En su declaración el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias pidió al Gobierno que María Lourdes Afiuni sea sometida a un juicio apegado al debido proceso y bajo el derecho de la libertad provisional.
LEDA PIÑERO | EL UNIVERSAL
jueves 14 de octubre de 2010 04:35 PM
Caracas.- El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó hoy al Estado venezolano la liberación inmediata de la jueza María Lourdes Afiuni, así como la reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas, el cual ejercía al momento de su detención.
El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias emitió un pronunciamiento en el que fijó su opinión acerca de la privación de libertad de la jueza, la cual calificó como "arbitraria" al contrariar los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cabe destacar que este pronunciamiento es el primero que hace la instancia de la ONU sobre un caso de este tipo.
En su declaración el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que Afiuni sea sometida a un juicio apegado al debido proceso y bajo el derecho de la libertad provisional.
Solicitaron también que al ser reubicada como juez 31 de Control de Caracas, le sean cancelados los salarios que ha dejado de percibir desde que se encuentra separada de forma "forzada" de su cargo.
Asimismo, piden para Afiuni "cualquier forma de reparación efectiva por los daños causados" a partir de la "detención arbitraria".
Solicitaron también que al ser reubicada como juez 31 de Control de Caracas, le sean cancelados los salarios que ha dejado de percibir desde que se encuentra separada de forma "forzada" de su cargo.
Asimismo, piden para Afiuni "cualquier forma de reparación efectiva por los daños causados" a partir de la "detención arbitraria".
El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no fue instalado sobre la base a un tratado legal internacional, por lo tanto, no tiene poderes que obliguen a un gobierno a emprender acciones o dejar de violar los derechos humanos. Su rol es ayudar a las víctimas y parientes que han sufrido detenciones arbitrarias a entablar procesos con los gobiernos involucrados.
Defensa espera liberación
Juan Garantón, abogado defensor de la jueza Afiuni, señaló además que el magistrado de la Sala Penal, Héctor Coronado, "tiene la obligación de pronunciarse y dejar en libertad" a su defendida, puesto que la sentencia de esa misma instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que acordó la medida cautelar de casa por cárcel para José Sánchez "Mazuco" sentó jurisprudencia al respecto.
Detalló que el pasado 8 de octubre, un día después que fuera dictada la sentencia que benefició a Mazuco, la defensa de Afiuni solicitó la misma medida cautelar para la jueza.
Detalló que el pasado 8 de octubre, un día después que fuera dictada la sentencia que benefició a Mazuco, la defensa de Afiuni solicitó la misma medida cautelar para la jueza.
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