Caracas, 29 de enero de 2012.
La periodista en el exilio, Patricia Poleo, revela en su columna Factores de Poder de este domingo en 6to Poder sobre las razones para que Hugo Chávez lanzara al matadero a Maduro nombrándolo candidato en un estado como Carabobo, donde no tendría oportunidad de ganar.
A continuación reproducimos para ustedes FACTORES DE PODER de Patricia Poleo:
Desde que Hugo Chávez sacó del congelador a Diosdado Cabello restituyéndole el poder político -porque aún mantenía el militar y el económico- se ha desatado un sinfín de análisis acerca de las razones que tuvo el Comandante Presidente no sólo para reactivar a Diosdado, sino para defenestrar a un sector del chavismo representado por Nicolás Maduro y Elías Jaua.
La realidad es más simple y doméstica de lo que muchos análisis concluyen. En los inicios de la crisis de salud de Hugo Chávez, Maduro -quien había sido testigo presencial del diagnóstico en Cuba- comenzó a mover sus piezas para, en el momento de la fatal eventualidad, estar en el lugar preciso y asumir el poder que quedaría en un vacío.
Una vez operado, Chávez dio instrucciones precisas a Maduro de que dejara de actuar en función de su inminente muerte, pues ya él estaba en recuperación. A pesar de esto, Maduro continuó realizando reuniones, y él y su grupo participaron en varias conversaciones dirigidas a aglutinar apoyos a un chavismo sin Chávez.
Diosdado Cabello, que permanecía en ese momento en el congelador, desprovisto de todo poder y privilegios, se encargó de grabar a Nicolás Maduro y a sus aliados en varias de las gestiones que realizaron para sustituir a Hugo Chávez, y en reunión privada con el Presidente le entregó las pruebas de que la lealtad de Maduro no era tal, y de que a pesar de que Chávez ya estaba en funciones intentando demostrar su recuperación, Maduro continuaba haciendo planes para sustituirlo.
Esta, y no otra, fue la razón para que Hugo Chávez lanzara al matadero a Maduro nombrándolo candidato en un estado como Carabobo, donde no tiene oportunidad de ganar, y fue lo que inspiró al Presidente para, entre otras cosas, darle de baja a una de las piezas fundamentales de Maduro, Cilia Flores, quien a pesar de la lealtad de la pareja sigue estando en la fila política de Maduro. En el camino se quedarán figuras anónimas que están distribuidas en cargos públicos, sobre todo en la Asamblea Nacional, y que correrán con las consecuencias de demostrarle lealtad a Maduro por encima de Hugo Chávez.
MÁS ESCÁNDALO CON CASO BANDAGRO
El pasado lunes 23 de enero la Suprema Corte de los Estados Unidos sacudió titulares de periódicos impresos y digitales, así como de noticieros de radio, televisión y demás: Rechazó un recurso interpuesto por el bufete norteamericano que representa al gobierno venezolano en la disputa que se ventila por el caso Bandagro.
El recurso del Gobierno venezolano pretendía que el juicio se celebrara en Venezuela. La Suprema Corte primero le pidió la opinión al Procurador de los Estados Unidos, quien determinó que los tribunales de aquel país son los competentes. Seguidamente, la Corte sentenció en ese sentido. Cuatro millones de dólares le costó a Venezuela el inútil escrito elevado al Alto Tribunal.
Como se recordará, el 8 de agosto del 2003, el Ministerio de Finanzas -entonces a cargo de Tobías Nóbrega- emitió un dictamen reconociendo la validez de unos papeles que se le reclamaron como emitidos por banco estatal Bandagro y que se denominan "Notas Promisorias".Para este pronunciamiento, el Ministro envió a Estados Unidos y a Suiza sendas misiones para verificar la certeza de dichos títulos, e incluso a Suiza, que es donde estaba el mayor número de dichos papeles, y ofició a la embajada venezolana en Berna para que prestaran auxilio a dicha misión, lo cual ocurrió.
Siguiendo los procedimientos legales, MinFinanzas remitió el expediente a la Procuraduría General de la República, que estaba a cargo de la abogada Marisol Plaza Yrigoyen para que ejerciera sus funciones de segunda instancia administrativa, y ella, 50 días después, como lo permite la ley, emitió su propio dictamen, que también estableció la validez y legalidad de las Notas Promisorias. Por ley, este pronunciamiento tiene los efectos de sentencia definitiva y firme en lo administrativo, lo cual significa que el Estado se constituyó en deudor del paquete de Notas Promisorias bajo reclamo de pago: 1.075 millones de dólares.
Después de tales pronunciamientos el mismo gobierno que reconoció adeudar dichos títulos, se negó a pagarlos aduciendo que son falsos. Los tenedores demandaron el pago en Estados Unidos y en Suiza. Los juicios llevan ya más de siete años en curso con el alto costo que esto implica. Grandes bufetes han sido contratados por el gobierno, para lo cual se han erogado cientos de millones de dólares sin que se conozca sistema de control alguno al respecto, y sobre lo cual se tejen fuertes sospechas de negociados que enriquecen ilegalmente a algunos funcionarios públicos.
Los litigios que transcurren tienen como común denominador la defensa de que los bonos son falsos, pero a eso se opone el reconocimiento que se hizo, según antes se explicó.
Los más altos tribunales de Estados Unidos y de Suiza han dictaminado en contra del gobierno venezolano en el sentido de la jurisdicción, pues mientras éste la reclama para sí, la Suprema Corte de los Estados Unidos y el Tribunal Federal Suizo han ratificado la competencia de sus propios tribunales.
El gobierno venezolano ha tratado de apagar esos fuegos apelando al terrorismo judicial, metiendo a la cárcel a quienes reclamen el pago de lo que les fue legalmente reconocido, pero esas medidas no impedirán que los tribunales extranjeros sentencien, y todo indica que sobrevendrán sentencias condenatorias por abultados montos, y con ello quedará expuesto ante el mundo el abuso de la persecución penal que, por cierto, no toca ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios gubernamentales que intervinieron en el reconocimiento.
Por otra parte, según entendidos en la materia, el gobierno venezolano tiene comprometida su responsabilidad por haber mentido en aquellos tribunales sobre la supuesta revocatoria del dictamen en una fecha falsa y sin atenerse a ningún procedimiento legal, eso es un intento de fraude a la justicia de los Estados Unidos y de Suiza donde hay poderes judiciales independientes, capaces y honestos.
DESIGNAN COMO CONTRALOR EN VALENCIA A INDIVIDUO INHABILITADO POR CORRUPTO
En la Contraloría Municipal de Valencia se produjo hace semanas una vacante del Contralor Municipal, que debía ser llenada de inmediato.
Como es lógico, los aspirantes al cargo debían llenar los extremos exigidos por la Ley Orgánica de la Contraloría. Varios ciudadanos optaron por la vacante.La sorpresa fue que el concurso lo ganó Rafael Arteaga, quien obtuvo una puntuación desapegada al baremo y las exigencias de la institución, además de que tiene serios impedimentos para ostentar el cargo.
Rafael Arteaga se había desempeñado ya como Contralor Interino de ese mismo municipio. Su gestión fue evaluada por la Contraloría General de la República y esa institución ordenó la intervención de la Contraloría Municipal, argumentando para ello haber detectado graves irregularidades en la gestión de Arteaga.
El Contralor General, mediante resolución 0100-00324 de fecha 8 de octubre de 2010, ordenó la intervención de la contraloría en las gestiones del ejercicio fiscal entre los años 2005, 2006 y 2007 y tal situación obedeció al informe de fecha 30 de noviembre de 2009 de donde se determina, entre otras irregularidades, que mientras estuvo encargado este ciudadano en calidad de Sub-Contralor y como Contralor Municipal (E) se hicieron pagos a contratistas sin la presentación de valuaciones, además de la adjudicación directa de contratos de servicios y bienes, no obstante que los montos ameritaban procesos de licitaciones. También se destaca en dicho informe remuneraciones al Contralor Municipal que excedían del monto establecido a la máxima autoridad del municipio, etc.
Esta joya fue el ciudadano a quien el jurado calificador premió con la obtención del cargo, a sabiendas de la situación que confrontaba, a pesar de que este mismo jurado fue informado oficialmente por la Contraloría General, según comunicación de fecha 8 de diciembre de 2011, signada con el Nº 08-01-2132, cuando este organismo se dirigió a los ciudadanos Mercedes Zarami, Malyuri Virgen y Luis Regalado García en su cualidad de Miembros Principales del Jurado Calificador del Concurso Público para la designación del Contralor o Contralora del Municipio Valencia del estado Carabobo.
En el mencionado oficio, al discriminar los nombres de los aspirantes al cargo, los cuales fueron investigados por el órgano rector, sólo mencionaron a Rafael Arteaga como imposibilitado de asumir el cargo, además aclara que quien detente el cargo debe velar por la buena gestión y la legalidad del uso del patrimonio público y, obviamente, el señor Arteaga, cuyo desempeño fue evaluado negativamente y, por ende, el órgano contralor fue intervenido en su gestión, no califica para el mismo.
Pero ¿qué pasó aquí? En Valencia, se sabe que dirigentes que ocupan el cargo de directivos del buró del PSUV realizaron actividades de presión sobre el jurado calificador que hizo caso omiso de la realidad, y lejos de descalificarlo le aumentaron los puntos haciéndolo merecedor del cargo.
La Cámara Municipal está punto de juramentarlo y el escándalo que hay en Valencia es de magnitudes por lo grosero del asunto. En Carabobo está instalado como jefe político del chavismo Francisco Ameliach, quien hasta la fecha, literalmente, ha hecho y deshecho junto a algunos dirigentes del PSUV regional, contrastando con la posición de otros miembros del mismo que ven con horror esta situación.
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