Ricardo Fernández Barrueco: “Creí en la palabra de Chávez”

Dice que fue satanizado y atribuye su situación a una lucha de poderes en el Gobierno.

El banquero rompe el silencio mantenido luego de 10 meses de estar en prisión.

“Fui satanizado por mi participación comprometida en la recuperación alimentaria”, expresa el empresario recluido en la DIM. Señala que antes de 1998 ya era un empresario con importantes inversiones no solo en Venezuela sino en Estados Unidos, Panamá, Ecuador y España y que jamás recibió financiamiento del Gobierno y de ningún banco estatal.

“Creí en su proyecto nacional donde la dirección establecía que todos los venezolanos teníamos igualdad de oportunidades y cada uno con su trabajo contribuiría con dicho proyecto. Lamentablemente la politiquería se adueñó del proceso, surgiendo una lucha interna de grupos políticos, una lucha fratricida dentro del propio Gobierno que atentó contra sí mismo”.

La reflexión la hace Ricardo Fernández Barrueco desde un sótano de la Dirección de Inteligencia Militar, en donde se encuentra recluido desde el 20 de noviembre de 2009 (antes en la Disip). Su detención se produjo tras la intervención de cuatro de los bancos que Fernández intentó reflotar, cuando estaban en vigilancia de la Superintendencia de Bancos.

Lo que nadie se explicaba entonces es cómo el empresario que organizó el más completo programa de alimentación para la revolución bolivariana tras el paro de 2002, terminó preso en una cárcel del mismo Gobierno al que ayudó a recuperarse.

Su abogado, Gastón Saldivia, atribuye su situación a una conspiración contra Hugo Chávez, que se gestó dentro del propio movimiento, con el propósito de destruir el programa alimenticio más exitoso y eficaz que haya desarrollado la revolución bolivariana. Un programa que llegaba a 16 millones de personas, y para ello, afirma Saldivia, era necesario destruir a Ricardo Fernández y su grupo de empresas.

Después de 10 meses en la cárcel, por primera vez, este empresario accedió a dar su versión de los hechos y su visión acerca del proceso que vive el país.

Solamente en la intervención de los cuatro bancos adquiridos por Fernández, la pérdida patrimonial del empresario, estima el abogado, es de más de 6 mil millones de bolívares fuertes, mientras que sus empresas en Venezuela tomadas por el Gobierno están valoradas en 7 mil millones de dólares.

Lo primero que rechaza es que su desarrollo como empresario se deba a la “alianza”, que se le atribuye, con el Gobierno de Chávez. “Fui satanizado por mi participación comprometida en la seguridad alimentaria”. Señala que antes de 1998 ya era un empresario con importantes inversiones no solo en Venezuela sino en Estados Unidos, Panamá, Ecuador y España y que jamás recibió financiamiento del Gobierno y de ningún banco estatal.

Explica que entre los años 2000 y 2006 el Gobierno apoyó a la empresa nacional, pero con la pérdida de las elecciones para la reforma constitucional, el presidente Chávez activó, a través de la Ley Habilitante, los mecanismos para el control total de la red de alimentos del sector privado. “Hubo un momento político crítico que terminó de radicalizar las posiciones antagónicas, utilizando el dinero del petróleo para controlar todos los sectores de la economía que estaban en manos privadas.”

–¿La crisis de Pdval tiene que ver con la política de importación de alimentos que desplazó a los empresarios venezolanos?

- Entre 2007 y 2008 se crea Pdval, un programa alimentario cuyo esquema de mercadeo competía con la red privada de comercialización de productos al detal. Al contrario, Mercal estaba orientado a proveer de 8 a 10 productos nacionales considerados de primera necesidad y destinados a los sectores más excluidos. Con Pdval se aprovechaba la importación, apoyada en la industria petrolera por su factibilidad en el acceso al mercado de divisas.

Desde mi humilde punto de vista, Pdval tuvo un mal comienzo por no tener una estructura gerencial que hiciera viable el proyecto de acuerdo a los requerimientos nacionales. Este programa afectaba a una población que ya era atendida por el sector privado de alimentos, generando la duplicidad en la adquisición de alimentos y bienes.

–¿Qué papel jugaron los cubanos en la red de importación?

- Los cubanos tienen la mayor responsabilidad en la crisis de Pdval, las investigaciones realizadas por ustedes (medios) así lo corroboran.

–¿Cuál es la situación actual de sus empresas de producción y distribución de alimentos?

- En la actualidad se encuentran colapsadas por la deficiente operación. Han sido saqueadas, canibalizados sus equipos, lo cual genera desasosiego en los trabajadores y productores asociados. Las haciendas han sido robadas al nivel que se desconoce el monto del daño. Tenía la segunda ganadería genética y de producción en el país. Catorce años de trabajo están dramáticamente perdidos. Las tierras fértiles hoy se encuentran improductivas.

Fernández Barrueco antes de 1999

Explica el empresario que tuvo un desarrollo empresarial desde joven, pero se hizo conocido debido a la campaña comunicacional contra el programa de alimentación (Mercal) en el que dice, fue solo una pieza del engranaje. “Yo era un empresario mediano del sector agroindustrial dedicado a la producción de caña de azúcar, maíz y arroz, manteniendo empresas procesadoras, adquiridas en el Gobierno de Rafael Caldera como Proarepa, perteneciente a la Corporación de Mercadeo Agrícola. Para esa época participé en el proceso de privatización auspiciado por el Fondo de Inversiones de Venezuela para la adquisición de dos centrales azucareras. Mi familia poseía tierras heredadas de mi abuelo que fue un inmigrante que llegó a Venezuela en 1952 y se instaló a trabajar en Turén. De igual manera tenía empresas dedicadas al sector pesquero. Sin embargo, mi principal actividad económica fueron las operaciones navieras y pesquera empresarial con grupos de Estados Unidos y Europa, donde trabajé primero como empleado y luego me independicé”.

1999 el mejor momento

Considera que en 1999 debió ser el momento para nuestro país ya que había entusiasmo por el triunfo de Chávez, y a pesar de una situación precaria que vivía el campo venezolano, en ese momento, estaba intacto el potencial de su gente, que se desarrolló en tres generaciones de producción agrícola, pecuaria y medianamente industrial. “Solo se requería de dirección política coherente, con visión estratégica y sostenible en el tiempo”.

Aunque confiesa que “no voté por Hugo Chávez” recuerda que con su triunfo en 1998, comenzaron a surgir cambios políticos en todo el sector público. Esto incentivó a muchos pequeños y medianos empresarios que, aun con el recelo propio de este cambio, veían una oportunidad real de la nueva Venezuela.

Para ese momento, resalta Fernández, el presidente Chávez quiso desarrollar algunos programas sociales implementados por Rafael Caldera (Agenda Venezuela) en la cual había participado como empresario, y que por su gran impacto, llamó la atención del nuevo Presidente, quien lo asumió y lo proyectó. La finalidad del mismo se dirigía a los sectores de pobreza extrema y fue asumido por la FAN.

A su juicio, el empresariado tradicional no creyó en el modelo planteado.

El paro de 2002

Para Fernández ese empresariado, junto a un sector político, atentó “para nuestra desgracia y la del país” contra la paz, la tranquilidad y la calidad de vida de la Nación. “Así llegó el 2002, surge el vacío de poder, el golpe de Estado y desconocimiento de la Constitución. Muchos de los empresarios que aceptaron y participaron en el sabotaje agroalimentario estigmatizaron a aquellos que llamaron nuevos empresarios, grupo en donde yo me encontraba”.

En esa época -recuerda- “recibía muchas llamadas aconsejándome que me retirara de los programas de alimentación del Gobierno. Ante mi negativa recibí hasta amenazas de muerte. No entendían que mi cliente final era justamente la población más excluida y no el Gobierno”.

Explica que cuando se ejecutó el paro petrolero y alimentario, su grupo de empresas, junto a otros grupos de empresarios y productores, fueron requeridos por la FAN para enfrentar la crisis alimentaria. Fue la FAN con 64 empresas nacionales y multinacionales, incluyendo a las estadounidenses, quienes desmontaron la paralización del país, salvaguardando a la población y manteniendo el apresto necesario ante cualquier eventualidad, natural o provocada que atentara contra la población.

Convocado por el Alto Mando:

En marzo de 2003 fue invitado por el Alto Mando Militar como asesor para el diseño del programa Mercal.

Aclara que su objetivo no era entrar a competir o destruir a las empresas privadas comercializadoras de alimentos, como se ha dicho, sino llegar a aquel sector que no tenía el dinero para adquirir alimentos de la cesta básica. Por eso piensa que ese programa tuvo una gran aceptación porque se atendió a esos sectores con productos de calidad.

Atribuye al éxito de este programa Mercal que se inició el ataque hacia éste, tratando de disminuir su efectividad, boicoteándola o desprestigiándola.

“Por mi colaboración para desmontar el paro petrolero, me inventaron cargos como testaferro de funcionarios del Gobierno, del propio presidente Chávez y hasta de sus familiares, para hacer ver que mi patrimonio y el de mis empresas no eran producto del trabajo sino que provenían de actos irregulares”.

Aclara que no ha recibido créditos, dinero o subsidios del Gobierno o del sistema financiero público. Que sus empresas han sido auditadas por organismos de Estados Unidos y han demostrado que su crecimiento y sus fondos provienen del trabajo sostenido, el desarrollo agrícola e industrial.

–Una de esas auditoras privadas, la FTI de EEUU, sostiene que usted recibió un pagaré de 1.800 millones de dólares del Gobierno venezolano.

- La información es falsa, nunca trabajé con financiamiento del sector público nacional. Asimismo es comprobada mi relación con la banca privada nacional e internacional en materia de créditos solicitados para inversión, los cuales generaron confianza en mi nombre y el de mis empresas.

Nunca hubo un pago de comisión ni intermediarios. Nuestra actividad no requería de “lobby” y los márgenes comerciales de ganancia son tan pequeños que para obtenerla se debe trabajar con grandes volúmenes y con calidad y responsabilidad en los lapsos de entrega. En este orden de ideas no hay margen para actividades ilícitas.

Empresas ocupadas:

A mediados de noviembre de 2009 ya la ola de rumores sobre una posible detención del empresario Ricardo Fernández Barrueco se hacía más fuerte. El día 20, desde la radio, fue que el hombre conocido como “el Zar de Mercal” se enteró que estaba requerido por las autoridades, por el caso de cuatro bancos que habían en proceso de compra por el empresario.

Es así que Fernández Barrueco decide presentarse en las instalaciones de la Disip ubicadas en Roca Tarpeya a fin de informarse de qué se trataba ese requerimiento. Pero tres horas después de su comparecencia quedó recluido en una celda de la “policía política”.

Las acusaciones en su contra fueron por supuesto otorgamiento de créditos de manera ilegal; aprovechamiento de crédito bancario; y delincuencia organizada.

Según interpreta su abogado Gastón Saldivia, tales acusaciones no tienen sustento dado que la compra nunca fue reconocida por las autoridades y durante año y medio esos bancos estuvieron bajo la supervisión de veedores del la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto era imposible que Fernández ordenara alguna operación, otorgara préstamos o designara funcionarios en esas entidades. Los fondos depositados para adquirir las entidades financieras fueron obtenidos mediante préstamos de dos bancos privados con el aval de algunas empresas del grupo.

El monto de las inversiones del grupo de Fernández fue de 3 mil 850 millones de bolívares fuertes y al mismo tiempo para la reflotación de las entidades realizó depósitos en esas entidades por el monto de 2.530 millones de bolívares fuertes.

Pero los efectos de esa detención e intervención, no solo de los bancos, sino también de las empresas del grupo, se tradujeron en la pérdida patrimonial de las empresas valoradas en 7 mil millones de dólares. Todas sus empresas están ocupadas por funcionarios del Gobierno por órdenes del tribunal.

Según el abogado, solamente de las cuatro fincas que posee el grupo, desaparecieron 22 mil animales. De ellos se perdieron 1.600 búfalos y el resto son reses brahman blanco para el engorde.

El grupo de empresas en Venezuela agrupaban a 15.600 empleados. La empresa distribuidora de alimentos ARC contaba con 2 mil gandolas MAC recién adquiridas y en perfecto estado, de las cuales ahora solo quedan 160.

FRANCISCO OLIVARES

folivares@eluniversal.com

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