El vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció el inicio del “proceso para el traspaso de edificios arrendados”. Este proceso estaría enmarcado dentro de la misión Gran Vivienda Venezuela. La fantasiosa e irreal promesa electorera de entregar 2.000.000 unidades habitacionales en seis años, incluye no sólo recurrir a la construcción en cuanto terreno ajeno encuentre sino también usar el arrebato de viviendas privadas ya existentes que estaban dadas en alquiler.
Por lo pronto, el “proceso de traspaso de edificios arrendados” afectaría a unas 100 propiedades del Área Metropolitana de Caracas, y contemplaría según lo indicado por los voceros oficiales, forzar la venta de los inmuebles a los inquilinos al precio que imponga unilateralmente el Ejecutivo Nacional. Los parámetros anunciados para la fijación de precios son ambiguos y discrecionales, entre ellos, la antigüedad, las condiciones y la situación de los edificios, y en algunos casos “no será considerado el valor de la tierra, por ser éstas propiedades municipales”.
Este procedimiento que se comienza a aplicar está previsto en el proyecto de Ley de Arrendamientos que desde marzo de este año está en proceso de discusión en la Asamblea Nacional. El supuesto objetivo sería “garantizar un precio justo” de la vivienda y “evitar los valores especulativos”.
La única buena noticia para los arrendadores a quienes se les está quitando su propiedad es que pareciera que por lo menos algo le van a pagar por ella. Alegría de tísico, pero alegría en fin.
Más negro se ve el panorama para los depositantes de los bancos venezolanos. Resulta que Chávez, en su desesperación por tapar el gran fracaso en el área habitacional de su Gobierno, anunció que en el marco de la Misión Gran Vivienda Venezuela también expropiaría docenas de inmuebles propiedad de las instituciones bancarias intervenidas en los años 90, que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) bajo su resguardo.
Según el presidente de Fogade, David Alastre, los activos que se transferirían al Ejecutivo Nacional sumarían 900 entre terrenos, edificios y locales. Llama la atención que hasta ahora no se ha indicado ni el monto ni la modalidad de pago que se seguirá en este caso.
Al final, con estas inauditas “transferencias” de bienes que resguarda Fogade, los perjudicados serían los ahorristas, ya que sus depósitos quedarían sin garantías.
Ante la impotencia por tanta arbitrariedad y pillaje, no queda más que “aplaudir” el ingenio del Gobierno de Chávez para estafar de nuevo a los venezolanos.
http://www.infociudadano.com/2011/06/03/nuevas-formas-de-la-estafa/
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