El
nombre de Francisco Illarramendi es bien conocido en los pasillos del
poder económico en Venezuela: por años, como uno de los arquitectos
financieros del Gobierno del presidente Hugo Chávez; y hoy, como el
autor de un fraude que deja al desnudo los descalabros de PDVSA, la
gigantesca empresa estatal a cargo de explotar las mayores reservas de
petróleo del mundo.
El gestor de capital de riesgo de 42 años -con
doble ciudadanía, venezolana y estadounidense- fungió como asesor de
varios ministros de finanzas y de la propia PDVSA, que le llegó a
confiar a su firma Michael Kenwood Group (MK Group) unos 500 millones de
dólares de sus pensionados entre el 2009 y el 2010.
A los pocos meses, Illarramendi se declaró culpable
de estafar a sus clientes por unos 540 millones de dólares -la mayor
parte de ellos del Fondo de Pensiones de PDVSA- mediante un esquema
piramidal al mejor estilo del famoso Bernard Madoff, lo que ahora lo
enfrenta a pasar hasta 70 años en prisión por presunta malversación y
conspiración para obstruir a la justicia.
El desfalco supone una gota más en el desbordado
vaso de entuertos financieros y operativos que atraviesa PDVSA, que se
está endeudando a un ritmo meteórico para encarar los faraónicos
proyectos sociales que le encomienda Chávez en temas de alimentación,
salud o vivienda, mientras intenta cumplir con las gigantescas
inversiones necesarias para revertir el peligroso letargo en que se
encuentra su producción de crudo desde hace varios años.
En las próximas semanas el caso -revelado por el
regulador bursátil estadounidense-podría agitar nuevamente las aguas en
que navega PDVSA y poner en el candelero a los altos gerentes de la
corporación, ya que todavía nadie asumió la responsabilidad por la
contratación de Illarramendi.
La fiscalía estadounidense designada para seguir
la pista al dinero presentará pronto su informe final sobre cómo se
gestó el fraude, cómo Illarramendi captó el dinero, lo invirtió para su
propio beneficio y trató de ocultar pruebas.
"Fue ejemplo de mala gerencia: escogieron a
Illarramendi a dedo por su amistad con directivos de PDVSA cuando sus
empresas no estaban autorizadas para invertir en fondos de pensión y no
invitaron a otras firmas a presentar sus propuestas sobre cómo
invertirían los fondos", dijo a Reuters el ex coordinador de finanzas de
la estatal Oliver Campbell. "Además, no hubo una auditoría adecuada, pues se
debió detectar el mal manejo mucho antes de que pasara a ser una
estafa", agregó.
El Gobierno reaccionó hace pocos meses con una
amplia reestructuración de la junta directiva de PDVSA, que pareció
destinada a absorber el impacto político del fraude y asegurar una mayor
vigilancia interna, con la entrada de pesos pesados del Ejecutivo de
Chávez.
Entre los cinco directivos relevados de sus
cargos estaba el veterano jefe de finanzas de la empresa, Eudomario
Carruyo, quien era el encargado de administrar el cada vez más opaco
fondo de los jubilados, que asciende a 2.500 millones de dólares.
La enésima controversia protagonizada
por la mayor compañía nacional le ha dado nuevas municiones a los
críticos de Chávez, para quienes el caso confirma la creciente
corrupción, la opacidad y la mala administración de la petrolera, justo
cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo confirmó a
Venezuela como la nación con las mayores reservas mundiales de crudo,
por encima de Arabia Saudita.
Enfermo de cáncer y con los comicios presidenciales
del 2012 a la vuelta de la esquina, Chávez ya comenzó a recurrir a la
constreñida caja de la petrolera para inyectar fondos a la calle, para
neutralizar los negativos efectos que tienen la inseguridad, la alta
inflación y las constantes fallas de los servicios públicos sobre su
popularidad, clave para buscar una tercera reelección.
Cronología de la estafa http://link.reuters.com/xyg73s Comparación con otras petroleras http://link.reuters.com/zyg73s
¿QUIEN ES ESTE SEÑOR?
Illarramendi, el cerebro de la operación, es un
economista graduado en Estados Unidos, ex trabajador del banco de
inversión Credit Suisse y con estrechas conexiones en la administración
Chávez desde su llegada al poder en 1999, cuando el mandatario todavía
no glosaba las bondades del socialismo e incluso viajaba a Estados
Unidos promocionando a su país ante inversores foráneos.
Quienes han visto su foto a la salida
del juicio en Connecticut en marzo, con una carpeta en la mano
izquierda y un maletín azul en la derecha, tal vez no imaginarían que
este hombre prácticamente calvo y entrado en kilos diseñó las
multimillonarias emisiones de bonos denominados en dólares y pagaderos
en bolívares con que las autoridades económicas oxigenan periódicamente
el férreo control de cambio que rige en el país desde 2003 y que han
hecho florecer fortunas en el país caribeño.
Hijo de un antiguo ministro del gobierno anterior a
Chávez y miembro de la organización católica Opus Dei, Illarramendi
trabajó como asesor ejecutivo de PDVSA hasta el 2005, ayudando a la
firma en la recompra de la deuda que tenía en circulación en Estados
Unidos para poder formalizar su retiro de la Comisión de Valores
estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y dejar de presentar
puntualmente sus estados financieros al regulador.
Además, actuó como consejero del Ministerio de
Finanzas en varias oportunidades -la última entre el 2007 y el 2008- y
llegó a tener privilegios de ministro como el uso de una pista del
aeropuerto internacional de Maiquetía reservada para el presidente y los
más altos funcionarios del Estado.
El fraude financiero más grande en la
historia de PDVSA es, además, "el mayor juicio de cuello blanco"
llevado a cabo por la oficina del fiscal federal de Connecticut, David
Fein, que examinó 40 computadoras, ocho servidores, varios dispositivos
móviles y casi un centenar de cajas de documentos para recopilar un
expediente de más de 100.000 páginas.
ORIGENES DEL ESCANDALO
Una fuente vinculada a la directiva
de PDVSA dijo a Reuters en condición de anonimato que, tras un período
de grandes pérdidas en los fondos de pensiones globalmente entre el 2007
y el 2008, la compañía estatal decidió reorientar parte de ese capital
hacia otras inversiones. Ahí, oportunamente, apareció "Pancho"
Illarramendi, un hombre tranquilo y discreto, según quienes lo conocen
"Desde el 2006, Illarramendi y Michael Kenwood
Capital Management se han apropiado indebidamente de los activos de los
inversionistas y han usado tanto fondos como vehículos para un esquema
Ponzi, es decir, han usado el dinero de nuevos inversionistas para pagar
a los primeros", dijo la SEC en marzo, en una enmienda a la demanda que
presentó en enero.
Según las autoridades
estadounidenses, Illarramendi desvió parte del dinero del fondo de
pensiones venezolano para comprar participaciones no autorizadas y en su
propio nombre en NuScale Power, una incipiente compañía de energía
nuclear en Oregón, y otras pequeñas firmas.
MK Group no respondió a las peticiones de
información de Reuters, pero recientemente anunció públicamente que
reduciría sus operaciones mientras busca una nueva fuente de ingresos
para operar.
Antes de declararse culpable, el financista llegó
a pagar 3 millones de dólares para forjar certificaciones de activos
falsos por más de 270 millones de dólares y justificar los movimientos
de capital del fondo ante la SEC, según dijo la comisión.
En junio, los reguladores anunciaron
que encontraron casi 230 millones de dólares en un fondo internacional
conectado con Illarramendi, quien está en libertad bajo fianza,
respaldado por cuatro propiedades en Estados Unidos.
Pero el dinero, proveniente de los ahorros de los trabajadores y del que depende el pago de las maltrechas pensiones de unos 24.000 jubilados de PDVSA, sigue sin llegar a Venezuela.
YO NO FUI
Cuando la SEC acusó en enero a Illarramendi de
defraudar a los jubilados y a otros inversores, el asunto pilló
desprevenida a la directiva de PDVSA, conformada por cercanos aliados
del presidente venezolano y de su poderoso ministro de Energía y
presidente de la estatal, Rafael Ramírez . Eligiendo con cuidado cada una de sus
palabras, la primera reacción de Ramírez fue desligarse del escándalo,
recalcando que la compañía no tiene decisión sobre cómo se manejan y
dónde se colocan los fondos de los jubilados "No podemos asumir responsabilidad por lo que
haya hecho alguien que hubiese estado relacionado con nuestra industria
petrolera", dijo a mediados de febrero el imperturbable funcionario
durante una interpelación ante el Parlamento sobre la gestión 2010.
Al ver al ministro tratar de salvar la cara
ante el fraude, la indignación de los pensionados no se hizo esperar e
incluso varios cientos de ex trabajadores de la compañía salieron a las
calles a protestar por el fraude.
El presidente de la Asociación de Jubilados y
Pensionados de PDVSA (AJIP), César Delgado, aseguró a Reuters que desde
1993 no intervienen en la gestión de su propio dinero, a pesar de que un
representante debería acudir a las reuniones del fondo en calidad de
observador.
Desde el 2002, PDVSA ni siquiera les envía los estados financieros del instrumento al que confiaron sus ahorros.
"No podemos creer que cuando se establecen los
planes de inversión o se escogen los intermediarios financieros que los
manejan, PDVSA esté ajena a los mismos ", protestó enérgicamente AJIP en
una misiva enviada al ministro Ramírez el 22 de febrero.
Presionado por los jubilados, el sindicato y los
medios de comunicación, Ramírez se mostró después más involucrado con el
caso. En marzo dijo a Reuters que PDVSA cubriría las eventuales
pérdidas del fondo y que participaría legalmente en la demanda
interpuesta por la SEC contra MK Group. "Por supuesto que vamos a respaldar a
los trabajadores. No vamos a permitir que por esta estafa los obreros
sufran", dijo en esa oportunidad.
En julio, PDVSA incrementó el pago de las
pensiones en 800 bolívares (unos 188 dólares al tipo de cambio oficial),
o hasta en un tercio para los retirados que cobran el mínimo. Y el
Gobierno adjudicó al fondo de pensiones casi la mitad de los 4.200
millones de dólares de una reciente emisión de bonos al 2031, lo que
habría ayudado a sanear sus cuentas.
LLUEVE SOBRE MOJADO
LLUEVE SOBRE MOJADO
En Venezuela, muchos ven a Illarramendi como un
exponente más de la llamada "boliburguesía", una nueva casta de
empresarios que prosperó al calor de la bonanza petrolera de los últimos
años causando no pocos escándalos de malversación en el país socio de
la OPEP.
Desde que Chávez despidió a miles de
trabajadores de PDVSA por participar en un feroz paro organizado por la
oposición entre finales del 2002 y principios del 2003 para forzar la
renuncia del mandatario, la compañía nunca pudo recuperar totalmente sus
estándares de calidad y, además, perdió un valiosísimo capital humano.
Las denuncias y controversias han sido permanentes desde entonces en PDVSA, mayor y casi única fuente de divisas del país.
La adjudicación de opacos contratos de
suministro, inyección de fondos a programas sociales gubernamentales con
escaso o nulo control, cuestionadas cifras de producción y una
seguidilla de incidentes operacionales -incluyendo constantes fallas en
las refinerías, el hundimiento de una plataforma gasífera en el Mar
Caribe e incendios en importantes terminales marítimos- han puesto en
entredicho a la "nueva PDVSA".
El caso más sonado fue el mediático
"maleta-Gate", protagonizado en 2007 por el empresario
venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, quien fue detenido en
un aeropuerto de Buenos Aires con un maletín con casi 800.000 dólares en
efectivo, que fiscales estadounidenses afirman provenían de PDVSA para
financiar la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández, una
cercana aliada de Chávez.
Tanto la mandataria argentina como su homólogo venezolano negaron los cargos.
Pero el escándalo más doloroso para la popularidad del gobernante fue sin duda el hallazgo en varios puertos del país de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados para PDVAL, filial de distribución de alimentos de la petrolera, mientras los venezolanos hacían largas colas para conseguir productos básicos y sufrían una de las inflaciones más altas del planeta.
El caso sigue dejando una estela de bochornosas
acusaciones para la empresa, desde el pago de sobreprecios hasta
irregularidades en el manejo y la calidad de cientos de miles de
toneladas de alimentos. Para la oposición, que desde entonces
se mofa de la subsidiaria alimentaria de PDVSA llamándola "Pudreval",
este es un claro ejemplo de impericia y del despilfarro de miles de
millones de dólares.
Los responsables de la unidad alimentaria están
envueltos en un juicio por negligencia y peculado, mientras que PDVSA
recibió el escarnio público de tener que traspasar el control de una de
sus joyas de la corona al Ministerio de Alimentación.
"El dinero danza como el diablo en Venezuela, sin
control, sin contabilidad. Los que están bien conectados con el
Gobierno parecen haber apartado a un lado su brújula moral (...) y la
justicia venezolana no va a mover un dedo al respecto", escribió en su
blog Gustavo Coronel, ex director de PDVSA en la década de 1970 y
representante venezolano en la organización Transparencia
Internacional.
Pero para los defensores del
mandatario, estos casos son insignificantes o responden a intenciones
hostiles de "gobiernos imperialistas", como su archienemigo Estados
Unidos, que en los últimos años y con constantes diatribas políticas
como telón de fondo han sacado a la luz escándalos de corrupción que
involucran a venezolanos, desde funcionarios bancarios hasta empresarios
que tienen negocios con el Gobierno.
PDVSA PARA TODOS... Y PARA TODO
PDVSA PARA TODOS... Y PARA TODO
Desde la llegada de Chávez a la presidencia del mayor exportador de crudo de Sudamérica, hay pocas cosas que PDVSA no hace.
La firma construye viviendas y
carreteras, sostiene planes de educación y alimentación, financia
equipos de Fórmula 1 y a un premiado grupo de samba en el carnaval de
Río de Janeiro. Ante la multiplicación de objetivos,
la nómina de la estatal se disparó en los últimos años hasta superar los
110.000 trabajadores -60 por ciento más que hace 10 años-, mientras su
deuda financiera está en máximos históricos y su producción en mínimos
de los últimos ocho años.
"En sociedades pobremente
gestionadas, las petroleras nacionales tienden a ser las organizaciones
más eficientes, por lo que el gobierno les asigna más trabajos en vez de
dejarlas enfocarse en ser mejores compañías petroleras", dijo
recientemente a periodistas Jeffrey Davidow, director del Instituto de
las Américas en la Universidad de California y ex embajador de Estados
Unidos en el país caribeño.
Como ejemplo, Davidow relató que altos ejecutivos
de PDVSA descartaron en el último minuto su participación en un
importante encuentro energético regional en mayo alegando que estaban
muy ocupados en la llamada "Gran Misión Vivienda". Ese es el proyecto con el que el Gobierno espera
construir 350.000 casas nuevas antes de las elecciones presidenciales
del año que viene.
Pese a las críticas, las autoridades
se muestran orgullosas de la evolución de PDVSA, clasificada como la
cuarta mayor petrolera del mundo por el prestigioso índice "Petroleum
Intelligence Weekly". Ese índice destaca sus enormes
reservas y su capacidad de producción, refinación y ventas y con unos
activos crecientes tras las masivas nacionalizaciones del sector
petrolero venezolano desde el 2006.
Sin embargo, no todos ven a la empresa de ese modo.
Tras acumular en el 2010 una deuda récord con sus proveedores de casi
11.000 millones de dólares, ni los explosivos precios del crudo del
primer semestre detuvieron el veloz endeudamiento de PDVSA, que sólo
este año ha realizado operaciones de deuda por unos 8.000 millones de
dólares para financiar gasto corriente.
También puso nuevamente en garantía sus
exportaciones de crudo para renovar un préstamo por 4.000 millones de
dólares con China.
Además, se espera que próximamente un tribunal
arbitral internacional falle sobre las estatizaciones de los activos de
Exxon Mobil y ConocoPhillips en Venezuela, lo que podría agregar
multimillonarios pasivos adicionales para la compañía.
UN PESADO PLAN
Con un ambicioso plan de negocios por delante de
más de 100.000 millones de dólares, de los que PDVSA tendrá que aportar
más del 70 por ciento, la compañía espera comenzar a revertir la caída
del bombeo este mismo año, tras declarar en "emergencia" a los proyectos
de la Faja Petrolífera del Orinoco, una vasta región que se extiende
por todo el sureste del país, donde yace el grueso de sus reservas de
crudo.
La tarea no será fácil. PDVSA debe desarrollar casi
desde cero la región del Orinoco, carente de infraestructura básica y a
decenas de kilómetros de las ciudades pobladas, antes de acelerar sus
proyectos petroleros.
Los críticos del mandatario creen que la
"emergencia", que permite a la petrolera estatal asignar contratos sin
tener que pasar por largas y engorrosas licitaciones, generará más
opacidad y despilfarro.
PDVSA se ha aliado con petroleras internacionales
como la estadounidense Chevron Corp, la española Repsol-YPF, la
italiana Eni, la rusa Rosneft y la china CNPC - así como con otras
firmas menores desde vietnamitas hasta rusas- con la meta de agregar en
siete años más de 2 millones de barriles por día (bpd) a la actual
producción de crudo, que suma unos 2,8 millones de bpd.
Poco parece haber importado a las multinacionales
las recientes estatizaciones y el inestable marco jurídico del país
sudamericano.
Todas quieren estar en el Orinoco.
Sin embargo, casos como el fraude en el fondo de
pensiones ponen de relevancia las cada vez mayores dificultades que
tiene PDVSA para gestionar eficientemente sus vastos recursos: ni más ni
menos que las mayores reservas petroleras del planeta.
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