CARTA DIRIGIDA A LA CRUZ ROJA POR EL PARTIDO VOLUNTAD POPULAR

Caracas, 01 de junio de 2010

Señores 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Caracas

Nosotros, los abajo firmantes, en estado de angustia extrema ante la descomposición institucional que vive la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), por el abierto desconocimiento por parte de los Poderes Públicos de la Constitución y los derechos y garantías que en ella se consagran a favor de los ciudadanos, hacemos un llamado de auxilio a ese Comité para que actúe preventivamente ante lo que se avizora como un posible conflicto civil o civil militar, entre ciudadanos inermes; las Fuerzas Armadas de la Nación y/o los cuerpos de milicias al servicio de la parcialidad política actualmente en el gobierno. 

Nuestro temor está bien fundado pues es un hecho comunicacional notorio que el eslogan político del partido de Gobierno, repetido ad nauseam por el Presidente de la República, es "Patria, socialismo o muerte", o su nueva versión, "Patria Socialista o muerte". Es OBVIO que tal eslogan contiene una explícita llamada a la violencia contra todo aquél que no comulgue con la idea de una "patria socialista", idea que no está expresada en ninguna parte en la Constitución venezolana vigente.

Si a lo anterior se une el hecho de que ha sido creado un nuevo componente de la Fuerza Armada nacional, las milicias, como cuerpo armado al servicio directo de la Presidencia de la República (Artículo 43 del Decreto-Ley de Fuerza Armada Bolivariana); que se prevé "legalmente" la inclusión de milicianos dentro de estructuras comunitarias supuestamente ideadas para la participación democrática libre (Artículo 46.12 del Decreto-Ley de Fuerza Armada Bolivariana); que existen militares activos inscritos en las filas del partido de gobierno, situación que representa una violación al artículo 328 de la CRBV (recientemente denunciada por otra reconocida ONG, Control Ciudadano http://www.derechos.org.ve/destacados/rocio-san-miguel) y que hasta se ha dado la reclusión forzosa en una Institución Militar de un ciudadano civil en situación de huelga de hambre, en protesta por derechos constitucionales (ciudadano Franklin José Brito Rodríguez, Cédula de Identidad N° 5.900.639), quien está a punto de fallecer recluido en ese centro en contra de su voluntad y la de sus familiares, son más datos que justifican nuestra necesidad de acudir ante ese organismo a plantearle la necesidad de su urgente intervención para que el Gobierno nacional cese en su intento de provocar la violencia contra la población civil inerme. 

Por lo demás, no puede ser pasado por alto que a lo anterior se une el uso abierto de la violencia política, representada no necesariamente en agresiones físicas, sino en mecanismos más sutiles pero igualmente nocivos para la convivencia en paz, tales como las inhabilitaciones de posibles candidatos opositores al partido de Gobierno, mediante fórmulas que violentan los artículos 42 y 65 de la CRBV (y que ya suman más de 305 casos, de los cuales el 80% son de opositores. buscar un link donde se hable de este número. Lo dije de memoria); el retiro de la inmunidad parlamentaria a diputados electos, sin que medie el procedimiento constitucional (http://www.eluniversal.com/2010/03/26/pol_ava_acuerdan-eliminar-in_26A3654731.shtml); la coerción ejercida en empleados públicos para que violen el Artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción, pues son obligados a vestir de color rojo (color del partido de Gobierno) y a usar eslogan políticos del gobierno y en el creciente número de detenidos por expresar opiniones políticas, como es el emblemático caso del Dr. Oswaldo Lavares Paz, sin dejar de un lado otros muchos casos de presos por razones políticas.
Adicionalmente, ya son comunes los arrebatos de propiedades privadas por parte de las fuerzas públicas, sin que medie juicio previo y justa indemnización, como ordena el Artículo 115 de la CRBV. Según el trabajo de dos prestigiosas organizaciones no gubernamentales del país (CEDICE y Liderazgo y Visión:www.liderazgoyvision.org) los casos de francos arrebatos de propiedades privadas, sin esas garantías, ya ascienden a por lo menos 762 (número de los casos documentados).

Para concluir, existe una absoluta indeferencia del Estado venezolano respecto de la situación de las cárceles, lo cual hasta hace poco mantuvo a 15 penitenciarías del país (Rodeo II, La Planta, Tocorón, PGV, Los Teques, Yare y Uribana, entre otras) en huelga de hambre, en protesta por el retardo procesal, los reiterados maltratos y hasta asesinatos (lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a "lamentar profundamente la muerte violenta de varios internos en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I en Caracas"), hechos denunciados por varias ONG, entre ellas, Observatorio Venezolano de Prisiones (http://www.ovprisiones.org). Por otro lado, las fuerzas del orden público no ponen control al hampa, lo que se corrobora con sólo mencionar que este último fin de semana (según cifras extraoficiales), ingresaron 52 cadáveres a la Morgue de Bello Monte, mientras que el ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, declara que los homicidios se han reducido 60% (http://www.noticierodigital.com/2010/03). 

Todos estos son signos evidentísimos de una sociedad que está sumida irremediablemente en una gran violencia, sin duda debido al discurso incendiario de sus dirigentes, quienes constantemente promueven el odio fratricida entre venezolanos, pero principalmente porque se carece de Instituciones capaces de mantener el orden constitucional.

El Derecho Internacional Humanitario, a estas alturas del Siglo XXI, debería funcionar con toda su fuerza, aún de manera PREVENTIVA. No es justo que naciones enteras sean condenadas a sufrir baños de sangre por el hecho de que amenazas tan claras a la paz civil, como las aquí descritas y plenamente comprobables, deban llegar a concretarse para que se actúe. Ese Comité Internacional de la Cruz Roja tiene frente de sí el reto histórico de avocarse a detener un inminente conflicto armado en el caso de Venezuela. Estamos seguros de que algo debe poder hacer.

Queremos reforzar nuestra idea de que el origen de todos los males relatados está en el desconocimiento absoluto del texto Constitucional vigente y en la pretensión de aplicar un proyecto político que se le consultó al pueblo de Venezuela en el año 2007, a través de una propuesta de "Reforma Constitucional", y que fue rechazado, proyecto que es absolutamente ajeno al texto Constitucional vigente y hasta a nuestra tradición democrática republicana.

 Para hacer nuestra solicitud nos hemos inspirado en oraciones que se pueden leer en la página web de ese organismo, como las que siguen:"El desconocimiento del derecho es el enemigo de su aplicación". "También les recuerda (a los Estados) que han de tomar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación efectiva, es decir, su respeto" . "La educación para la paz no consiste ante todo en deslegitimar la violencia, sino en legitimar el Estado de Derecho, sus instituciones y su Constitución" , Mayo, 2010. 

Y también nos inspiró grandemente el pensamiento del gran filósofo español, Fernando Savater, quien con muchísima sabiduría ha dicho:

Atentamente,

En espera de prontas acciones preventivas, por parte de ese Comité Internacional de la Cruz Roja, ante la inminencia de un conflicto armado en Venezuela, nos despedimos,


http://www.fundepro.com.ve/fundepro/index.php?option=com_content&view=article&id=314:carta-dirigida-a-la-cruz-roja-por-el-partido-voluntad-popular