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lunes, 19 de agosto de 2013

Maduro persigue a toda costa el totalitarismo en Venezuela

  Maduro anda en busca del poder total

 El impugnado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene previsto solicitar el martes poderes especiales para emitir leyes por su propia cuenta –sin el visto bueno del Congreso– argumentando que los necesita para luchar contra la corrupción. Pero líderes de la oposición advierten que la iniciativa le otorgaría al régimen un cheque en blanco para terminar de sellar un régimen socialista de corte cubano.

El régimen tiene previsto solicitar los poderes cuando la mayoría de los expertos señala que son innecesarios para emprender la cruzada contra la corrupción, que incidentemente es causada en su mayor parte por los propios líderes y actores del chavismo.

“Es la receta que quieren aplicar, el gobierno huye para adelante porque tiene una grave crisis en sus manos; tiene ya dos devaluaciones, está produciendo dinero inorgánico, no tiene dólares y ha sobreendeudado al país”, comentó el diputado de la oposición William Barrientos en una entrevista.

“[Con la ley habilitante], ellos intentan ganar tiempo en función de aplicar el paquete de medidas cubanas”, señaló.

De introducirla el martes como tiene previsto, Maduro estaría siguiendo los pasos dados por el fallecido presidente Hugo Chávez en el 2010, cuando solicitó los mismos poderes especiales para enfrentar las graves inundaciones que dejaron miles de damnificados ese año.

Solo un par de las 54 leyes emitidas a través de esos poderes tuvieron alguna relación con los desastres naturales, mientras que las restantes sirvieron para introducir , en el orden jurídico del país, leyes para adelantar la instauración de un régimen socialista con características similares al que existe en Cuba.

Barrientos dijo que en esta ocasión Maduro pretende hacer lo mismo para instaurar los mecanismos que ellos creen que les ayudarán a acrecentar su ya vasto poder sobre la sociedad venezolana, lo que se traduce en que la población se haría más dependiente aún del Estado.

Esa dependencia es vital para las labores de control social de cara al esperado incremento de la crisis económica.

Pero también es necesario para desarticular todo rasgo de fiscalización en el manejo inmediato de los cada vez más escasos recursos del Estado.

“Ellos quieren esa ley habilitante para poder manejar a manos llenas, sin control, sin fiscalización de parte del primer poder público, que es la Asamblea Nacional, el dinero que por concepto de la renta petrolera entra al país”, dijo Barrientos.

El régimen dijo que pretende introducir el próximo martes el proyecto de ley habilitante, para cuya aprobación necesitaría 99 votos, uno más de los 98 que actualmente tiene.

Y el voto faltante solo podría ser conseguido a través de la corrupción, advirtió recientemente el líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles.

“Lo cierto es que [Maduro] no tiene los votos para aprobar una Ley Habilitante, salvo que por la vía de la corrupción alguien vaya a saltar la talanquera”, escribió Capriles en su cuenta de Twitter refiriéndose a la posibilidad de que el régimen logre comprar a algún diputado de la oposición para que cambie de bando.

“Para luchar contra la corrupción no se necesita una Ley Habilitante”, por lo que pedirla no es sino “parte del show de Maduro para tapar su desastre de Gobierno”, añadió en otro mensaje.

Venezuela, considerada por la ONG Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina, ha tenido en los últimos meses una serie de señalamientos que develan la gravedad del problema bajo la revolución emprendida por Chávez.

Las denuncias provienen de dentro de las filas del chavismo.

Edmeé Betancourt, ex presidenta del Banco Central de Venezuela, admitió que la entidad financiera estatal –que administra las divisas del país– asignó en el 2012 un monto groseramente elevado a empresas ficticias al precio oficial de 6.30 bolívares por dólar, tasa que se quintuplica en el mercado paralelo ilegal.

El ministro venezolano de Planificación, Jorge Giordani, calculó “que se habían sacado $59,000 millones, de los cuales una cantidad se quedó en empresas de maletín”, sostuvo Betancourt en una entrevista publicada en el diario Ultimas Noticias.

Pero para combatir el mal no se requiere de nuevas leyes, dijo Mercedes De Freitas, directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, el capitulo local de la ONG internacional.

Para comenzar al combatir el problema, lo que se requiere es que el régimen deje de lado el secretismo y saque a la luz pública la manera en que dispone de los fondos, dijo.

Lo primero es que los venezolanos tengan acceso a la información sobre los ingresos y egresos del Estado: “qué se hace con el Fondo Chino, qué se hace con el Fonden, cómo contratan a los funcionarios; a quiénes asignan los beneficios sociales, llámese Misión Vivienda, Madres del Barrio; dónde está el dinero de los beneficios de las empresas públicas, cuál es realidad de las empresas de Guayana”, dijo De Freitas en declaraciones publicadas por el diario El Universal.

“La tarea de abrir la información es gigante, puede pero puede comenzarse ya y para eso no hace falta ninguna reforma, el artículo 51 de la Constitución establece que eso es lo que hay que hacer”, sostuvo
.
El Nuevo Herald/Antonio María Delgado


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