En
Bolivia, al igual que en Venezuela, se utiliza al poder judicial como
una herramienta de persecución a los opositores, que ha dado como
resultado varios presos políticos. Estos casos presentan elementos
comunes que demuestran que se ha transgredido el derecho al debido
proceso en el sentido reconocido en la legislación boliviana y en las
normas internacionales de derechos humanos.
Como características que se presentan con mayor frecuencia en este perfil de casos, se pueden mencionar los siguientes:
Varias
de las detenciones de las personas que se encuentran reclusas fueron
mediante secuestros y en varios casos posteriores torturas, sin que para
tal detención existan órdenes judiciales de autoridad competente[1];
Inicio
inmediato de la investigación penal después de haberse pronunciado
públicamente algún alto funcionario del gobierno nacional señalando a
determinada persona como delincuente y culpable de graves delitos, sin
respetarse el derecho a la presunción de inocencia[2];
Una
vez formulada la acusación por algún alto cargo del gobierno, el
Ministerio Público y los órganos de investigaciones penales desarrollan
la investigación con una diligencia que se echa en falta en otros casos.
Se
viola la jurisdicción de los jueces que deberían conocer las causas, ya
que los procesos son trasladados a diferentes distritos, desconociendo
normas legales vigentes en Bolivia, que regulan la competencia de los
tribunales en cada caso.
En
los casos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Procedimiento Criminal, se desconoció el “Caso de Corte”, que hubiera
sido el procedimiento aplicable al tratarse de autoridades
departamentales electas.
Se
recurre sistemáticamente a medidas cautelares de detención preventiva y
anotación preventiva de todos los bienes de los imputados, sin que
exista en la mayoría de los casos riesgo de fuga o de obstrucción a la
investigación. La detención preventiva es utilizada como medida para
apartar a la persona de la vida pública.
Violación
de los derechos de los detenidos cuando éstos son confinados sin
ninguna clase de asistencia legal y son puestos a disposición judicial
solo varias semanas después de su detención.
Negación
o retardo en la concesión de la cesación de detención preventiva y
otras medidas preventivas. Los retrasos en la apertura de juicio son con
frecuencia de más de dos años, límite fijado para la detención
preventiva en el ordenamiento procesal boliviano.
Consecuencia
del apartado anterior es que se produce un considerable retraso de la
justicia, ya que sólo una pequeña minoría de los detenidos mencionados
en estas páginas tiene sentencia judicial firme.
La
lista de las personas que se encuentran en esta situación de detención
en Bolivia en la actualidad que hemos podido recopilar comprende a
catorce personas: Leopoldo Fernández Ferreira; Felipe Alejandro Moza
Segundo; Evin Ventura Vogth; José Vaca; Alberto Melgar; Hernan
Justiniano Negrete; Jorge Melgar Quete; Danilo Huari Cartagena; Marcelo
Mejido Flores; Gerardo Aliaga Paredes; Juan C. Santistevan Lopez; Gary
Prado Salmon; Roberto Rea Ruiz; y Zoilo Salces Sepulveda.
Es muy ilustrativo para conocer lo que son los presos políticos en Bolivia explicar las circunstancias de algunos de ellos:
Caso
de Leopoldo Fernández: Leopoldo Fernández es uno de los principales
líderes opositores de Bolivia. Este antiguo prefecto de Pando fue
detenido por razones políticas en septiembre del 2008, y acusado por el
gobierno, junto con otras 25 personas, de los hechos del Porvenir[3].
Leopoldo Fernández está siendo juzgado y detenido en La Paz, violando
la jurisdicción de los jueces y el “Caso de Corte”, del que debería
gozar como autoridad, dentro de un proceso viciado y que hasta la fecha
se encuentra sin sentencia[4].
El gobierno ha permitido a Fernández recibir visitas en la cárcel,
incluido observadores internacionales, pero no ha permitido a la prensa
entrar en la prisión para entrevistarle como parte de su campaña
electoral para las elecciones generales[5].
El tribunal ha denegado la solicitud de cesación de la detención
preventiva de Fernández, pese a que ha transcurrido el plazo máximo
previsto en la normativa. Además, Fernández ha sido trasladado a la
cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en que está detenido junto
con personas que ya cumplen sentencia penal firme.
Caso
de Felipe Moza: Felipe Moza es líder cívico del Sur de Bolivia
(Villamontes), detenido por razones políticas desde noviembre de 2008
por la supuesta voladura de un gasoducto durante las manifestaciones por
la defensa de la autonomía regional y los recursos de los impuestos de
hidrocarburos. Felipe Moza está siendo juzgado y detenido en La Paz, en
un proceso que no respeta la jurisdicción, ni las garantías
constitucionales. Después de tres años de detención preventiva no cuenta
ni siquiera con acusación formal. Se trata, por tanto, de una detención
ilegal. Se da, además, la circunstancia de que de cinco co-acusados,
tres ya han sido puestos en libertad: Felipe Moza sigue detenido porque
se negó a involucrar a Mario Cossío, entonces gobernador de Tarija, en
el atentado[6]. También José Vaca sigue detenido.
Caso
de Alberto Melgar: Alberto Melgar es ex presidente del Comité Cívico
del Beni, detenido por razones políticas desde octubre de 2010 por la
supuesta relación con el grupo del supuesto terrorista Eduardo Rozsa,
detenido actualmente en la cárcel de “Palmasola” en el contexto de un
proceso legal irregular que viola el derecho de la presunción de
inocencia y garantías constitucionales. El caso se encuentra todavía
pendiente de tramitación.
Caso
de Jorge Melgar Quete: Jorge Melgar Quete fue encarcelado después de su
detención en octubre de 2008 por haber públicamente llamado a la
“liquidación” del Presidente Morales. La oposición política en Bolivia
mantiene que Melgar fue detenido por difundir un video del Ministro de
Presidencia Juan Ramón Quintana, en que se llamaba al “entierro
político” del entonces gobernador de Pando, Leopoldo Fernández
PARA MAS INFORMACION CONSULTAR LA PAGINA www.liberenlaverdad.org
[3]
Vid. “Informe público de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia sobre los hechos de
violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008”, de marzo de 2009.
[4] Vid. también la misma crítica a su procesamiento hecha por Freedom House en su informe sobre Bolivia de 2010, disponible en http://freedomhouse.org.
[5] Cfr. Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 2009 Human Rights Report - Bolivia, disponible en http://www.state.gov.
[6] Vid. “La dictadura se instaló de la mano de la democracia”, ABC Digital, 14 de febrero de 2011, disponible en http://www.abc.com.py/nota/la-dictadura-se-instalo-de-la-mano-de-la-democracia/.
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