En la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior acordó iniciar nuevamente investigaciones contra el Gral. Felipe Rodríguez, por presunta participación en el asesinato de cuatro personas en 2003.
A Rodríguez le fue otorgado régimen abierto en fecha reciente, tiene prohibido el porte de arma, manejo de explosivos así como hablar de su caso. Tiene una condena de 10 años de prisión por los atentados terroristas efectuados contra la embajada de España y el consulado de Colombia en 2003, en un juicio plagado de irregularidades desde su inicio como por ejemplo el secuestrado en esa oportunidad del Ing. Silvio Mérida por funcionarios desconocidos de organismos policiales o militares y las torturas de las que fue objeto en presencia de fiscales del Ministerio Público, para lograr una confesión forzada. Mérida y Raúl Díaz Peña tambien fueron condenados por este caso, el primero obtuvo su libertad el mismo día que Felipe Rodríguez y Díaz Peña se encuentra en Estados Unidos en espera de su asilo político.
A Rodríguez le fue otorgado régimen abierto en fecha reciente, tiene prohibido el porte de arma, manejo de explosivos así como hablar de su caso. Tiene una condena de 10 años de prisión por los atentados terroristas efectuados contra la embajada de España y el consulado de Colombia en 2003, en un juicio plagado de irregularidades desde su inicio como por ejemplo el secuestrado en esa oportunidad del Ing. Silvio Mérida por funcionarios desconocidos de organismos policiales o militares y las torturas de las que fue objeto en presencia de fiscales del Ministerio Público, para lograr una confesión forzada. Mérida y Raúl Díaz Peña tambien fueron condenados por este caso, el primero obtuvo su libertad el mismo día que Felipe Rodríguez y Díaz Peña se encuentra en Estados Unidos en espera de su asilo político.
La diputada Iris Varela vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, manifestó su molestia por el beneficio concedido a Rodríguez y planteó retomar la averiguación de las muertes de los soldados Ángel Salas, Darwin Argüello y Félix Pinto, y de la joven Zaida Peroso. En su oportunidad los procesados por este caso denunciaron haber sido torturados tambien por funcionarios de los organismos de seguridad del estado.
FUNDEPRO
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