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Ojalá nuestro presidente Juan Manuel Santos y su canciller María
Ángela Holguín no se equivoquen en la apreciación de lo que significa el
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que ordena
habilitar al opositor venezolano Leopoldo López para participar en las
elecciones presidenciales programadas para el 7 de octubre de 2012.
El fallo de la CIDH es una verdadera prueba de fuego sobre la
aplicación de la Carta Democrática de la OEA y su desconocimiento
implica ni más ni menos, que determinar el fin mismo del organismo
americano.
Debe recordarse que Leopoldo López, ex alcalde del Chacao, fue
inhabilitado políticamente por una maniobra del gobierno de Hugo Chávez
contra el líder opositor, en efecto la Contraloría venezolana inhabilitó
a López en agosto de 2008 para el ejercicio de cargos públicos por dos
casos de presunto mal uso de recursos: uno en 1996 en la petrolera
estatal Pdvsa y otro en la Alcaldía de Chacao en 2004. “Nunca un
tribunal penal me condenó, no fui llevado jamás a una corte de justicia,
que es un requisito en la Constitución para las inhabilitaciones
políticas”, señaló el dirigente de la oposición.
Frente al fallo de la CIDH el gobierno venezolano respondió con su ya
tradicional cinismo y prepotencia. “¿Qué valor puede tener esa corte?
Vale más un corte de pelo. El 7 de octubre de 2012 un huracán le va a
pasar por encima, el huracán electoral, el huracán del pueblo”, dijo
Chávez al referirse al tribunal interamericano.
Reacción que no sorprende a López, quien está convencido de que la
inhabilitación política es una herramienta de discriminación y
eliminación de posible potencial político.
Leopoldo López acumuló una
amplia popularidad al frente de la Alcaldía de Chacao, a la que llegó en
2002 con apenas 27 años y en la que fue reelecto cuatro años después
con un 60% de los votos. “Más de 500 personas han sido inhabilitadas,
con un agravante: es una medida que se aplica fundamentalmente a los que
están en la oposición, un 80% de los casos es de opositores, cuando el
95% de los cargos del Estado están en manos del oficialismo. A mí me
inhabilitaron cuando tenía el 60% para ganar la Alcaldía de Caracas,
¿coincidencia?”, comenta.
Si el gobierno venezolano decide ignorar el fallo de la CIDH, ojalá
nuestro gobierno muestre la misma decisión de convocar a los países del
continente para condenar la acción antidemocrática del régimen chavista
que mostró para presentar una huelga policial en el Ecuador como un
intento de desconocer los principios democráticos, para congraciarse con
Rafael Correa.
No sobra recordar que el gobierno de Hugo Chávez ha atropellado de
manera impune los principios señalados en la Carta Democrática
Interamericana adoptada por los países miembros de la OEA en el 2001,
con ocasión del Vigésimo octavo período extraordinario de sesiones
realizado en Lima, Perú. Que la oposición política al gobierno Chávez en
Venezuela ha sido perseguida y acosada de diversas maneras y varios de
sus más connotados dirigentes están encarcelados, como es el caso de
Alejandro Peña Esclusa, obligados a exiliarse o inhabilitados para
actuar políticamente, mediante la manipulación grosera del ejecutivo en
las decisiones del poder judicial o los organismos de control.
La impunidad chavista es tan absurda, como inexplicables las palabras
de Juan Manuel Santos al considerar al tirano un elemento de equilibrio
en la política nacional de Venezuela y del continente, mientras tuvo
duras palabras para condenar una huelga policial en el Ecuador y no dudó
en convocar a UNASUR para echar por tierra las aspiraciones salariales y
de mejores condiciones de vida de los policiales al calificarla como
una intentona de golpe de estado contra Rafael Correa.
Son innumerables los casos en que Hugo Chávez ha violado la Carta
Interamericana para silenciar y aislar a quien eleve su voz de protesta
por la forma en que conduce a Venezuela al despeñadero, sin que los
gobiernos democráticos del continente expresen su inconformidad frente a
ello, por el contrario han sido cómplices comprados con los
petrodólares o amilanados por la verborrea agresiva del dictador. El
continente le ha fallado al pueblo venezolano en su lucha por las
libertades democráticas.
La OEA, en manos del comunismo internacional, ha sido inferior a su
tarea y ha cohonestado la impunidad del régimen venezolano, no sólo en
el atropello a la democracia interna sino en convertirse en el santuario
de las narcoguerrillas y otras formas criminales que atentan contra la
democracia en Colombia y el continente. De ahí que se haya tolerado la
aparición de organismos paralelos como UNASUR para dividir a América a
partir de una concepción marxista de un nuevo orden continental surgido
del Foro de Sao Paulo, al que alegremente nos está conduciendo el actual
gobierno colombiano.
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