Unos 200 militares han pasado por altos cargos en el Gobierno
Caracas, octubre 10 (José Gregorio Martínez).- La recién aprobada reforma a la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue generando polémica. Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, aseguró ayer que la organización que se le da a la milicia la convierte en un cuerpo paramilitar que aglutinará a todos los grupos armados irregulares que han venido operando en el país.
"La Milicia Nacional Bolivariana significa el último reducto de un cuerpo paramilitar que va a permitir la aglutinación de todos los cuerpos diversos al margen de la ley que se encuentran funcionando en el Estado en este momento. La Milicia Nacional Bolivariana, muy lamentablemente, puede llegar a abrazar a los colectivos sociales que han exhibido armas de guerra públicamente, a los Círculos Bolivarianos que han cometido ilícitos; el Frente Miranda que se ha señalado como cuerpos de combatientes y a todos los cuerpos armados al margen de la ley que no autoriza la Constitución. Estamos muy probablemente en frente a la edificación del mayor cuerpo paramilitar autorizado por esta reforma a la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".
Milicias injustificadas
Explica San Miguel que la milicia ha perdido su conexión con la Fuerza Armada Nacional con la reforma. Señala que la única justificación para su existencia era para cumplir la función de administrar la reserva, y al haber perdido esa atribución por habérsele devuelto esa función a los componentes naturales, viene a constituirse en una fuerza armada paramilitar.
"El Estado ha establecido que la milicia nacional va a tener funciones sobre los organismos públicos, los organismos privados, creando cuerpos de combatientes y comités de defensa integral. Eso simplemente significa alentar compulsivamente un deber militar inexistente en la Constitución y la muy acelerada configuración de cuerpos paramilitares en el país, con un agravante, que en Venezuela no hay control de las armas de guerra legales, y tampoco las hay sobre las armas ilegales, que estarían entre siete a 15 millones, que estarían en manos de civiles".
Para Rocío San Miguel, alentar en estas circunstancias el funcionamiento de cuerpos de combatientes y comités de defensa integral en consejos comunales, en organismos públicos y en organismos privados, significa una "absoluta irresponsabilidad" del Estado que reviste carácter delictivo.
Gobierno militar
Rocío San Miguel presentó ayer esta inquietud en la Federación Interamericana de Abogados, que se celebró en Caracas, así como la militarización del poder en Venezuela desde 1999, con el agravante de constantes violaciones a los Derechos Humanos, amparados en la concentración del ejercicio del poder.
Precisa la abogado con magister en Seguridad y Defensa, que en estos 10 años de Hugo Chávez en la Presidencia unos 200 militares han estado en altos cargos de la administración pública, es decir, en ministerios, direcciones generales de los ministerios y direcciones general es de institutos autónomos.
Sin embargo, señala que detrás de esa cifra puede haber entre mil a dos mil militares en rangos medios o subalternos de la administración pública. "Esto significa la subordinación del poder civil al poder militar, un asunto que trastoca un elemento esencial del control democrático en el hemisferio Latinoamericano. Uno de los grandes aportes que han hecho los golpes y gobiernos militares ha sido el que se haya recogido en la Carta Interamericana Democrática en el artículo 4, el debido respeto de la subordinación del poder militar al poder civil. En Venezuela hoy se encuentra trastocado ese principio, el poder militar está muy por encima de las atribuciones civiles".
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