Parece haber pasado por debajo de la mesa. El decreto de emergencia dictado por el presidente Chávez constituye el primer estado de excepción promulgado formalmente en diez años de vigencia de la Constitución. No es poca cosa. Ni el deslave de Vargas en 1999 pudo activar un acto jurídico semejante. Era inadmisible entonces poner en vigor una nueva Constitución con garantías constitucionales suspendidas, tal como ocurrió por cierto con la de 1961.
Ha transcurrido más de una década de gestión de gobierno, sin embargo debe reclamarse: La crisis eléctrica era previsible hace ocho años. Así lo advirtieron trabajos del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) y otros advisers del sistema político venezolano, incluidos los que forman parte de la burocracia con competencia sobre el sector eléctrico nacional. Mal puede considerarse entonces una emergencia. Una de dos: por corrupción o incapacidad, debe sancionarse política y judicialmente a los responsables.
La tragedia que se nos viene encima es grave. Sabe el gobierno que vivimos tiempos difíciles. Y esa es fundamentalmente la razón de haber dictado un Estado de Excepción. Un decreto que pondrá en manos del gobierno la posibilidad de suspender garantías cuando estalle la indignación de la gente en todo el país por el colapso eléctrico nacional.
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