WASHINGTON, 29 marzo 2011 (AFP) - Expertos en derecho venezolanos denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el "golpe de Estado" que habría significado la ley que habilitó al presidente Hugo Chávez a legislar por decreto y otras leyes aprobadas por el pasado Parlamento.
Los abogados pidieron a la CIDH revisar esas leyes y determinar si son "compatibles" con la Convención Americana de los Derechos Humanos, en una acalorada audiencia en la CIDH donde representantes del gobierno venezolano defendieron las normativas y fustigaron a la Comisión.
"Podemos hablar de un golpe de Estado: la perversión de la utilización de los fines de los poderes del Estado para destruir la Constitución. Esto fue lo que ocurrió en Venezuela con el paquete de leyes aprobado, incluida la ley habilitante", señaló Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas.
La ley que habilita a legislar a Chávez hasta mediados de 2012 y el otro grupo de leyes, que la oposición critica, fueron aprobadas por el Parlamento en maratónicas sesiones poco antes de la entrada en funciones en enero pasado de un nuevo Legislativo, sin amplia mayoría chavista.
Los juristas afirmaron que las leyes imponen "por la vía de la perversión legislativa" un régimen político "radical", que fue rechazado por los venezolanos en un referendo sobre una reforma constitucional en 2007.
"Ahí hubo una conspiración y trajeron a los parlamentarios como al redil, para que votaran por eso a ciegas, sin discutir", dijo Nikken.
Afirmó que los juristas buscan con su denuncia más allá de un "resultado concreto", "llamar la atención de la comunidad internacional" sobre la violación de la Convención Americana en Venezuela.
"Se requiere de cierto grado de solidaridad internacional para evitar que las cosas se agraven", agregó.
El diputado Carlos Escarrá, directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Chávez, defendió las leyes aprobadas por el Parlamento, las cuales, a su juicio, estuvieron apegadas a la Constitución.
Escarrá defendió el proyecto político de Chávez: "¿Se dice que es un proyecto radical? Es un proyecto de país y lo sostendremos sin declinar en un milímetro".
La constitucionalidad de las leyes debe ser determinada por el Tribunal Supremo venezolano y no dilucidado en instancias internacionales, dijo por su parte Germán Saltrón, representante del Estado venezolano para la CIDH.
La CIDH, que solicita infructuosamente desde hace varios años visitar Venezuela, ya había manifestado su preocupación por las polémicas leyes.
El gobierno de Chávez se niega a otorgarle el permiso necesario a la CIDH para realizar una vista porque alega que la Comisión y en específico su secretario general, Santiago Canton, reconoció al breve gobierno de facto que se instauró durante el golpe de Estado contra Chávez en 2002.
La CIDH no tiene "credibilidad en lo absoluto", señaló el diputado Escarrá en un encuentro previo con periodistas.
En otra de las cinco audiencias que la CIDH sostuvo este martes sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, esposas de personas que la oposición dice son presos políticos, denunciaron violaciones a los derechos humanos de los detenidos y las condiciones precarias en las que estarían.
"En virtud de la ausencia total de respuesta en las instancias venezolanas", la CIDH debe reconocer la existencia de 27 presos políticos en Venezuela y exigir al gobierno que cese en la violación de sus derechos, dijo Tahiani de Gómez, esposa del general Delfín Gómez, preso desde 2006.
Escarrá afirmó que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos que están presos por delitos comunes "y como delitos comunes debemos tratarlos".
Los abogados pidieron a la CIDH revisar esas leyes y determinar si son "compatibles" con la Convención Americana de los Derechos Humanos, en una acalorada audiencia en la CIDH donde representantes del gobierno venezolano defendieron las normativas y fustigaron a la Comisión.
"Podemos hablar de un golpe de Estado: la perversión de la utilización de los fines de los poderes del Estado para destruir la Constitución. Esto fue lo que ocurrió en Venezuela con el paquete de leyes aprobado, incluida la ley habilitante", señaló Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas.
La ley que habilita a legislar a Chávez hasta mediados de 2012 y el otro grupo de leyes, que la oposición critica, fueron aprobadas por el Parlamento en maratónicas sesiones poco antes de la entrada en funciones en enero pasado de un nuevo Legislativo, sin amplia mayoría chavista.
Los juristas afirmaron que las leyes imponen "por la vía de la perversión legislativa" un régimen político "radical", que fue rechazado por los venezolanos en un referendo sobre una reforma constitucional en 2007.
"Ahí hubo una conspiración y trajeron a los parlamentarios como al redil, para que votaran por eso a ciegas, sin discutir", dijo Nikken.
Afirmó que los juristas buscan con su denuncia más allá de un "resultado concreto", "llamar la atención de la comunidad internacional" sobre la violación de la Convención Americana en Venezuela.
"Se requiere de cierto grado de solidaridad internacional para evitar que las cosas se agraven", agregó.
El diputado Carlos Escarrá, directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Chávez, defendió las leyes aprobadas por el Parlamento, las cuales, a su juicio, estuvieron apegadas a la Constitución.
Escarrá defendió el proyecto político de Chávez: "¿Se dice que es un proyecto radical? Es un proyecto de país y lo sostendremos sin declinar en un milímetro".
La constitucionalidad de las leyes debe ser determinada por el Tribunal Supremo venezolano y no dilucidado en instancias internacionales, dijo por su parte Germán Saltrón, representante del Estado venezolano para la CIDH.
La CIDH, que solicita infructuosamente desde hace varios años visitar Venezuela, ya había manifestado su preocupación por las polémicas leyes.
El gobierno de Chávez se niega a otorgarle el permiso necesario a la CIDH para realizar una vista porque alega que la Comisión y en específico su secretario general, Santiago Canton, reconoció al breve gobierno de facto que se instauró durante el golpe de Estado contra Chávez en 2002.
La CIDH no tiene "credibilidad en lo absoluto", señaló el diputado Escarrá en un encuentro previo con periodistas.
En otra de las cinco audiencias que la CIDH sostuvo este martes sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, esposas de personas que la oposición dice son presos políticos, denunciaron violaciones a los derechos humanos de los detenidos y las condiciones precarias en las que estarían.
"En virtud de la ausencia total de respuesta en las instancias venezolanas", la CIDH debe reconocer la existencia de 27 presos políticos en Venezuela y exigir al gobierno que cese en la violación de sus derechos, dijo Tahiani de Gómez, esposa del general Delfín Gómez, preso desde 2006.
Escarrá afirmó que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos que están presos por delitos comunes "y como delitos comunes debemos tratarlos".
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario