El Congreso Nacional no debe dejarse
engañar con el camuflaje “legal” que los socios del Mercosur pretendan
darle al forzado ingreso del gorila bolivariano Hugo Chávez al bloque.
No existe ningún fundamento jurídico posible que justifique un puenteo a
nuestro Parlamento. Todo intento de hacer efectiva la incorporación de
Venezuela al proceso de integración regional sin que los legisladores
paraguayos ratifiquen el Protocolo de Adhesión suscrito en Caracas el 4
de julio de 2006 constituye un atropello a la Cláusula Democrática
establecida en el Protocolo de Ushuaia, una violación al Tratado de
Asunción y un atentado a la Constitución Nacional.
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El Congreso Nacional no debe dejarse engañar con el camuflaje “legal” que los socios del Mercosur pretendan darle al forzado ingreso del gorila bolivariano Hugo Chávez al bloque. No existe ningún fundamento jurídico posible que justifique un puenteo a nuestro Parlamento. Todo intento por hacer efectiva la incorporación de Venezuela al proceso de integración regional sin que los legisladores paraguayos ratifiquen el Protocolo de Adhesión suscrito en Caracas el 4 de julio de 2006 constituye un atropello a la Cláusula Democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia, una violación del Tratado de Asunción y un atentado a la Constitución Nacional.
Con hermético secretismo se maneja la maniobra que Argentina, Brasil y Uruguay pretenden implementar para lograr evadir la normativa legal vigente relacionada con la aprobación del ingreso de nuevos Estados miembros. Seguramente, la manganeta es liderada por la diplomacia brasileña, tradicionalmente experta en la aplicación de tramposos menesteres como la creación de fórmulas que, bajo una apariencia de legalidad, suponen en la realidad una vulneración de la normativa legal de los demás países y un avasallamiento de sus soberanías.
Llamativamente, el presidente Fernando Lugo no ha dicho hasta ahora una sola palabra sobre esta maquinación destinada a asestar un golpe institucional contra el Congreso paraguayo. El titular del Poder Ejecutivo se va hoy al Uruguay para participar en la Cumbre del Mercosur, sin que el país sepa nada acerca de lo que allí va a discutir o plantear en lo atinente al grave caso que nos ocupa.
Sus colaboradores se limitaron a decir que exigirá a la Argentina que permita concretar la venta de energía eléctrica paraguaya al Uruguay, lo cual de por sí es muy justo que lo haga (es más, ya lo debió haber hecho en cumbres anteriores), pero parece que no tiene pensado decir una sola palabra acerca del atropello que se está por consumar contra el Congreso de la República.
Sin lugar a dudas, Fernando Lugo se quedó convenientemente mudo acerca de este tema tan sensible para nuestra institucionalidad democrática y para la armónica convivencia dentro del Mercosur, por la sencilla razón de que está aguardando que los cancilleres de los países miembros hagan el trabajo sucio, que le den la fórmula “mágica”, el ardid legal para poder puentear a los parlamentarios paraguayos, y así intentar salvarse de que el Congreso le inicie un juicio político por consentir un alevoso atentado contra la Constitución.
La preocupación sube de tono al considerar las expresiones del asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, quien por un lado sostiene que se respetará la decisión soberana del Congreso paraguayo, pero al mismo tiempo dice que nada sabe en cuanto a la postura que adoptará Fernando Lugo en Montevideo, porque esto va a “decidirlo el Presidente, en consulta con su canciller”.
El atropello contra nuestro orden constitucional se consumará si se hace entrar a Chávez al Mercosur sin la participación del Poder Legislativo de nuestro país en la materia, ya que con esto se violentará el artículo 141 de nuestra Ley Fundamental, según el cual “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno”; así como el 202, donde queda establecido que “aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo” es uno de los deberes y atribuciones del Congreso.
Por lo demás, mientras el Parlamento del Paraguay no ratifique el ingreso de Venezuela al Mercosur, no se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Tratado de Asunción, ya que en el mismo se dispone que la aprobación de solicitudes de adhesión al bloque “será objeto de decisión unánime de los Estados Partes”.
Resulta sumamente decepcionante saber hasta dónde están dispuestos a llegar los presidentes de los países del Mercosur en su desesperación por seguir colgados de la abultada petrochequera de Hugo Chávez. Ni reparan en el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la vida comunitaria del bloque, ni respetan los principios y valores sobre los cuales se funda toda la arquitectura de la integración. Quien recuerde los maletines que el gorila bolivariano envió para la campaña presidencial de un país miembro, estará tentado a pensar que quizás este tipo de “gentilezas” es el que Lugo espera tener para las próximas elecciones presidenciales en nuestro país.
A juzgar por su interesado comportamiento, para ellos es un “detalle” sin trascendencia que el primer artículo de la Cláusula Democrática establezca que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes”.
A los petrodólares de Hugo Chávez todo se le puede perdonar, hasta pisotear la Constitución de un país miembro como el Paraguay y mancillar todo el ordenamiento legal comunitario que hemos construido durante los últimos 21 años. Está claro que, así concebido, este no puede ser más que el Mercosur de la infamia, la hipocresía y la falsedad. Un bloque en el que ya no vale la pena seguir participando, porque ni nos respetan ni se respetan a sí mismos.
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