Este no es un caso personal. La integridad física de todos los periodistas venezolanos está en juego, si no se toma como hito para revertir una tendencia de impunidad, abuso de poder y accionar mafioso por bandas delictivas amparadas en la complicidad o lenidad de las autoridades del Estado, llamadas constitucional y legalmente a contener, investigar y castigar ejemplarmente este tipo de transgresiones contra la vida civilizada y, especialmente, el libre y seguro desempeño profesional del periodismo.
Por Manuel Isidro Molina
La paliza que me propinó un “gorila” la tarde del pasado jueves, no me intimida. Algún mafioso de la corrupción y del abuso de poder, está (o están) detrás de ese ataque brutal. Agradezco todas las manifestaciones de estupor ante el hecho y de vasta solidaridad hacia mi persona, familia y desempeño profesional. Le veremos el hueso al caso, hasta llegar a los autores intelectuales. Ya las investigaciones se están desarrollando.
Asistí a la cita del Saime (Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería) para la obtención de mi pasaporte, en su oficina de la parroquia Coche de Caracas, ubicada en el tercer piso del centro comercial de Coche. En la espera, decidí bajar a comprar unas frutas, aproximadamente a la 1:40 de la tarde, y cuando bajé por las escaleras al piso dos, me topé con un hombre fornido, de unos treinta años de edad, alto y para mí desconocido. Me interceptó, me empujó hacia atrás para inmediatamente golpearme brutalmente la cabeza con un casco metálico de motorizado. Caí aturdido al piso, donde el agresor la emprendió a patadas en mi contra. Con la cara ensangrentada, comencé a gritar en procura de auxilio, mientras trataba de evadir los golpes que el “gorila” continuaba propinándome. Ante la posibilidad de llegada de testigos, el animaloide atacante decidió huir, lo que permitió que me incorporara y regresara botando sangre por las escaleras, al piso 3 del Saime, donde recibí asistencia y protección hasta la llegada de dos guardias nacionales armados, quienes luego me acompañaron hasta mi vehículo junto con mi señora, quien me condujo inmediatamente al Hospital Clínico Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Allí me atendieron diligentemente: me tomaron seis puntos de sutura en la ceja derecha, limpiaron las heridas, inyectaron toxoide y el médico de guardia ordenó sendas radiografías de cráneo, cervicales y mano izquierda, para despistar daños mayores. Afortunadamente, todo bien. Nada más allá de la herida en la ceja derecha, hematomas en la cara y cabeza, el muslo derecho y la mano izquierda. Analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios fueron suficientes.
Con activo apoyo del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) fui a la Fiscalía General de la República, el viernes 13, formalizamos la denuncia, en compañía de Hernán Lugo Galicia, secretario general del CNP-Caracas; Marco Ruiz, secretario general del SNTP; y Julio Balza, miembro del Tribunal Disciplinario Nacional del CNP. Silvia Alegrett, presidenta del CNP, me expresó su solidaridad telefónicamente. Agradezco y, sobre todo, resalto la inmediata reacción de estupor y condena por parte de decenas de colegas periodistas en toda Venezuela, así como en vastos sectores de nuestra sociedad.
De la Fiscalía, fui a la Medicatura Forense al examen de ley; y el próximo lunes 16, a las 9 de la mañana, debo regresar a la Fiscalía Superior de Caracas, donde me será asignado un Fiscal especial para investigar la agresión que el país conoce. También está pendiente una audiencia que solicitamos a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Este no es un caso personal. Por supuesto que lo asumo con entereza, pero se trata de una agresión inadmisible en democracia, que ofende la dignidad de la nación y los Derechos Humanos. La integridad física de todos los periodistas venezolanos está en juego, si no se toma como hito para revertir una tendencia de impunidad, abuso de poder y accionar mafioso por bandas delictivas amparadas en la complicidad o lenidad de las autoridades del Estado llamadas constitucional y legalmente a contener, investigar y castigar ejemplarmente este tipo de transgresiones contra la vida civilizada y, especialmente, el libre y seguro desempeño profesional del periodismo.
No la tienen fácil, el Presidente de la República, su ministro de Interior y Justicia y la Fiscal General de la República, sobre quienes descansa el fuero constitucional de la competencia para enfrentar, investigar y castigar a los delincuentes, con el concurso apropiado del Poder Judicial.
A los choros mafiosos de la corrupción administrativa, los juegos ilegales, los delitos económicos y el abuso de poder –pudrimillonarios, todos y todas- les espera la contundencia de la denuncia y la exigencia de castigo ejemplar, para coadyuvar a revertir la ominosa tendencia autodestructiva de esta hipertrofiada sociedad de cómplices.
Para mí, ese compromiso es indeclinable. Lo juro, ante mis hijos, el país y el gremio periodístico venezolano. A mis fuentes: ¡confianza y firmeza! La lucha continúa.
EL CONFESIONARIO
*WALID MAKLED es, según la acusación fiscal, un capo narcotraficante, corruptor de funcionarios civiles y militares, y asesino mediante sicariato de dos venezolanos útiles y apreciados por la comunidad: Rafael Larrazábal, veterinario de amplia experiencia, y Orel Zambrano, abogado, profesor universitario y columnista del diario Noti-Tarde de Valencia, estado Carabobo. Punto número uno.
Aunque de Perogrullo, enfatizo la magnitud y maldad infinita de este reo de la justicia venezolana, apresado en Colombia y también requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico internacional y concretamente por haber introducido en ese país norteño ocho toneladas de cocaína, desde Venezuela, previamente importada desde Colombia.
La sociedad venezolana está “patas pa’rriba”. Malandros y malandras son “iguales” que los ciudadanos y ciudadanas de correcto proceder; los bandidos y corruptos, igual que la gente decente y honesta; y los irresponsables, igual que quienes cumplen cotidiana y persistentemente con sus obligaciones personales, profesionales, laborales y ciudadanas. Para algunos, Makled y su banda son especie de niños de pecho, cuyos gravísimos delitos pudieran ser minimizados a la hora de culpar y estigmatizar al gobierno nacional y al presidente Hugo Chávez. Juego malévolo que no da dividendos políticos, aunque la resonancia mediática les sugiera algo distinto.
La pudrición en el mundo político venezolano es amplia y profunda, diversa, multicolor y nauseabunda. Es la corrupción el principal caldo de cultivo para el nacimiento, desarrollo y consolidación de mafias de todo tipo, principalmente las jalonadas por la codicia y el hedonismo desenfrenados, que algunos (y algunas) muestran patológicamente, llegando a involucrar familias enteras. La banda de los Makled es un caso relevante, pero hay muchas otras, como tanto se ha denunciado: gobernantes y funcionarios nacionales, regionales y municipales, parlamentarios, militares activos y retirados, a quienes llamo “pudrimillonarios” y “pudrimillonarias”.
La perversión llega hasta el Presidente de la República, quien ve corruptos por todas partes (en el campo opositor) menos en su gobierno, su partido y la vasta red de testaferros que su “chavismo” ha tejido durante esta larga década perdida. Los corruptos chavistas son tan asquerosos como los corruptos opositores, utilizan los mismos mecanismos y en algunos casos a los mismos testaferros y bregadores de coimas, igual que los narcotraficantes.
Igual ocurre con cierta dirigencia opositora, que sin verse sus espléndidos rabos de paja en la materia, acusan a los corruptos chavistas, mientras se dedican al lamebotismo de cualquier choro con real salido del gobierno y al encubrimiento de los desfalcadores del erario que militan en sus propias filas.
Walid Makled no es una individualidad, desde el punto de vista mafioso, aunque las imputaciones sean personalísimas e intransferibles. Él es cabeza de una vasta red que debe ser investigada profundamente y desarticulada hasta llevar a la justicia a todos y todas sus integrantes. Me refiero a sus cómplices necesarios, lo que el artículo 83 del Código Penal venezolano denomina “cooperador inmediato”.
Esos cómplices necesarios, tanto en el tráfico de drogas como en la corrupción de civiles y militares y el sicariato, deben ser alcanzados por la justicia. En esto tiene una inevadible responsabilidad constitucional, legal y moral la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, perseguidora penal de los delincuentes y acusadora exclusiva ante los tribunales de justicia. Cada vez que veo la imagen de Walid Makled en medios impresos, televisivos o electrónicos, me viene a la mente la cara de LOD; y junto a ella, la del presidente Hugo Chávez Frías, quien en este caso emblemático tiene la oportunidad de actuar ejemplarmente, como no lo ha hecho con la inmensa gama de corruptos y corruptas que han enervado su gobierno.
Desde el punto de vista moral, Chávez, Ortega Díaz (¡ay, Isaías!) y Clodosbaldo Russián (a quien deseo pronto restablecimiento de su cuadro de salud) están en deuda con la dignidad de Venezuela y la exigencia mayoritaria del pueblo venezolano en cuanto al castigo a los bandidos (cualesquiera sean los colores de sus cuellos de camisas) que han ensuciado el espíritu de la nación.
A Hugo Chávez y Luis Ortega Díaz les exijo decencia y transparencia en la correcta aplicación de la justicia; como a los tribunales, celeridad procesal. Esa pudrición de la banda de los Makled debe ser desmantelada y castigada, sin miramientos, sean civiles o militares.
· LA SEMANA PRÓXIMA retomo el formato habitual de mi columna. Disculpen la variación, la culpa es de los mafiosos.
manuelisidro21@gmail.com
Enfoques365.net
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