Este año profesores universitarios salieron a las calles para manifestar descontento por bajos salarios y las deudas del Min. de Edu. Universitaria.
TSJ y milicias estudiantiles buscan
socavar autonomía universitaria
■ La UCV, LUZ, UDO, ULA y UC recibieron este año medidas judiciales.
■ Las milicias estudiantiles se perfilan como brazos armados en las casas de estudio.
■ Alumnos pro gobierno inscriben planchas con nombres similares a las opositoras para confundir.
■ La suspensión de las elecciones es el nuevo modus operandi oficialista para interferir en la vida académica.
■ 11.449 votos logró la
oposición en la más reciente elección de la UCV, mientras que los
seguidores del oficialismo sumaron 4.460
■ “La ley vigente avala que las
universidades se autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno”,
dijo la rectora de la UDO, Milena Bravo.
■ “Es una aberración que el
Presidente pretenda hacer la ley de los consejos estudiantiles por la
vía habilitante y los quiera reforzar con las milicias estudiantiles”,
señaló el presidente de la FCU del Zulia, Víctor Ruz.
■ El presidente de la Federación
de Centros Universitarios de la UCV, Diego Sharifker, denunció que los
movimientos oficialistas intentarán ganar votos manipulando a los
electores en el proceso del 9 de diciembre. “Saben que no tienen chance y
buscan confundir para dispersar votos en planchas fantasmas que en
muchos casos sólo tienen un candidato”, aseguró.
La sombra del pensamiento único se cierne sobre las universidades
autónomas. Actos vandálicos contra la comunidad y su infraestructura,
sabotaje de los procesos electorales internos y dictámenes del Tribunal
Supremo de Justicia sin mencionar el drástico recorte presupuestario
son algunos de los mecanismos utilizados.
“La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de
Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes
piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero,
aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona,
entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de
obligatorio cumplimiento”, señaló el secretario de la Universidad
Central de Venezuela, Amalio Belmonte.
A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte
justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para
imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad
académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral
que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que
respaldan ese proyecto.
Aunque admitió que históricamente los gobiernos han creado mecanismos
de control de las universidades incluido el allanamiento de 1969
sostuvo que el objetivo no ha sido interferir en los resultados de las
elecciones internas.
“Nunca hubo un proyecto político para la Universidad; ahora lo hay.
Esa es la gran diferencia. El actual Gobierno quiere construir un
aparato ideológico y hacer de las universidades la herramienta
fundamental de ese aparato porque entiende que es vital para instaurar
la hegemonía. Las universidades son un freno para ese proyecto”,
aseguró.
Brazo jurídico y armado:
En la más reciente elección estudiantil de la UCV las dos planchas de
oposición sumaron 11.449 votos, mientras que las cinco oficialistas
obtuvieron 4.460. El presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la Universidad del Zulia, Víctor Ruz, considera que el
temor del oficialismo de permitir las elecciones universitarias radica
en esa diferencia.
Aunque las universidades tienen instancias competentes para resolver
conflictos internos, como los consejos de escuela y de facultad, las
comisiones electorales y el Consejo Universitario, los sectores
estudiantiles identificados con el Gobierno acuden al TSJ para dirimir
controversias.
“El TSJ no es un poder independiente, sino un apéndice del Ejecutivo
que decide por mandato directo del Presidente. Es evidente que el
Gobierno tiene un claro interés en hacer creer que los estudiantes lo
respaldan, sobre todo a propósito de 2012, año electoral”, dijo Ruz.
Advirtió que el Gobierno pretende moldear un concepto que se menciona
sin mayores precisiones en la Ley de Educación Universitaria (consejos
estudiantiles) para su beneficio. En su opinión, esas instancias serán
la próxima arma que se utilizará contra la autonomía de las casas de
estudio.
“Es una aberración que el Presidente pretenda hacer la ley de los
consejos estudiantiles por la vía habilitante, porque además los quiere
reforzar con las milicias estudiantiles: un brazo armado, y con
recursos, dentro de la universidad para sembrar violencia,
enfrentamiento y terror”, señaló.
El ex secretario de reivindicaciones estudiantiles de la FCU-UCV
Miguel Pizarro coincidió con Ruz. “Los consejos estudiantiles son un
intento de eliminar las FCU y tratar de ganar por decreto lo que no
ganan con votos. Las milicias estudiantiles vendrán a ponerle nombre a
los grupos parapoliciales que actúan hace rato en nuestra casa de
estudio para amedrentar y agredir”, manifestó.
Belmonte indicó que la situación de las universidades autónomas es
alarmante, pues no sólo están intervenidas económicamente, sino que
también se intenta socavar su base pluralista. “Hay muchas formas de
allanar una universidad y a veces hay maneras más sutiles de hacerlo que
poner un tanque en la puerta, pero al mismo tiempo mucho más duras que
un tanque en la puerta”, dijo.
En suspenso:
Las cinco universidades autónomas padecen la suspensión de sus procesos electorales por obra del TSJ.
La seguidilla de decisiones comenzó el 16 de mayo con las elecciones
de decanos de la UCV fijadas para el 20 de ese mes. Cinco días después
tocó el turno a los comicios en la Universidad de los Andes y en la
Universidad de Carabobo, ambos fijados para el 26 de mayo. El 12 de
julio, luego de una reprogramación, le volvió a tocar a la ULA.
El 26 de octubre llegó el turno de LUZ. Fue la segunda medida de
suspensión de elecciones estudiantiles para esa casa de estudio este
año: la primera intervención en el proceso fue en mayo. El 8 de
noviembre la Sala Electoral admitió un recurso contencioso contra los
comicios del cogobierno estudiantil de la Universidad de Oriente, que se
celebrarían el 9.
Las peticiones fueron presentadas por estudiantes, profesores o
trabajadores y todas, menos una, fueron decididas por el máximo tribunal
un día antes de la elección.
El último capítulo de esa serie podría escribirse esta semana. Para
el 9 de diciembre están fijados los comicios de la Federación de Centros
Universitarios y los centros de estudiantes de la UCV, contra los
cuales fue solicitada una medida cautelar de suspensión, con el
argumento de que el proceso debe incluir la elección de los consejos
estudiantiles.
El proceso, inicialmente fijado para el 2 de diciembre, ha tenido
tropiezos. El 15 de noviembre tres vehículos fueron incendiados frente a
la Plaza del Rectorado y luego las autoridades de la Comisión Electoral
fueron retenidas en la sede de La Floresta.
Perturbadores:
La petición de los sectores que se oponen a las elecciones
universitarias es recurrente: abrir la participación a toda la comunidad
universitaria, aprobar la paridad del voto y crear los consejos
estudiantiles, entre otras.
La rectora de la UDO, Milena Bravo, considera que el problema no
radica en las peticiones en sí mismas, sino en la politización del
asunto. Entiende que el peso de las universidades autónomas como
formadoras de profesionales con múltiples visiones y opiniones es lo que
al mismo tiempo enriquece la democracia y preocupa al Gobierno.
“El tema de las elecciones y de la elaboración de una ley se ha
politizado en extremo. La ley vigente avala que las universidades se
autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno.
Nosotros estamos de
acuerdo con la elaboración de nueva ley, pero debe surgir de las
universidades, sus estudiantes, sus empleados, sus obreros, sus
profesores y sus autoridades. Debe incluir por supuesto al ministerio,
pero no puede nacer de un planteamiento unilateral desde el Ejecutivo”,
dijo Bravo.
En su opinión, al acudir al TSJ como instancia de resolución del conflicto buscan controlar la institución educativa.
“Los estudiantes son quienes calientan la calle y el Gobierno no ha
podido controlarlos en 13 años, como sí lo hace en sus casas de
estudio”.
Explicó la diferencia entre enseñar a pensar y enseñar cómo y qué
pensar: “En el pénsum de los estudiantes de Medicina Integral hay tres
años de formación política obligatoria. En nuestras universidades hay
pluralidad”.
Kevin Ávila y la autonomía:
El bachiller Kevin Ávila es el estudiante sancionado con expulsión
por el Consejo Universitario de la UCV el 18 de noviembre y cuya
reincorporación ordenó el TSJ horas después.
El presidente de la FCULUZ, Víctor Ruz, afirma que la decisión del
tribunal es el golpe más duro que ha recibido la autonomía universitaria
desde 1999. “Mi opinión va más allá de si el compañero Kevin debía ser
expulsado: el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la
universidad y el TSJ le pasó por encima”.
Añadió que el Poder Judicial no actuó con independencia: “Vimos cómo
el señor Presidente emite una instrucción durante un discurso y luego el
TSJ toma la decisión”.
Otra arista del asunto autonómico se relaciona con las universidades
experimentales, pues algunos procesos electorales estudiantiles que
apuntan a la pluralidad resultan frustrados.
Es el caso de la Universidad Rafael María Baralt, en Zulia, donde
según Ruz se ordenó incorporar al padrón electoral a 8.000 estudiantes
de una misión de médicos comunitarios, lo cual volteó los resultados a
favor de la plancha oficialista.
Planchas falsas:
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y
aspirante a la reelección, Diego Sharifker, denunció que los movimientos
oficialistas intentarán ganar votos manipulando a los electores en el
proceso del 9 de diciembre.
“Sabiendo que no tienen chance de ganar buscan confundir para
dispersar votos en planchas fantasmas que en muchos casos sólo tienen un
candidato”, dijo.
Mientras que las tres planchas opositoras que competirán por la
dirigencia estudiantil en la UCV se llaman 100% Unidad y Gestión, U y
Presupuesto Justo, los oficialistas inscribieron por lo menos cuatro
planchas con nombres fáciles de confundir como 10% Unidad, 1000%
Estudiantes, 100% Autonomía y la más insólita de todas: Mesa de la
Unidad Democrática Estudiantil.
Sharifker exhortó a los universitarios a estar muy atentos cuando
vayan sufragar y que eviten caer en la trampa de confusión tendida por
sus adversarios.
Informó que son aproximadamente 50.000 estudiantes habilitados para
votar en la UCV y esperan una participación de entre 15.000 y 20.000
bachilleres.
Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
INJERENCIA | JUDICIAL
EL NACIONAL
http://www.reportero24.com/2011/12/injerencia-milicias-y-tsj-trataran-de-cercar-las-universidades-en-2012/
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