Helene Villalonga, Amavex.org
MIAMI (infoCIUDADANO)
Recientemente, a raíz de la brutal arremetida del gobierno venezolano, con Hugo Chávez a la cabeza, en contra de empresarios, opositores, medios de comunicación, agricultores, ganaderos, productores y en general, a todos aquellos que representan la oposición política al régimen bolivariano, ha vuelto a salir a la palestra el tema del posible sometimiento de Hugo Chávez y algunos de sus más eficaces colaboradores, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Y quien ha colocado el tema sobre la mesa ha sido el embajador Diego Arría, justamente el representante internacional venezolano que más altos cargos ha ejercido en la comunidad internacional en los últimos 50 años. Desde embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas hasta Presidente del Consejo de Seguridad del mismo organismo, y mas recientemente, asesor del Sr. Kofi Annan, en su paso como Secretario General de la ONU.
Pero probablemente lo que más incomoda al régimen es el papel que jugó el embajador Arria, como testigo en el proceso del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, seguido contra Slobodan Milósevic por los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio que se le imputaban.
Para quienes venimos marcando el mismo camino desde hace varios años, las recientes y persistentes denuncias del Dr. Arria no sólo nos reconfortan, sino que nos reafirman en los criterios que hemos venido manteniendo ante la opinión pública nacional e internacional.
Para ratificar lo dicho por Arria y lo sostenido en la Campaña Internacional Juzgar a Chávez, vamos a precisar algunos puntos de mero derecho que influyen de manera determinante en nuestra posición:
La existencia de crímenes de lesa humanidad
En primer lugar, debemos precisar que, efectivamente, Hugo Chávez y sus colaboradores han incurrido en delitos contemplados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad.
En tal sentido, es necesario recordar que haber desarrollado una política de Estado de persecución sistemática y generalizada contra la oposición, que ha incluido asesinatos, heridos con gravísimas lesiones, tortura, violaciones, detenciones ilegítimas, perseguidos, desplazados y desaparecidos, durante mas de diez años consecutivos, es evidentemente, un crimen de lesa humanidad en toda regla.
En esta dirección se ha orientado la doctrina que inspiró la Corte Penal Internacional, que aunque es un órgano jurisdiccional de reciente creación y con la ambiciosa pretensión de convertirse en tribunal penal universal. Dicha Corte va dando pasos agigantados hacia el fin de la impunidad que ampara a aquellos que desde sus altos cargos comenten estos gravísimos crímenes contra vastos sectores de la población, aún para aquellos que los disfrazan de pseudo revoluciones bolivarianas.
En el caso de Hugo Chávez, y aquí coincidimos plenamente con el embajador Arria, no será necesario ni siquiera demostrar su participación en los hechos criminales, ni su colaboración para que estos se cometieran, aunque sabemos que ambas han existido.
Bastará demostrar cómo el Sr. Hugo Chávez ha instigado el odio entre los venezolanos, dirigido contra una parte de la población, a la que ha calificado como “escuálidos” u “oligarcas”, contra quienes ha vertido amenazas constantes, e incluso ha alentado a sus correligionarios a utilizar la violencia contra ellos. Para demostrar que ha sido el propulsor de dichos crímenes, muchos de los cuales además, han sido cometidos por sus bandas armadas, grupos para policiales, círculos bolivarianos, milicias y en algunos casos sus propias Fuerzas Armadas, los programas “Aló Presidente” y las cadenas presidenciales serán de gran ayuda.
Este tipo de delitos tiene como sello particular su imprescriptibilidad, lo que permite mantener sobre los culpables la espada de Damocles que implica tener este tipo de cuentas pendientes con la justicia universal.
Si hasta ahora lo ocurrido en Venezuela al criterio de quienes revisan nuestras denuncias, no alcanza la mayor gravedad que se amerita para recibir la calificación del tipo penal establecido en el Estatuto de Roma, no es menos cierto que este criterio puede cambiar y se amplíe la cobertura de protección a los derechos humanos de cientos de pueblos que sufren este tipo de violaciones.
Pero donde si no hay duda alguna de que se han cometido atroces crímenes de lesa humanidad, es en los crímenes cometidos por las FARC contra el pueblo colombiano y así lo ha sostenido expresamente el propio Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sr. Luis Moreno Ocampo.
Los asesinatos, los ataques contra la población civil, el secuestro, la tortura, la utilización de niños para la guerra, las violaciones, los actos terroristas, los mutilados, las condiciones infrahumanas y de esclavitud a las que han sometido a los secuestrados, son aún peores que las de los campos de concentración conocidos hasta ahora, y forman parte de un gigantesco record criminal difícil de superar.
Y es aquí en donde de nuevo la responsabilidad criminal de Hugo Chávez se ve seriamente comprometida, pues en la comunidad internacional para nadie es ya un secreto su apoyo a esta y otras organizaciones terroristas. Es conocido que colabora con ellas al financiar actividades delictivas, suministrar armas y explosivos, permitir su presencia en territorio venezolano y facilitar sus actividades de entrenamiento e intercambio.
Existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una investigación de carácter preliminar, denominada “Aliados externos de las FARC”, en la que se maneja la información extraída de los ordenadores incautados al guerrillero Raúl Reyes, y donde la figura del jefe de estado venezolano resplandece constantemente.
Esta investigación se activó luego de la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), el 17 de marzo de 2008 y cuenta con el respaldo de la Campaña Internacional Juzgar a Chávez, integrada por más de 60 organizaciones no gubernamentales de diferentes países. Le veremos resultados.
La aludida inmunidad de Hugo Chávez
Nuestro trabajo ha tenido como objetivo la lucha por la defensa de los derechos humanos de las víctimas de quienes detentando altos cargos y poder, pretenden refugiarse en ellos para alcanzar la impunidad.
Es decir, que además de la conducta criminal que despliegan, pretenden refugiarse de manera repugnante en la condición o cargo oficial que en algunos casos proporciona inmunidades de jurisdicción para eludir justamente eso, la acción de la justicia.
La comunidad internacional ha reaccionado contra esta aberración y la ha resuelto al incorporar al Estatuto de Roma el artículo 27. Éste anula cualquier posibilidad de oponer la condición o cargo oficial, incluido el de jefe de estado, para tratar de eludir la acción de la justicia internacional en este tipo de crímenes, y recoge lo que ya era una constante en los diferentes tribunales internacional ad hoc que se habían creado hasta la fecha.
En tal sentido, todos los jefes de estado y funcionarios con privilegios de inmunidad internacional, de los estados parte, que son aquellos que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, están sujetos y obligados por esta disposición.
Por tal motivo, son equívocas las afirmaciones de que la condición de jefe de estado puede librar a Chávez de la actuación de la CPI. Todo lo contrario, será justamente su prominente figura y el rol que ha hecho de ella los que facilitarán su condena.
Ya la Corte Penal Internacional dictó una orden de captura contra un jefe de estado en activo, el Señor Omar Al Bashir, presidente de Sudán, y eso que Sudán no es estado parte del Estatuto de Roma.
Sólo para estos casos es que se pauta lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto cuando se regula la Cooperación Internacional, pues tratándose de estados que no son parte del Tratado de Roma, ante ellos hay que agotar las previsiones que sobre el tema de la inmunidad de los altos cargos previene el Derecho Internacional.
Pero en el caso de los jefes de estado y altos funcionarios de estados parte del Estatuto de Roma, su inmunidad ante los posibles crímenes tipificados en el Estatuto, queda eliminada por lo dispuesto en el señalado artículo 27, es decir no existe inmunidad alguna que les ampare.
Poco o nada tiene que ver en este supuesto, la decisión de la Corte Internacional de Justicia en la resolución del llamado Caso Yerodia, que dio la razón al Congo frente a Bélgica por la orden de captura del 11 de abril del 2000 contra su Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Yerodia Abdoulaye Ndonbasi. Aquí nos encontramos en una jurisdicción supranacional, que ha sido aceptada por los Estados parte.
Finalmente, debemos referirnos al carácter complementario de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
En efecto, esta sólo se activará cuando sea fehaciente que el orden jurídico nacional no haya investigado el asunto en cuestión, bien por incapacidad de su sistema judicial, bien porque no esté dispuesto a investigarlo, o porque aunque lo haya hecho, las decisiones se hayan adoptado con el propósito de sustraer a los verdaderos responsables de la acción de la justicia.
Y es esto justamente lo que hasta ahora ha ocurrido en Venezuela, donde no se ha abierto ni una sola investigación después de las múltiples denuncias presentadas contra el jefe de estado, y peor aún, en diferentes hechos criminales en los que están comprometidos penalmente miembros de las organizaciones criminales financiadas, organizadas y dirigidas por el gobierno. Los culpables han sido sustraídos de la acción de la justicia, y eluden de esta forma sus responsabilidades penales. Sólo esto debería dar pie a que se iniciara el procedimiento en la CPI.
Pero es que el problema de Hugo Chávez se amplía a otras jurisdicciones nacionales. En Colombia por ejemplo, se investiga el caso de las alianzas externas de las FARC y ya han sido dictadas algunas medidas contra parlamentarios, incluidos algunos no colombianos. En España está abierto un sumario en idéntico sentido y hay otro, el que lleva el Magistrado Eloy Velasco, que investiga la trama de colaboración y cooperación ETA-FARC para realizar entrenamientos e intercambios en territorio venezolano.
Algunas de estas jurisdicciones han realizado investigaciones paralelas respecto de los aliados externos de las FARC. Estas jurisdicciones nacionales, de aparecer implicado el jefe de estado venezolano en las investigaciones, no tendrán otra vía que declinar su competencia a favor de la CPI.
En tal caso, el camino hacia la captura de Chávez y los demás imputados pasará o bien por la cooperación internacional de los estados parte, o por la acción de sus connacionales, cubanos aparte.
Por tal motivo, no tendrá nada de raro que en algún momento, se active esta jurisdicción complementaria de la CPI sobre Venezuela. Han ocurrido muchas cosas oscuras, crímenes gravísimos sin castigo, y hombres que creyéndose intocables por el poder que detentan, actúan impunemente.
La idea de que Chávez no pueda ser juzgado en La Haya que defienden algunos se desvanece día a día. Cada vez vemos como el futuro de un jefe de estado, que ha tenido el mayor poder y la mayor cantidad de recursos disponibles en toda la historia de Venezuela, se acerca vertiginosamente a los fríos calabozos de La Haya.
Diego Arria tiene mucha razón, es cuestión de saber esperar.
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