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En homenaje a nuestros héroes caídos y a nuestros presos políticos!!!

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sábado, 29 de octubre de 2011

Cámara Inmobiliaria sobre ley de Arrendamiento: "La revolución no escucha a la razón"


Globovisión
Aquiles Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, dijo este sábado que la Ley de Arrendamiento está "totalmente sesgada a favor de un grupo de venezolanos". Señaló que no se debe pensar que despojar una vivienda a un ciudadano para dársela a otro es una forma de hacer justicia. "La revolución no escucha a la razón", manifestó.

Dijo que este tipo de leyes dividen a los venezolanos y que son un engaño porque quienes están necesitados de una casa no van a encontrar solución a su carencia. Se generarían nuevos conflictos, aseguró, pues "muchos venezolanos viven de la renta". 

De acuerdo con Martínez por esta situación se ha disminuido la oferta de viviendas para alquilar, por lo que se cercena el futuro de los venezolanos. Dijo que los más afectados serán personas de las barriadas populares, que es donde está la mayoría de la población y donde más se arrenda.


Explicó que la Ley de Arrendamiento es retroactiva pues afecta a los casos judiciales de inquilinato que estén en proceso. 


Puntualizó que, según la legislación aprobada por la Asamblea Nacional, todo espacio donde viva alguien bajo el régimen de alquiler deberá ser notificado a la Superintendencia de Arrendamiento. 

 



Preferencias injustas

Indicó que la preferencia de compra para el inquilino existe hoy en día, pero en la nueva Ley de Arrendamiento quien necesite vender su vivienda alquilada debe darle a la persona que está viviendo en ella 90 días para contestar a la opción de compra y después 1 año para poder pagar.

Si al final el inquilino decide no comprar, el propietario puede vender la pieza, pero sin sacar a los que están viviendo en ella. 

Aclaró que la normativa no afecta a locales comerciales alquilados.

Acciones ante la Ley

Si la ley es aprobada, hay que cumplirla, aseguró. Dijo, no obstante, que la Cámara Inmobiliaria trabajará para demostrar que las condiciones que se impone con la normativa son inconstitucionales.

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