La denuncia,
a la que ha tenido acceso ABC, responsabiliza al presidente venezolano y
a la cúpula del Estado de la represión sistemática tras las protestas
de 2014
Sentar a Nicolás Maduro y a otros altos responsables
de la represión chavista en el banquillo del Tribunal Penal
Internacional por crímenes contra la humanidad es el propósito de la
denuncia que hoy presenta en La Haya el Grupo de Familias de Víctimas
Venezolanas. Las acusaciones se sustentan en un documento de casi
doscientas páginas dirigido a la Oficina del Fiscal de ese tribunal para
su examen preliminar.
La petición se realiza con «urgencia» ante la proximidad de las
elecciones legislativas del 6 de diciembre. El temor a que el Gobierno
venezolano pueda reprimir con violencia protestas contra posibles
irregularidades electorales aconseja que el Tribunal Penal Internacional
pueda examinar cuanto antes la implicación de Maduro y otros altos
cargos en la cruenta represión de las manifestaciones registrada en
Venezuela desde febrero de 2014. Así lo explican los impulsores de la
denuncia, entre ellos Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad
Popular, partido de Leopoldo López, condenado sin pruebas a trece años
de prisión.
El documento, al que ha tenido acceso ABC, establece que «el
presidente Maduro, con miembros de su círculo interno que constituyen el
Alto Comando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para
prevenir, restringir y castigar el disenso, y organizó y participó en
su implementación, cometiendo crímenes contra la humanidad sobre la
población civil». Asegura que la información presentada «confirma» que
los incidentes registrados reúnen las condiciones de crímenes contra la
humanidad estipuladas internacionalmente.
Esos crímenes, según los demandantes, son de cinco tipos: asesinato,
encarcelamiento o severa privación de libertad, tortura, persecución por
razones políticas y «otros actos inhumanos de similar carácter con
intención de causar gran daño o serias heridas» corporales o mentales.
La lista de personas contra las que se dirige la denuncia permanece
de momento en secreto. Fuentes conocedoras del caso confirmaron que se
demanda directamente a Maduro, pero no precisaron si el resto de nombres
que se mencionan en el documento son todos también objeto de denuncia.
Entre esas personas al menos mencionadas están los gobernadores de
Carabobo (Francisco Ameliach), Aragua (Tareck el Aissami), Táchira (José
Gregorio Vielma Mora) y Mérida (Alexis Ramírez), quienes estuvieron al
frente de la represión en sus respectivos estados.
También aparecen militares, como los jefes de la Policía Nacional
(Eduardo Pérez Urdaneta), la Guardia Nacional (Antonio José Benavides) y
el Servicio de Inteligencia (Manuel Gregorio Bernal Martínez y Gustavo
Enrique González López). Estos últimos cuatro mandos ya fueron
sancionados en marzo de 2015 por Estados Unidos por abusos de los
derechos humanos.
El texto menciona asimismo al general Vladimir López Padrino, autor
de la directiva de comienzos de este año que autoriza el uso de fuerza
letal contra manifestantes; a Diosdado Cabello,
presidente de la Asamblea Nacional, quien desde las redes sociales animó
expresamente a la violencia, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Asimismo, se recuerda que algunas decisiones se tomaron en reuniones
del Alto Comando de la Revolución a la que además de algunos ya citados
asistieron los ministros Jorge Arreaza y Rafael Ramírez, y el alcalde
del centro de Caracas, Jorge Rodríguez.
«Política sistemática»
De acuerdo con las cifras aportadas, tomadas de varias organizaciones
no gubernamentales, en la represión que se desató tras las protestas de
febrero de 2014 murieron entre 33 y 36 civiles y fueron encarceladas
alrededor de 3.700 personas. Un total de 437 individuos sufrieron
tortura durante su detención. Al menos 878 civiles fueron heridos. A
final de mayo había en el país 77 presos políticos, entre ellos doce
estudiantes.
El documento insiste en presentar a Maduro no solo como último
responsable «de jure» de las fuerzas de seguridad y del sistema
penitenciario, sino como alguien personalmente implicado en dirigir la
represión. Además, se indica que tiene control «de facto» sobre la
Judicatura, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del
Pueblo, dada la ausencia de división de poderes en Venezuela.
La denuncia presenta la represión gubernamental no como algo
ocasional, limitado geográficamente o que por momentos se fue de las
manos, sino como parte de una política que buscó un «extenso o
sistemático ataque dirigido contra la población civil». Se asegura que
las actuaciones siguieron «un mismo modelo de ejecución». Concluye que
esta política se diseñó «en los más altos niveles del Estado para lanzar
violentos ataques contra la población civil (…) con el fin de retener
el poder por todos los medios».
Así, a Maduro se
le atribuye la responsabilidad de la coordinación entre las fuerzas
policiales y los grupos armados paramilitares (los «colectivos»), que
actuaron conjuntamente contra manifestantes en su mayor parte pacíficos.
Esa coordinación ya fue denunciada en su día por varias organizaciones
internacionales de derechos humanos.
«Las fuerzas de seguridad nacional, siguiendo la política del
Gobierno de Venezuela, también coordinaron ataques, vestidos de paisano
en motos, con miembros de grupos paramilitares armados
progubernamentales (…) y les facilitaron paso franco para disparar de
forma indiscriminada sobre la multitud para dispersarla, sin aviso».
Además, en lugar de pedir cuentas a guardias y «colectivos», Maduro
«ordenó personalmente» una investigación de la oposición como autora de
los desmanes.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario