Jesús Ollarves Irazábal, doctor en Derecho, grado que le confirió con honores la ilustre Universidad Central de Venezuela, ha obtenido otros títulos académicos entre los que cabe destacar la Especialización en Derecho y Política Internacionales y la Especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Ejerce la docencia como profesor de Derecho Penal, Derecho Internacional y Derechos Humanos, en cursos de pregrado y postgrado tanto en universidades nacionales como extranjeras. Es miembro del Comité Académico y Profesor en la Especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, ejerció la Magistratura Judicial como Juez Superior Penal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, hasta abril del 2008.
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Un debido proceso, involucra también el derecho a la verdad
El presunto narcotraficante Walid Makled ha solicitado comparecer ante el Parlamento para presentar “pruebas” de las acusaciones que ha hecho contra el Gobierno de Hugo Chávez, y así demostrar los presuntos vínculos con personajes del mundo militar y político.
Tal solicitud es aventurada e innecesaria pues la Asamblea Nacional no es el escenario idóneo. En este asunto sólo sería admisible su participación en el caso de que los organismos involucrados en la investigación y sanción de los hechos no cumplan con su función, y así el Parlamento desempeñe su función contralora de las otras ramas del Poder Público.
Las autoridades venezolanas tienen el deber de prevenir situaciones como las denunciadas por Makled, esto implica que el Estado debe adoptar medidas para que sus funcionarios no se vean implicados con el crimen organizado, y es en este aspecto en donde cobra especial vigencia la investigación y el enjuiciamiento de los responsables, que son reacciones que deben producirse en un Estado de Derecho y de justicia. Por ejemplo: un funcionario que tenga la intención de participar en un acto de corrupción vinculado a la delincuencia organizada o en la ejecución de un homicidio político dudará si tiene conocimiento que hechos similares cometidos por otros fueron descubiertos al ser investigados y que los responsables fueron procesados. Así las cosas, la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables forman parte del deber de la prevención. Estos deberes incumben tanto al Estado como a sus funcionarios.
Considerar la comparecencia de un presunto narcotraficante al Parlamento implicaría subvertir la naturaleza de este organismo cuya función primordial es la elaboración de las leyes, y ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, de lo contrario se correría el riesgo de politizar un asunto que en definitiva favorecería a los presuntos participes en los hechos delictivos, y se contribuiría a prostituir la naturaleza de las instituciones.
Es al Ministerio Público al que le corresponde dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales para establecer la identidad de sus autores y partícipes de los hechos denunciados por Makled. El incumplimiento de la obligación de investigar, procesar, juzgar y castigar a los autores de delitos graves se traduciría en denegación de justicia y, por tanto, en impunidad, entendida ésta última como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de graves delitos de trascendencia internacional.
Las altas autoridades del Estado de forma oficial deben demostrar su voluntad política, oponiéndose al crimen organizado y su relación con la política, y sus motivaciones deben estar orientadas a promover las acciones adecuadas y necesarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados. Tal circunstancia es de cardinal importancia, ya que la prevención del crimen organizado forma parte de la obligación del Estado de proteger los derechos de los ciudadanos, y la estabilidad del país. Esta obligación implica la responsabilidad tanto de las más altas autoridades del Estado como de los funcionarios de más bajo nivel.
No reprimir la comisión de los delitos más graves cometidos por los funcionarios públicos es la negación del Estado de Derecho, y genera una sensación de impunidad que hace percibir que los funcionarios estatales están por encima de la ley y no sometidos a ella, igual que el resto de los ciudadanos comunes. Es por ello que en los casos en que se ha denunciado la perpetración de delitos graves como los vinculados a Makled, las máximas autoridades deben declarar públicamente y sin ambages su oposición a esas prácticas, y no utilizarlo como bandera política.
Condenamos inequívocamente todos los delitos supuestamente ejecutados por Makled y su grupo estructurado. Se trata de actividades que destruyen los derechos humanos, las libertades fundamentales y, en general, el sistema democrático. Constituyen una amenaza para la seguridad del Estado, por las consecuencias que acarrea en perjuicio del desarrollo económico y social del país. En definitiva, el proceso y la sentencia que emita el tribunal que juzgue a Walid Makled deben ser compatibles con las reglas previstas en el Derecho internacional de los derechos humanos, cuya observancia permitirá el triunfo de la justicia y evitará inducir al Estado en una situación de responsabilidad internacional.
Un debido proceso (y he aquí la gran prueba de fuego para el sistema de administración de justicia venezolano) involucra también el derecho a la verdad. En términos prácticos, los órganos jurisdiccionales deben ofrecer a Makled, al resto de los involucrados en sus acciones supuestamente delictivas, y a la sociedad en general (por la dimensión colectiva del derecho a la verdad) resultados convincentes sobre: lo que se hizo, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Esta tarea le compete al Ministerio Público y al Poder judicial, no a la Asamblea Nacional.
Si, en efecto, el caso Makled implica crímenes vinculados a la delincuencia organizada internacional, el proceso penal también debe surtir una reparación integral, lo cual significa garantías de no repetición. En términos prácticos, que no se vuelva a hacer.
http://www.codigovenezuela.com/2011/04/opinion/jesus-ollarves/el-derecho-a-la-verdad-en-el-caso-walid-makled
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