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miércoles, 5 de febrero de 2014

DE LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LA CÁRCEL DE PUENTE AYALA

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Mariángela Velásquez
Siete detenidos y al menos dos dirigentes políticos en la clandestinidad fue el resultado de una protesta realizada al mediodía del domingo 2 de febrero frente al Centro Comercial La Vela, en la Isla de Margarita.
El día de la protesta
La manifestación que activó el aro de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a una cuadra del Hotel Venetur el domingo 2 de febrero se inició en una asamblea de ciudadanos convocada por la dirigencia regional de Voluntad Popular y Vente Venezuela. Bajo las consignas de “La Salida” y “La Calle Vence”, las organizaciones políticas de Leopoldo López y María Corina Machado programaron discutir las salidas constitucionales al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Pese a la divulgación que tuvo el “2F” a nivel nacional, la participación en Nueva Esparta fue escasa. Un opositor que pasó en su vehículo por la Plaza de las Banderas de Playa El Angel decidió no bajarse porque “allí lo que habían era 4 gatos”.
Gabriel Perozo, coordinador regional de Vente Venezuela, declaró antes de desaparecer en la clandestinidad que la intención de la reunión era debatir sobre un posible referéndum revocatorio, una asamblea nacional constituyente, invocar desobediencia civil bajo el artículo 350 de la Constitución o una reforma constitucional  para lograr una “salida del régimen”
“Estamos buscando participación porque aquí tiene que haber un cambio. Teníamos preparada una encuesta. Lo que deseábamos era oír a la gente”, expresó Perozo. “Un grupo decidió ir a Venetur cuando aún no habíamos terminado la asamblea. Me tocó quedarme a recoger las sillas y el audio”.
No se sabe a quién se le ocurrió la idea de marchar hacia Venetur. Unas versiones señalaron que los asistentes actuaron de manera impulsiva, obstinados por la inseguridad, el pronunciado desabastecimiento y el deterioro de la calidad de vida en Venezuela. Otros opinaron que la marcha la propiciaron infiltrados y que los dirigentes políticos cayeron una la trampa.
Decenas de testigos expresaron que los manifestantes nunca se acercaron a Venetur ni tuvieron contacto alguno con los peloteros cubanos. “Un piquete de la Guardia Nacional nos paró entre el Centro Comercial La Vela y la construcción de la segunda etapa”. El lugar retratado en las imágenes divulgadas en las redes sociales queda a una cuadra del nacionalizado Venetur, que anteriormente pertenecía a la cadena Hilton.
Un par de jóvenes fueron derribados a su llegada por funcionarios castrenses. “A mi hijo de 24 años lo revolcaron a patadas. Lo que le quedan son las marcas pero se dio cuenta que esos guardias están dispuestos a todo y que él no es de criptonita”, dijo margariteño que también estuvo en el lugar. Algunos testigos señalaron que los manifestantes provocaron con insultos a efectivos.
Roberto Fishler, de 68 años, se desplazó lentmente con su bastón desde la Plaza de las Banderas hasta Venetur. Al llegar a la esquina del centro comercial escuchó un “disparo de estruendo” y cayó de sopetón al suelo empujado por un Guardia Nacional. Fishler, indignado, se abrió la guayabera rompiendo los botones y le dijo al guardia: “Mátame”. Unas mujeres se interpusieron y lo ayudaron a levantar.
Un autobús de la Serie del Caribe pasó entre los manifestantes para continuar su camino al hotel. Los manifestantes dijeron que dentro del vehículo se encontraba el conductor y dos ocupantes y que no fueron agredidos. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, escribió en su cuenta de Twitter: “Grupo de fascistas protesta frente Venetur Margarita por alojar delegación del béisbol cubano. Agreden a huéspeded y apedrean vehículos”.
Izarra luego sentenció. “Grupo fascista que atente contra la Paz, deportistas o visitantes serán reducidos y apresados ejerciendo toda la fuerza democrática del Edo” (Sic).
Alrededor de las 3 p.m., la guardia disolvió la manifestación y detuvo al concejal suplente de Voluntad Popular del municipio Marcano David Corzo Ramos (32), y a los manifestantes Carlos Jiménez Ortega (25), Carlos Carrera Hernández (27), Jackson González Valero (34), Simón Rodríguez Marcano (52) y Nelson Hernández Quijada (52).
“A mi hermano lo detuvieron en la avenida Bolívar, después de que había abandonado la protesta. Entró en La Vela, estuvo viendo las tiendas y lo agarraron cuando salió”, dijo Katiuska Rodríguez, hermana de Simón Rodríguez, un contratista nacido en Pampatar. “Mamá lo bautizó con el nombre del maestro del Libertador”.
La minúscula protesta, comparada con la congregación de cientos de motorizados que obstaculizaron la avenida Francisco de Miranda en Caracas dos días antes, desató la ira de las autoridades. Maduro declaró después de las detenciones: “No se equivoquen, aquí no va a haber debilidad contra el fascista, tenga el apellido que tenga, llámese como se llame, llamo al castigo más severo a esta gente que agredió a la selección de béisbol de Cuba”.
Analistas coincidieron en que los manifestantes tocaron dos puntos de honor para el gobierno bolivariano: que la comunidad internacional fuera testigo del descontento de parte de la población por la crisis económica venezolana durante un evento importante como la Serie del Caribe y que hayan expresado rechazo público al proceso cubano.
Los detenidos fueron trasladados inicialmente a la estación del Instituto Neoespartano de Policía (Inepol) en Los Cocos, municipio Mariño, y reubicados en la sede del Servicio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el sector Sabanamar de Porlamar.
Los familiares que intentaron obtener información sobre el motivo de las detenciones, recibieron la misma respuesta de los funcionarios militares: “Están detenidos por orden presidencial”.
 Persecución del lunes
El gobernador Carlos Mata Figueroa repudió los hechos y señaló que los manifestantes sufrían de enanismo mental. El lunes en la mañana tuiteó que no permitiría agresiones contra los deportistas cubanos. “Ya tenemos detenidos y estamos buscando otros implicados, sabemos quienes están detrás de esto. Ya las instrucciones están dadas, no le vamos a permitir nada”.
El concejal de Volundad Popular en el municipio Maneiro, Giusseppe Difabio, fue detenido el lunes poco después de la advertencia de Mata Figueroa a la salida de la radioemisora Encuentro 88.7 al final de la avenida Santiago Mariño. Testigos señalaron que edil fue interceptado e introducido al vehículo sin mediar palabras y sin que se le presentara una orden de captura.
DiFabio no participó en la protesta porque viajó el fin de semana para tierra firme y regresó el domingo en la noche en una embarcación de Conferry.
El concejal de Voluntad Popular en el municipio Maneiro, Juan Bautista Mata, quien días antes denunció fallas estructurales en la tribuna B del Estadio Nueva Esparta, es buscado por las autoridades y se encuentra en la clandestinidad.
Perozo, que impulsaba las propuestas de María Corina Machado en Nueva Esparta, también es solicitado por el gobierno y su paradero es desconocido.
La presentación de los imputados

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 El martes en la mañana, el Palacio de Jusiticia de La Asunción fue tomado por funcionarios de la GNB para proteger las instalaciones judiciales durante el traslado de los 7 detenidos. La audiencia prevista para la mañana fue pospuesta para las 2:30 p.m.
Henry Jaspe, abogado de la ONG Nueva Esparta en Movimiento declaró que a los detenidos se les violó su derecho a la defensa porque estuvieron incomunidados durante todo el proceso.  Aseguró que sólo minutos antes de la audiencia pudieron hablar con los abogados y éstos finalmente leyeron los expedientes.
A pocos metros, unos 100 estudiantes de Medicina Integral Comunitaria de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), núcleo Nueva Esparta, protestaron para exigir la destitución del decano, Teniente Coronel Raúl Martínez, por presunta discriminación. Ni la policía ni la GNB interfirió en la manifestación y los estudiantes se dispersaron poco después de que Jiménez fue recibida por el gobernador.
Las medidas de seguridad se incrementaron a medida que transcurrió la tarde. Inepol trancó la avenida Constitución, rebautizada avenida Simón Bolívar en el 2010, donde se encuentran los tribunales, la Gobernación, Inepol, el Ipasme y varios colegios profesionales de la región. “No recuerdo haber visto una movilización militar tan grande en ningún juicio en este estado”, manifestó un abogado.
Al atardecer, 20 guardias y 10 policías custodiaban el Palacio de Justicia de unos 50 familiares y periodistas que esperaban por información del abogado defensor Diómedes Potentini. El litigante, vestido con traje, camisa y corbata negra, salió visiblemente molesto y se reunió con los familiares, quienes rompieron en llanto al escuchar la situación de los detenidos.
Los siete imputados por la fiscal 14° , Erathy Salazar, fueron acusados de los delitos de instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. El tribunal segundo de control del estado Nueva Esparta les dictó medidas privativas de libertad y decidió que serían trasladados al Centro de Internamiento Puente Ayala, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, por razones de “seguridad de estado” mientras termina la Serie del Caribe.
Luego regresarán al Penal de San Antonio, en el municipio García de la Isla de Margarita, para ser juzgados.
El abogado Luis Tarbay, otro representante de Nueva Esparta en Movimiento, que asesora legalmente a los familiares de los detenidos, expresó que con esa decisión, el estado sataniza el derecho a la protesta con el claro objetivo de que la gente se abstenga de ejercer su derecho a la manifestación.
“Esto es gravísimo. Es un golpe tremendo para la familia neoespartana, el desconcierto de los familiares es total, no se esperaba esta decisión. La intención de estas personas nunca fue agredir a un equipo deportivo, pero esa fue la matriz de opinón que se generó. Nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar ahora desde el punto de vista de los derechos humanos”, expresó Tarbay.
Un convoy blindado salió del Palacio de Justicia con los detenidos alrededor de las 6:30 de la tarde. Algunas mujeres gimieron y se desplomaron al ver el vehículo ocupado por sus seres queridos, otras aplaudieron y les gritaron “valientes”.
Emilio Rodríguez, pescador de 47 años, denunció entre sollozos el juicio injusto levantado contra su hermano y pidió al presidente Maduro una audiencia para conversar como partidario del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre los graves problemas de inseguridad que vive el estado Nueva Esparta.
“Mi nombre es Emilio Luis Rodríguez Marcano, tengo 47 años, soy el hijo cuarto de la señora anastasia, madre del joven Smón Rodríguez. “Fue detenido en la avenida bolivar por una delegación de la Guardia Nacional y trasladado para levantarle un juicio injusto. Porque está bien que uno cometa una falta, pero tampoco así. Yo soy chavista hasta la pata, toda la vida he defendido al presidente de la República, y lo seguiré defendiendo, yo lloré a Chávez, yo quiero a Maduro pero el juicio tenía que ser justo, como tiene que ser. Le digo a Maduro que tuve el placer de hablar dos veces con el presidente Chávez. Me gustaría que me invitara como venezolano, como chavista, para hablar sobre la seguridad del estado Nueva Esparta, donde se mata más gente, donde hay mayores crímenes que el que acaba de cometer mi hermano. Porque ahora nos trasladábamos en una lancha desde Cayena, y llegaron unos botes fantasma, que se ubican en la cabecera de Los Viejitos y los Testigos, y mataron a un compañero que tenía casi 100 días que no venía a su familia, y a eso nadie le ha hecho justicia hasta el sol de hoy. Todavía no saben ni quien los mato. Supuestamente tenían localizado a los responsables, pero todavía nadie le ha sacado las patas del barro a ese pobre viejo”.
“Busquen las pruebas como tienen que ser pero no los vayan a matar. No lo meten preso a él, destruyen a una familia muy unida, matan a mi madre de 81 años que se me está muriendo del dolor”, concluyó Rodríguez.
Trascendió que los 7 margariteños llegaron al estado Anzoátegui a las 2:00 a.m. del miércoles en una embarcación de la armada.
La visita arriesgada de Leopoldo
El líder nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, convocó una asamblea el martes a las 3:00 p.m. en la Plaza de las Banderas para exigir la liberación de los detenidos. Mucho se especuló sobre el riesgo que corría el dirigente político de ser detenido en Margarita si a los manifestantes se les imputaba cargos contemplados en la  Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Pero eso no sucedió.
López animó a los que se aventuraron a participar en la asamblea. Aseguró que no se iba a esconder y que venía a Margarita a dar la cara “porque la salida a la crisis es la calle”.
Ya entrada la noche una comisión del Sebin revisaba las carteras y las maletas de todo el que entraba y salía de un edificio ubicado en Costa Azul donde reside la familia de uno de los detenidos. “¿Ustedes llevan armas?”, preguntó un funcionario a un equipo reporteril de un diario local que deseaba entrevistar a López.
El dirigente de VP aseguró que no tuvo ningún impasse con la policía política  y regresó sin contratiempos a Caracas.
Se conoció que María Corina Machado siguió paso a paso desde Caracas la situación de los detenidos en Margarita y criticó su traslado hacia Anzoátegui a través de las redes sociales. “Mandar a la cárcel de Puente Ayala, conocida como “El Infierno”, es tratar como terroristas a venezolanos que protestan por la soberanía del país”.
Alí Romero, secretario general del Movimiento Tupamaro, aseguró que ningún miembro de su organización se infiltró entre los opositores para incitar la protesta, aunque admitió que estuvo en el lugar y aplaudió las imputaciones. “Les faltó calificar el delito de obstrucción de la vía pública”.



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