Por Roger F. Noriega
Fuente: IASW
Desabastecimiento, inseguridad, corrupción y abusos a los derechos
humanos se han convertido en la cruda realidad para el pueblo venezolano
tras 16 años de chavismo.
Aunque el autoritarismo de este régimen—con la ayuda de sus titireteros
cubanos—ha tratado de encubrir la gravedad de la situación, la crisis ha
llegado a tal grado que el país se encuentra al borde de un estallido
social.
Los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto
Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) son devastadores para el régimen
de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el 87% de la población cree que el país
va en la dirección incorrecta. Peor aun, el 70% de la población califica
la gestión de Maduro como mala o pésima y solo 7% como buena. Así
mismo, se aprecia que los tres problemas más importantes para la
población son la inseguridad (69%), el alto costo de la vida (41%) y el
desempleo (11.7%). Sin embargo, cuando se formula la pregunta sobre el
tema que más afecta a la población personalmente la gran mayoría (48%)
menciona el desabastecimiento.
Para la mayor parte de los venezolanos (62.1%), el gobierno nacional y
Maduro con los responsables de dicho problema y casi dos tercios de los
encuestados no creen que el gobierno sea capaz de mejorar la situación.
Específicamente, 63.7% de la población cree que el gobierno es corrupto y
una gran mayoría tiene una opinión desfavorable en las instituciones
del Estado. Desconfianza en las fuerzas armadas, el Consejo Nacional
Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República y
en la Defensoría del Pueblo va de 56%-62%. Partiendo de estos
resultados, es lógico concluir que una gran mayoría de venezolanos creen
que un cambio de curso y en el liderazgo del país son la única solución
para salir de la crisis.
El gobierno anunció que celebraría elecciones parlamentarias el próximo 6
de Diciembre. No obstante, enfrentando un importante descontento
popular y la suma de las crisis política y económica, es posible que
Maduro opte por cancelar la elecciones en lugar de arriesgar una
derrota. El régimen ya ha vetado o encarcelado a varios candidatos
populares y ha rechazado
observadores internacionales imparciales. El gobierno también controla
el Consejo Electoral, por lo que, aun si las elecciones se llevan a
cabo, el fraude electoral siempre será una opción para el régimen.
La situación en Venezuela es muy grave, pero gobiernos en la región
parecen no estar interesados en la implosión que se avecina en ese país.
Pretender que el gobierno de Venezuela puede resolver la crisis o que
un colapso económico no afectará a la región no solo es ingenuo sino irresponsable.
En abril, en un acto poco común, 25 ex presidentes emitieron un
comunicado alertando al mundo sobre la crisis en Venezuela y llamando a
“soluciones negociadas”, libertad para los presos políticos y garantías
para las próximas elecciones.Este grupo de ex presidentes podrían darle
credibilidad y peso político, tal vez en colaboración con la
Organización de los Estados Americanos (OEA), para monitorear elecciones
o buscar soluciones políticas. Desafortunadamente, Maduro ha rechazado
el involucramiento de estos posibles mediadores.
En lugar de entablar un diálogo con estos ex presidentes o con la OEA
para tratar de salvar a Venezuela, la administración del presidente
Obama pasó el último año cortejando a los responsables de este
caos—Maduro y el dictador cubano Raúl Castro. No es tarde para que
Washington asuma una posición constructiva en Venezuela, si es que opta
por esa vía.
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