Por: Andrés Oppenheimer
aoppenheimer@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald
Aunque las nuevas restricciones de visas a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos anunciadas por Estados Unidos han sido recibidas con entusiastas aplausos por muchos en Venezuela y en Miami, me temo que estas nuevas medidas no tendrán un mayor impacto.
Antes de que les diga por qué, quisiera aclarar que no comparto en
absoluto los disparatados argumentos del gobierno venezolano de que
estas sanciones, dirigidas exclusivamente contra funcionarios vinculados
con la sangrienta represión de las protestas estudiantiles, constituyen
una intervención en los asuntos internos de Venezuela.
Cualquier país tiene el legítimo derecho de decidir a quién darle o
retirarle una visa. Estas no son sanciones económicas contra Venezuela,
sino contra dos docenas de funcionarios específicos, que ya no podrán
viajar a Disney World.
Según funcionarios estadounidenses, la lista de funcionarios venezolanos
no identificados incluye a ministros, asesores presidenciales y jueces
que estuvieron vinculados a la represión de las manifestaciones
estudiantiles de principios de año. Las manifestaciones dejaron un saldo
de al menos 43 muertos, 50 casos documentados de tortura y más de 2,000
arrestos ilegales, según Human Rights Watch.
Pero hay varias razones por las que temo que estas sanciones
individuales son demasiado tímidas, y demasiado vagas para ser
efectivas.
En primer lugar, no incluyen medidas para congelar las cuentas bancarias
de estos funcionarios venezolanos en el exterior. Las sanciones
deberían incluir el congelamiento de sus bienes y acciones en la bolsa
de valores de Estados Unidos y, sobre todo, la difusión pública de las
fortunas que han amasado desde que el difunto presidente Hugo Chávez
asumió el poder 14 años atrás.
Es algo que puede hacerse: cuando la Casa Blanca anunció en marzo
sanciones similares contra 11 funcionarios y oligarcas rusos
involucrados en la anexión de Crimea, la orden ejecutiva del presidente
Barack Obama específicamente incluyó retiros de visas y congelamiento de
bienes.
Un proyecto de ley del congreso estadounidense, copatrocinado por los
senadores Bob Menéndez y Marco Rubio que podría ser votado esta semana
en el Senado, pide el congelamiento de las cuentas bancarias, acciones
estadounidenses y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos de los
funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos
humanos.
Hay varios casos de millonarios chavistas —o “boliburgueses”— con
mansiones en Florida, algunos de ellos mencionados por su nombre en el
libro de Casto Ocando “ Chavistas en el Imperio”. Otros aparecen en una
lista de 23 “boliburgueses” dada a conocer por el Senador Rubio en mayo.
Según activistas de los derechos humanos, así como hizo falta revelar la
docena de cuentas bancarias internacionales del difunto dictador
chileno Augusto Pinochet para convencer a muchos de sus partidarios en
Chile de que no era un líder digno de apoyo, lo mismo debería hacerse
con los millonarios seudo-revolucionarios del gobierno venezolano.
La segunda razón de mi escepticismo es que las restricciones de viaje a
los funcionarios venezolanos anunciadas por el Departamento de Estado no
los identifican por su nombre, y no especifican si incluyen a sus
familiares.
Un funcionario estadounidense me dijo que según las leyes de inmigración
usadas para revocar las visas de los funcionarios venezolanos, estos no
pueden ser identificados. Sin embargo, cuando la Casa Blanca anunció la
revocación de las visas de los funcionarios rusos durante la crisis de
Crimea, los identificó por su nombre.
La tercera razón de mi escepticismo es que —en ausencia de medidas para
revelar y congelar las millonarias cuentas extranjeras de los
funcionarios venezolanos— las restricciones de visas le darán una excusa
al presidente venezolano Nicolás Maduro para “internacionalizar” la
crisis venezolana, que es exactamente lo que busca.
O sea, le dará una nueva excusa a Maduro para tratar de cambiar el eje
de la conversación, y hacer que en lugar de que se vea la crisis
venezolana como un conflicto interno entre un gobierno dudosamente
electo y la oposición, muchos la vean como una disputa entre Venezuela y
el “imperio”.
El régimen venezolano vive de hacerse la víctima, en parte para
justificar el hecho de que ha dejado a Venezuela en ruinas pese a ser
uno de los países más ricos del mundo, y de haberse beneficiado de la
mayor bonanza petrolera de la historia reciente del país.
Mi opinión: No hay nada de malo con dictar sanciones focalizadas contra
funcionarios violadores de los derechos humanos, tales como negarles
visas para entrar al país.
El asunto es si las restricciones de visas, sin medidas destinadas a
congelar los bienes de estos funcionarios en el exterior, serán
suficientemente efectivas como para justificar el haberle dado a Maduro
otra excusa para su campaña de victimización.
Mientras las sanciones de Estados Unidos sean focalizadas y dirigidas a
los funcionarios venezolanos, y no afecten al pueblo venezolano,
bienvenidas sean. Pero deberían ir más lejos, e incluir la congelación
de los bienes de esos funcionarios en el exterior, y los de sus
testaferros.
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