Edificios de Chacao y Los Palos Grandes | Jonathan Manzano
La reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, pendiente desde 2007, volvió a ser tema de debate cuando el presidente Hugo Chávez habló de buscar mecanismos para que los inquilinos que llevan muchos años ocupando una vivienda se conviertan en propietarios. Las propuestas expuestas desde entonces, sin embargo, generan temor en el sector.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, propuso que los alquileres pagados sean considerados como la cuota inicial de la transacción. Darío Vivas, vicepresidente del Parlamento, planteó revisar los contratos de arrendamiento y prohibir los desalojos forzosos.
La decisión del gobernador de Aragua, Rafael Isea, de expropiar un edificio porque los inquilinos pagaban alquileres elevados acrecentó la preocupación de dueños de viviendas y corredores inmobiliarios, quienes temen que las reformas propuestas acentúen la caída experimentada por el mercado de alquiler en los últimos años.
Apiur, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, advirtió que la oferta de alquiler desaparecerá si las autoridades prohíben el desalojo de inquilinos y fuerzan la venta de viviendas alquiladas desde hace más de 20 años.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, coincidió en que la ejecución de esas medidas acabará con el mercado de alquiler. "Imagínate alguien que compró una vivienda para cuando su hijo se case, la arrienda mientras eso pasa y después no puede sacar al inquilino".
Historia de desestímulo. A Martini le parece contradictorio que voceros del Gobierno hablen de fomentar la construcción de inmuebles para alquilar, como alternativa para resolver el déficit de vivienda, cuando en la Asamblea Nacional se plantean cambios legales que atentan contra esa posibilidad.
Recuerda, sin embargo, que el gobierno de Chávez no es el único que ha limitado el arrendamiento. "El problema empezó cuando el presidente Rafael Caldera, en 1969, controló el valor de los alquileres.
Desde entonces, se han aprobado leyes y regulaciones que sólo contribuyen a contraer el mercado".
En la última década, la oferta de viviendas para arrendar se redujo de 40% a 6%. La congelación de los alquileres desde hace 7 años, además de la inseguridad jurídica y las expropiaciones promovidas por el Gobierno han contribuido con esa caída, según Aquiles Martini.
Trabajo perdido. La diputada Laura Valls, integrante de la Subcomisión de Vivienda, considera que las propuestas de sus pares parlamentarios no tienen relación alguna con el proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que esa instancia presentó en 2009.
Recordó que la legislación elaborada por la Subcomisión de Vivienda, después de trabajar durante dos años y consultar a todos los sectores involucrados en el mercado de alquileres, beneficia a propietarios e inquilinos al establecer un procedimiento más claro y ágil para resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas partes.
Valls lamentó que ni Vivas ni la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, que asumirá el tema, se hayan reunido con quienes trabajaron en el proyecto para intercambiar ideas. Por eso teme que la propuesta no sea tomada en cuenta.
La reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, pendiente desde 2007, volvió a ser tema de debate cuando el presidente Hugo Chávez habló de buscar mecanismos para que los inquilinos que llevan muchos años ocupando una vivienda se conviertan en propietarios. Las propuestas expuestas desde entonces, sin embargo, generan temor en el sector.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, propuso que los alquileres pagados sean considerados como la cuota inicial de la transacción. Darío Vivas, vicepresidente del Parlamento, planteó revisar los contratos de arrendamiento y prohibir los desalojos forzosos.
La decisión del gobernador de Aragua, Rafael Isea, de expropiar un edificio porque los inquilinos pagaban alquileres elevados acrecentó la preocupación de dueños de viviendas y corredores inmobiliarios, quienes temen que las reformas propuestas acentúen la caída experimentada por el mercado de alquiler en los últimos años.
Apiur, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, advirtió que la oferta de alquiler desaparecerá si las autoridades prohíben el desalojo de inquilinos y fuerzan la venta de viviendas alquiladas desde hace más de 20 años.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, coincidió en que la ejecución de esas medidas acabará con el mercado de alquiler. "Imagínate alguien que compró una vivienda para cuando su hijo se case, la arrienda mientras eso pasa y después no puede sacar al inquilino".
Historia de desestímulo. A Martini le parece contradictorio que voceros del Gobierno hablen de fomentar la construcción de inmuebles para alquilar, como alternativa para resolver el déficit de vivienda, cuando en la Asamblea Nacional se plantean cambios legales que atentan contra esa posibilidad.
Recuerda, sin embargo, que el gobierno de Chávez no es el único que ha limitado el arrendamiento. "El problema empezó cuando el presidente Rafael Caldera, en 1969, controló el valor de los alquileres.
Desde entonces, se han aprobado leyes y regulaciones que sólo contribuyen a contraer el mercado".
En la última década, la oferta de viviendas para arrendar se redujo de 40% a 6%. La congelación de los alquileres desde hace 7 años, además de la inseguridad jurídica y las expropiaciones promovidas por el Gobierno han contribuido con esa caída, según Aquiles Martini.
Trabajo perdido. La diputada Laura Valls, integrante de la Subcomisión de Vivienda, considera que las propuestas de sus pares parlamentarios no tienen relación alguna con el proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que esa instancia presentó en 2009.
Recordó que la legislación elaborada por la Subcomisión de Vivienda, después de trabajar durante dos años y consultar a todos los sectores involucrados en el mercado de alquileres, beneficia a propietarios e inquilinos al establecer un procedimiento más claro y ágil para resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas partes.
Valls lamentó que ni Vivas ni la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, que asumirá el tema, se hayan reunido con quienes trabajaron en el proyecto para intercambiar ideas. Por eso teme que la propuesta no sea tomada en cuenta.
Fuente: Venezuela Primero
