Artículo basado en el amparo constitucional que presentó Pablo Medina contra los rectores del CNE

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No nos corresponde a los Abogados en ejercicio, muchas veces esbozar opiniones sobre asuntos, en donde no tenemos completamente conocimiento de los hechos y de las acciones. El Abogado debe de por sí, ser prudente en el comentario pero sí contundente en la acción; esto último es lo que garantiza el alcance de la efectividad en el ejercicio de la profesión.

En mi condición como venezolano, a título personal y profesional, quisiera elevar unos breves comentarios sobre el amparo constitucional presentado por el precandidato PABLO MEDINA contra los RECTORES DEL CNE. La cuál, no dejo de calificarla, de ser uno de los actos jurídicos, más importantes de los últimos meses en el escenario político venezolano; y que tendrá una serie de repercusiones importantes a futuro en el horizonte político. Y que raramente, no se le ha dado el alcance y la importancia justa que tiene.

Siempre he sostenido, que nadie o mejor dicho ninguna persona, puede ejercer un derecho, si no tiene la convicción de defenderlo. E indudablemente, ningún sujeto dentro de una sociedad desarrollada, moderna y democrática, puede estar dispuesto a tolerar y permitir, que constantemente desde la esfera que sea, llámese político, social o económico; se vulneren, conculquen y menos caben, los derechos de la ciudadanía, que están consagrados dentro del ordenamiento jurídico, respectivo.

En las elecciones primarias para diputados, del 26 de septiembre de 2010. Muchos venezolanos con aspiraciones a las diputaciones, no participaron dentro de las primarias hechas por la MUD, por no contar con LOS RECURSOS ECONOMICOS, para poder sufragar los gastos solicitados. A tal punto, que en muchos de los casos, aún siendo personas de reconocida y dilatada trayectoria, no contaban con los recursos necesarios para poder optar a una candidatura. Situación, que en lo personal por primera vez, abiertamente expreso, que consideré en su momento abusivo, írrito e inconstitucional.

En primer lugar, porque limitar una candidatura por motivos económicos “políticamente”, representa una forma muy simple, por no decir descarada e hipócrita, de quitarse a cualquier contendor, que le puede hacer mella a una determinada candidatura. 

Y en segundo lugar, porque si se hace un análisis jurídico de la Constitución Nacional, no existe ni hay ningún precepto constitucional (entiéndase norma), que señale la necesidad de que el postulado al cargo público a elegirse, financie algún gasto económico para poder optar a una candidatura. (Ver art. 62, 63, 64, 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

Solo se exige (en el caso de optar al cargo de presidente), tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, no tener ningún otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no haber sido condenado ni sometido a ninguna sentencia definitivamente firme, de conformidad a lo indicado en el artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

Por lo que a mi entender como técnico jurídico, la Mesa de la unidad (por el motivo que sea), conculco y menos cabo el derecho de todos esos postulantes, al exigirle determinada cantidad a los aspirantes. Sea a nombre propio o del CNE, para poder optar a los diferentes cargos. Creo, que los venezolanos sabemos muy claramente las deficiencias económicas, públicas y notorias a las cuales están sometido los partidos políticos, actualmente. Pero también pienso, que la mesa de la unidad para alcanzar sus nobles objetivos. 

No puede, ni debe sobre pasar los límites y los derechos de los ciudadanos que ella misma representa. Y que, puede sentarse y calmadamente crear y planificar estrategias, para lograr alcanzar los recursos necesarios para enfrentar los grandes retos que tiene por de frente.

Leyendo el amparo constitucional introducido por el ciudadano pablo medina, puedo entender que tal como señala en el escrito presentado ante el TSJ. Él es representante, del llamado movimiento laborista, es decir, un movimiento integrado por la gran masa de trabajadores que día a día construyen este país. Y expone el accionante, que por representar a una clase social disminuida económicamente, no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar los gastos que solicita la MUD, previo acuerdo con la comisión de enlace del CNE. 

Pues, al hacer un recuento de los gastos entre las maquinarias, personal, mesas, etc. Expone, que el aporte de cada candidato sería, algo así como la pequeña cantidad de MIL MILLONES DE BOLIVARES antiguos, es decir, UN MILLON DE BOLIVARES FUERTES, actuales. (Bs. 1.000.000,oo). 

Como se comprenderá, cantidad que desde el punto de vista económico cualquier ciudadano, salvo que tenga ingresos muy superiores, como empresariales, holdings, cadenas de comercios, tiendas, etc. Solo lo pudiera costear. 

Lo que significa, de aceptar reiteradamente semejante atropello, que ud. señor lector o mi persona, que somos individuos sencillos y humildes, jamás pudiéramos acceder a un cargo de elección popular. Y desvirtuaríamos y disminuiríamos totalmente, los derechos democráticos progresivos que tanto nos ha costado alcanzar plenamente. La constitución nacional del 91, tiene como eje fundamental dentro de su exégesis, la participación “.. Ciudadana y protagónica…” como vértice y roll fundamental dentro de las directrices constitucionales, expresadas por el constituyente reunidos para tal fin.

Es decir, no hay democracia sin participación ciudadana, y los ciudadanos, tenemos derecho a no solamente elegir a quienes regirán nuestro futuro; sino también el derecho a tener la opción real, de ser directores y copartícipes, de esos cambios que requiere la nación. Creo profundamente, y con el mayor de los ánimo de reflexión, expresar, que la mesa de la unidad debería recapacitar sobre este punto.

Por otra parte, PABLO MEDINA nos señala en su escrito, que considera como “presuntas” amenazas en su contra, las actuaciones ejercidas por los rectores del CNE. Al solicitar, éstos últimos a la MUD, “presuntamente” en una reunión técnica llevada el día 19/10/2011, el pago de los referidos costos por precandidaturas, - entre ellos, la suya. 

La cual accedería, a 18 UT (UNIDADES TRIBUTARIAS) que debe cancelar cada postulante y 22 UT la MUD, lo que representa un monto global de 40 UT “por cada mesa” colocada en la elección. Se habla aproximadamente y extraoficial, que alrededor de seis mil o mas mesas electorales se instalaran en todo el país. Que al sumar la totalidad, alcanzan a la cantidad ya referida de UN MILLON DE BOLIVARES FUERTES, es decir, MIL MILLONES DE BOLIVARES FUERTES por candidato.

Aunque el accionante o parte actora (PABLO MEDINA), esgrime una serie de alegatos importantes, desde el punto de vista jurídico. Como una observación, rara, acoto que no señala en su amparo. Que indica el artículo 67 de la Carta Magna, en su - parte in fine – - cito -: “… Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales SERÁ REGULADO POR LA LEY. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no PODRÁN CONTRATAR con entidades del sector público….”. Por lo tanto, es INCONSTITUCIONAL, ILEGAL y VIOLATORIO de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, que tanto la MUD y el CNE realicen cualquier tipo de contratación. 

Es decir, no puede comprar, vender, alquilar, usufrutuar, etc,. NO PUEDEN REALIZAR NINGUN TIPO DE ACTO JURIDICO QUE IMPLIQUE ALGUN TIPO DE CONTRATACION es IRREFUTABLEMENTE, VIOLATORIO DE LA CARTA MAGNA. Por tanto, no entiendo como la MUD, donde entiendo existen personas capaces, preparadas y hasta con postgrado y doctorados en el área de DERECHO ELECTORAL. Que no se haya tomado la molestia, de leer ese artículo, en un texto tan fundamental como la CONSTITUCION NACIONAL. 

La MUD, si es respetuosa de la ley y de la CONSTITUCION NACIONAL, debe no solo de forma oficial informarle de tal situación al CNE. SINO que acto seguido, debería adherirse a la acción incoada por PABLO MEDINA, a demás de que no dudo que una serie de personas afectadas por esta misma situación, por vía particular igual lo hará. Bien dice una frase, “La justicia es el más alto pilar, sobre el cual descansa todo buen Gobierno”.

Y nuestro deber como ciudadanos, es acatar, ejercer y hacer cumplir las leyes, a través de la tutela judicial efectiva. Cuando existan personas o entes, que por unos intereses ajenos CONTRARIOS A LA LEY, no quieran hacerla cumplir. ¿Por qué se pide dinero, por bienes que son de todos los venezolanos?, ¿Por qué se hacen negociaciones jurídicas sobre bienes del Estado, cuando está prohibida en la Constitución?, ¿Por qué hasta el presente, no se había denunciado, accionado ni ejercido ninguna acción al respecto por parte de la MUD? me pregunto como ciudadano y profesional. No quisiera buscarle las cinco patas al gato, y enredar mas éste asunto. 

La ley es la ley, y todo lo que sea ilegítimo, ilegal e inmoral no puede ser acatado, esa es mi posición como ciudadano y técnico jurídico. Y lo que creo, es que lo que reclama PABLO MEDINA, esta ajustado al espíritu, propósito y razón de la Constitución Nacional. Quien por demás, no lo conozco personalmente, no tenemos amigos mutuos. Y cuya trayectoria, como luchador social tanto la de él y la de su hermana, solo la conozco a través de los medios de comunicación. 

Con respecto al petitorio, creo que el mismo esta ajustado a Derecho. Solo una particularidad, que creo que es justa que conozcamos todos los venezolanos. El peligro, como observador del proceso, que veo y me preocupa. Es que hemos colocado en las manos del TSJ el futuro de las primarias, por no hacer las cosas como deberían hacerse; y cualquier decisión que se tome y que no esté ajustada, dentro del Estado de Derecho. Puede traer para la oposición un daño irreversible en un momento crítico, políticamente para el país. 

Al punto, de que es posible ante la posibilidad de que no exista una decisión judicial por parte del TSJ, cerca de la fecha de las primarias. La MUD, se vea en la obligación de escoger un candidato vía “CONSENSO”. Lo que traería por consiguiente, el desplome de las ilusiones de las primarias y con ella la posibilidad cierta y real de tener un candidato de la oposición. No respaldado por la inmensa mayoría, sino escogido por los cogollos que siempre han permanecido en el estamento político.

Por tal motivo, quisiera llamar a la reflexión a todas las partes interesadas en el conflicto. Para que de una forma consensuada, real y no violatoria de los derechos ciudadanos de cada uno de los participantes en la contienda política, se respeten honorablemente las posiciones, se busque una salida fuera de los límites judiciales y se logre una solución que satisfaga plenamente a las partes. Recordemos aquel viejo adagio en Derecho, tan necesario en este momento. Es preferible un mal acuerdo que un buen pleito. Todavía estamos a tiempo de salvar la República. Y lo expreso, con la mayor seriedad y contundencia. Aquí, nos estamos jugando 200 años como Nación.

Segundo, la oposición tiene organismos como SUMATE y ESDATA que pueden perfectamente llevar el proceso de las primarias, sin necesidad que el CNE se vea involucrado. Este es un punto, vital y estratégico que debería observar la MUD. Realmente nos arriesgamos, a que tal vez miles de venezolanos, no quieran participar en una contienda auspiciada bajo el ojo del CNE, por temor o miedo. A demás, como se puede en un futuro impugnar cualquier resultado proveniente del CNE. Si el candidato de la MUD, fue previamente escogido por una elección que se ha hecho bajo la custodia del ente comicial, nadie lo entendería. Es hora mis amigos, de las verdaderas decisiones transcendentales y no de intereses de otro tipo.

Tercero, sería importante que la MUD previera la posibilidad, de solicitarle al CNE una prorroga en la inscripción de los electores en el REP. Y sobre todo, que pelee y discuta fuertemente, que se respeten los derechos de todos nuestros compatriotas venezolanos, que se encuentran fuera de nuestras fronteras. A mi entender, todo venezolano que cumple su mayoría de edad; es decir, dieciocho años, antes de las elecciones. Tiene el derecho irrefutable a participar en esa fiesta democrática. 

Recordemos, que cada voto contra este régimen inmoral, corrupto y que abraza las más terribles causas de la humanidad, debe ser preservado por todos los demócratas. Coloquemos el interés nacional sobre el particular, dejemos al lado los miedos; hablemos al país claro y fuerte, nos ampara la ley. Recordemos, que donde exista un venezolano fuera de nuestras fronteras. En ése corazón, vive Venezuela.

Por todos los razonamientos expuestos, llamo una vez más no solo a la MUD, sino también a todos mis compatriotas. Para que juntos, unidos, derroquemos con las armas de la democracia, es decir, con el voto. A un gobierno, que no estuvo ni está preparado para conducir los destinos del país.

Y recordemos, sin ningún ánimo partidista, aquella vieja frase que pronuncio Rómulo Betancourt, el 29 de diciembre de 1954, ante la sala de Conferencia del Instituto Pedagógico de Caracas: “Se equivocaron en absoluto los sociólogos pesimistas… Somos un pueblo que puede ser gobernado impersonalmente, no por régulos imperiosos, no por gente despótica, sino por hombres que en la gestión de la cosa pública, actúen apegados a textos legales.” .

Es todo.

Abg: Jose A. Martin E.

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