa por su presunto activismo político
opositor al gobierno de Hugo Chávez.
De acuerdo a documentos exclusivos obtenidos por la revista online
“The Commentator”, Federico Medina Ravell, fue despedido de su trabajo
de Gerente de Operaciones de Rusticos Automundia CA, concesionario
Mercedes Benz en la ciudad de Valencia. De acuerdo con la carta de
despido, Medina Ravell fue culpable de “violar las normas de la
empresa”, por “su labor profesional en relación con cuestiones de
política nacional”. Cabe destacar que en toda República Constitucional,
el derecho a la actividad política es un hecho. Esto también ocurre en
Venezuela, donde los artículos 57, 61, 67 y 89 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, protegen estos derechos de sus
ciudadanos.
El Sr. Medina, contrariamente a lo que se dijo, utilizaba su tiempo
libre y sus propios recursos para criticar de manera democrática al
gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, esto molestá a alguien dentro del
gobierno, quien decidió ejercer presión sobre Mercedes Benz, su
empleador, para silenciarlo mediante la eliminación de sus medios de
subsistencia, es decir, su trabajo. Este tipo de actividad es un hecho
común en la Venezuela de Hugo Chávez. En una ocasión incluso, el
gobierno compiló una lista de 3,6 millones de nombres de personas
opositoras al régimen y la distribuyó a lo largo y ancho del país. No
hace falta decir cuantas personas se quedaron sin trabajo aquella vez.
Estas listas, llamadas “Lista Tascón” y “Lista Maisanta” resultaron
en el mayor caso de discriminación política, tal vez desde la Sudáfrica
del apartheid. Decenas de miles fueron despedidos de sus puestos de
trabajo, otros fueron obligados a firmar confesiones y renunciar a su
oposición al gobierno, mientras que a algunos se les negó la asistencia
médica y los préstamos del gobierno. Quienes condujeron esta ilegalidad,
nunca pasaron siquiera por una corte, ya que las ordenes vinieron desde
lo más alto del gobierno.
La discriminación política en Venezuela, a pesar de que su uso es
algo común, sigue siendo ilegal. El artículo segundo de la Carta
Democrática Interamericana – que Venezuela acató, dice que “El ejercicio
efectivo de la democracia representativa es la base del estado de
derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y
responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al
respectivo orden constitucional”.
Está claro, que las acciones en contra de personas como el Sr. Medina
constituyen una violación de la Constitución, y van en contra de las
obligaciones internacionales de Venezuela. Sin embargo, en un país donde
el poder judicial se encuentra absolutamente en manos del Presidente
Chavez, algo que ha sido incluso afirmado por el ex Juez del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela, es también claro que Medina no
recibirá un juicio libre y justo.
A pesar de ello, Mercedes-Benz está obligado a cumplir la
Constitución venezolana y el imperio de la ley. Doblegarse ante el
régimen de Chávez con el fin de seguir haciendo el dinero no es sólo
inmoral, sino que viola la Constitución. Si el Sr. Medina recibe una
respuesta negativa a la denuncia policial (fiscalia) presentada contra
la empresa y contra el Gobierno de Venezuela por la violación de sus
derechos constitucionales – algo que en la Venezuela de Hugo Chávez
parece muy probable – el tendrá todo el derecho a seguir solicitando
justicia en tribunales fuera del país.
Que Mercedes-Benz puede ser considerada legalmente y financieramente
responsable de los actos de sus concesionarios representantes, es una
cuestión que un tribunal alemán deberá decidir. Sin embargo, el centro
del problema es la voluntad de las grandes empresas de eludir sus
responsabilidades morales a fin de continuar perpetrando sus ganancias.
La responsabilidad principal de cada empresa transnacional en el
mundo globalizado es la de atenerse estrictamente al imperio de la ley.
Esta es una de las únicas cosas que deben ser exigidos a los
participantes del mercado global. Cuando este principio se es eludido,
el sistema se resiente. Y Mercedes-Benz, por experiencia, lo sabe bien.
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