Especial lapatilla/Janet Yucra M.
Via: Megaresistencia
Sin ninguna explicación, este jueves fue suspendida la sesión de la
Asamblea Nacional (AN), en la cual estaba prevista la sanción de la Ley
de Arrendamiento de Viviendas. Esta ley, que era la bandera de la
comisión de Administración y Servicios y que fue llevada a la AN por el
llamado “Pueblo Legislador”, ha sido frenada en el Parlamento y se
desconoce el motivo, puesto que hay hermetismo al respecto.
La
norma fue aprobada en segunda discusión, el jueves de la semana pasada y
el primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, ordenó a la
comisión que incorporaran los cambios que se hicieron en la segunda
discusión, “para leer el informe final el martes (1 de noviembre) y
sancionarla”. Sin embargo, ese día no estuvo lista y ayer tampoco.
Versiones
extraoficiales indicaron que “no estaba lista la incorporación de las
modificaciones, porque fueron muchos los cambios que se hicieron en el
debate”. No obstante, trascendió que la pronta entrada en vigencia de la
ley estaría “causando problemas al chavismo, por las consecuencias que
pueda tener, en materia electoral, porque de verdad afecta a mucha gente
de los barrios que vive del alquiler”.
Tal
ha sido el frenazo, que estaba previsto que el presidente Hugo Chávez,
promulgará la ley en un acto público, este viernes, junto con “el
movimiento de pobladores y colectivos que impulsaron la ley”. Incluso,
oficialmente, se informó que el mandatario presentaría el Reglamento, de
manera que el instrumento entrara en vigencia, apenas fuese publicado
en Gaceta Oficial. No se conoce si el martes de la semana que viene el
instrumento será incluido en la agenda, porque todavía no han publicado
el orden del día.
Las bancadas de la Mesa de la Unidad
salvarán el voto en la sanción de la Ley de Arrendamiento y entregarán,
por escrito, los argumento por los cuales los diputados tomaron esa
decisión.
Consideran que “es un instrumento discriminatorio, que no hace
justicia puesto que contrapone derecho a la vivienda y derecho a la
propiedad privada, puesto que salvaguarda los intereses de una de las
partes, en detrimento de la otra, cuando por principio todas las partes
deben tener iguales obligaciones y derechos”.
Agregan que “el
legislador se arroga potestades fuera de su competencia, al pretender
con esta Ley castigar o sancionar los abusos que han existido en éste
tipo de relación”. También plantean que “el problema de la falta de
vivienda es producto de la incapacidad del propio Estado, para generar
políticas públicas sostenidas y progresivas que le permitan responder a
las necesidades de la población y no es atribuible a los particulares”.
Por ello, piensan que “se debió producir un texto equilibrado bajo la
aspiración de evitar los excesos que arguye existen en el mercado de
alquileres, garantizando los derechos y obligaciones de arrendatarios y
arrendadores por igual (…) de acuerdo a las condiciones de contrato
establecidas en su articulado, el contrato podría perder sus cualidades y
convertirse en carta abierta a la ocupación indefinida del bien, sin
que haya garantías para la recuperación por parte del propietario”. En
consecuencia, la bancada de la MUD cree que “esta legislación compromete
las oportunidades de arriendo a las futuras generaciones, puesto que
desestimula lo que es una alternativa, a la falta de vivienda propia.
Entre otras consideraciones, acordamos presentar nuestro voto salvado a
la aprobación de Ley del Control de los Arrendamientos de Vivienda”.
Especial lapatilla/Janet Yucra M.
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