Nueva York—El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado la extradición de Walid Makled, un capo de la droga de Venezuela. La extradición de Colombia a Venezuela se llevará a cabo en las próximas semanas, sentando un precedente aterrador con consecuencias monumentales para Colombia, Venezuela y, especialmente, para los derechos humanos y la lucha contra la tortura.
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Venezuela quieren tener en sus manos a Makled, aunque por motivos completamente diferentes. Hugo Chávez está desesperado por cerrarle la boca a Makled, que tenía una operación de miles de millones de dólares de tráfico de drogas con base en Venezuela y, según él, su nómina incluye a altos funcionarios venezolanos, miembros de la familia Chávez, la cúpula militar y un ejército de burócratas de nivel medio. La extradición a los EE. UU. significaría que Makled enfrentaría un juicio con repercusiones internacionales y probablemente revelaría a Hugo Chávez como el Manuel Noriega del nuevo milenio.
Chávez está tan ansioso de agarrarse a Makled que se ha transformado de vecino impetuoso y beligerante a adulador del gobierno colombiano, tirando caramelos cuando puede. En su desesperación, el presidente venezolano ha hecho una oferta sin precedentes: pagar millones de dólares de la deuda pendiente con Colombia, restablecer y crear nuevos oleoductos a esta y procesar la extradición de los guerrilleros colombianos escondidos en Venezuela.
El impacto de este caso, pese a su importancia para la política regional, no es tan importante como el precedente histórico que sentaría si los países comienzan a extraditar presos a Venezuela, donde la tortura se utiliza a menudo en el trato de los reclusos.
El Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por el Estado colombiano el 10 de abril de 1985, aprobada por el Congreso de Colombia a través de la Ley No. 70 de 1986 y ratificada el 8 de diciembre de 1987, establece que ningún Estado procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Y, de hecho, existen muy buenas razones para creer que Makled podría ser torturado en Venezuela.
En el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la investigación de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que documentó que los oficiales de seguridad del Estado venezolano participaron en 145 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 1999 y principios del 2003. Desde entonces, el Estado venezolano impide el ingreso físico de la CIDH, y se presume que las condiciones han empeorado dramáticamente. Vamos a repetir este insólito detalle: el gobierno de Chávez le ha negado la entrada al organismo multilateral más importante del hemisferio en la defensa de los derechos humanos.
En el 2004, el defensor del Pueblo de Venezuela Germán Mundarain reconoció públicamente que las fuerzas de seguridad del gobierno chavista habían torturado a los manifestantes detenidos durante las protestas contra este. Esta caso, que causó conmoción internacional, hace eco de una situación denunciada en informes y quejas de organismos de derechos humanos y medios de prensa, que concluyen que la tortura es algo común en Venezuela. Pero no hay nada como la experiencia personal para confirmar estas afirmaciones. Desde el 2004, la Human Rights Foundation (HRF) ha publicado varios informes que establecen el uso de la tortura contra los opositores al gobierno de Chávez. Véanse, por ejemplo, los casos de Fuerte Mara y Humberto Quintero.
Algunos podrían argumentar que Makled no debe ser extraditado a los EE. UU. debido a que la tortura ha sido considerada legal allí, bajo ciertas circunstancias. Pero comparar el Estado de derecho en los EE. UU. Con el Estado de derecho en Venezuela sería absurdo. En EE. UU. el sistema judicial es independiente, el sistema de apelaciones está firme en su lugar y el país tiene una prensa libre y activa. En Venezuela las reglas del juego son diferentes: un juez puede ser encarcelado cuando al Presidente no le gusta su decisión, o se puede llegar a condenar a un trabajador por liderar una huelga pacífica en una empresa estatal. Sin mencionar la situación de los medios de comunicación que son clausurados (como RCTV); o los periodistas que son encarcelados (como Gustavo Azócar), asaltados (como Marta Colomina), o bien, perseguidos (por ejemplo, Alberto Federico Ravell).
Algunos dirán que son incidentes aislados. Pero, imagine la situación siguiente: el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos abre la sesión judicial cantando “¡Uh! ¡Ah! ¡Obama no se va!”. Vea este video para apreciar el coro de focas que representa el poder judicial venezolano.
Santos no debe extraditar a Makled a Venezuela. Al hacerlo, Colombia estaría violando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Además, mandar a este criminal a Venezuela confirmaría que los petrodólares de Chávez pueden comprar complicidad, lealtad y silencio.
Thor Halvorssen es presidente de la Human Rights Foundation y fundador del Oslo Freedom Forum. Pedro Pizano es el Coordinador de Medios de la Human Rights Foundation.
Lea el artículo original en El Tiempo aquí.
http://cifrasonline.com.ve/informecifras/?p=105971
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