El comandante, que no dejaba de
aludir a la autonomía de Venezuela, confió a Cuba detalles de identidad
de todos los ciudadanos venezolanos
Una de las palabras favoritas del
extinto Hugo Chávez era soberanía. En la constitución que la Asamblea
Nacional Constituyente le hizo a la medida en 1999, el término es
incluido en el primer artículo. La palabra se repite 20 veces a lo largo
del documento, a diferencia de las seis de la constitución anterior
(1961). El discurso de Chávez está plagado de soberanía: alimentaria,
territorial, tecnológica, petrolera, económica, militar… Todos y cada
uno de los aspectos del “socialismo del siglo XXI” están revestidos de
soberanía. Cabe, por ello, contrastar el uso y abuso del termino en la
retórica, con la práctica, y hasta buscar el diccionario, no vaya a ser
que la Real Academia haya admitido un nuevo uso, chavista, y no nos
hayamos enterado.
Por el año 2000, Venezuela y Cuba, léase
Hugo y Fidel, firmaron un “Convenio Integral de Cooperación”, léase
Hugo se convirtió en el mecenas en jefe de la dictadura castrista.
Venezuela terminaría convirtiéndose en principal y único sostén
económico de Cuba. En los innumerables encuentros subsiguientes, los dos
líderes acordarían “ampliar y sistematizar la colaboración entre los
dos países”. Este mismo diario reportaría en 2010 el alcance de dicha
“colaboración”. Bajo ese marco legal es mucho lo que se ha hecho: miles
de médicos cubanos -sin certificarse debidamente- trabajan en Venezuela;
miles de barriles de petróleo -número exacto sujeto a todo tipo de
especulaciones- manteniendo a flote la depauperada economía cubana;
miles de “entrenadores” y asesores de seguridad de la inteligencia
cubana actuando como fuerza de ocupación en Venezuela; miles de casos de
injerencia cubana en asuntos de competencia exclusiva de Venezuela; es
decir hay muchos ejemplos, pero a la vez no hay ninguno.
Hoy traemos un caso concreto, con
nombres, responsabilidades, montos, y demás detalles. Para muestra, el
botón es un pacto llamado “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS, DE SEGURIDAD, DOTACIÓN DE MOBILIARIO y ADECUACIONES
ELÉCTRICAS Y DE REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA”. El mismo fue firmado por
Pedro Carreño, en aquel entonces Ministro del Poder Popular Para
Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), y José Javier Morales,
representante de la Fundación Misión Identidad, por la “Parte
Venezolana”, y Germán Sánchez Otero, Embajador de Cuba en Venezuela, y
Filiberto López Cosio, en representación de la Sociedad Mercantil ALBET
Ingeniería y Sistemas, un ente cubano.
El contrato es, en dos platos, un
ejemplo de lo que Hugo Chávez entendía por soberanía: ceder a Cuba el
“diseño, desarrollo, suministro e implementación de la solución
tecnológica integral para el sistema nacional de identificación del
ciudadano a través de una Cédula Electrónica que permita soportar el
modelo de prestación de servicios del “Gobierno Electrónico” de la
República Bolivariana de Venezuela, garantizando los suministros para el
primer año de funcionamiento, los Servicios Informáticos asociados para
el adecuado funcionamiento de la solución, la compatibilidad con los
sistemas ya instalados y el despliegue de la solución en todos las
dependencias de la Oficina Nacional de Identificación, Migración y
Extranjería (ONIDEX)”.
Es decir, Venezuela otorga poderes
amplios a Cuba -una dictadura comunista- confiando los detalles de
identificación de todos los venezolanos, y de paso, se compromete a
pagarle algo más de 172 millones de dólares. Para ponerlo aún más claro:
es Cuba quien decide qué subcontratista ha de desarrollar las nuevas
cédulas, por cuánto, y cuándo y de qué forma han de obtener los
venezolanos sus nuevas cédulas electrónicas. Espeluznante.
Entre los “considerandos” uno puede leer
afirmaciones sobre las misiones de MPPRIJ, entre cuyas
responsabilidades estaría “velar por la seguridad del Estado protegiendo
la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas y
promover la seguridad jurídica de la población a través de los órganos
encargados de la identificación y de los derechos humanos de los
ciudadanos”.
Pero donde abusan los redactores del
acuerdo de lo medianamente verosímil es en afirmar, siempre en los
“considerandos”, que “la República de Cuba posee experiencia en las
áreas de las tecnologías de información y comunicaciones”. Cuba es de
todo menos un polo de desarrollo de nuevas tecnologías de identificación
electrónica y/o comunicaciones.
Y es aquí donde debemos acudir a la RAE y
revisar la definición de soberanía, a ver si la misma da cabida a la
cosmovisión chavista. Quizás Hugo hubiese podido justificar tal acto, en
uno de sus discursos de ocho horas. Lo que ha quedado claro, es que la
concepción de soberanía chavista nada tiene que ver con la definición.
Que un estado que se hace llamar soberano, y cuyo líder pasó una buena
parte de los últimos 20 años de su vida pontificando sobre soberanía,
permita voluntariamente a un régimen dictatorial inmiscuirse en procesos
de cedulación para los cuales se requiere acceso a toda la data de
identificación de toda su ciudadanía es algo nunca visto, al menos en lo
que respecta a la historia republicana de Venezuela. Y que además pague
172 millones de dólares por ello es una afrenta, no a la soberanía de
Venezuela, sino al sentido común, pues Cuba de tecnologías modernas no
sabe nada.
Como para demostrar el punto, todos los
negocios de la dizque nueva cédula electrónica venezolana se cerraron en
La Habana, entre ALBET y subcontratistas seleccionadas por Cuba. ALBET,
el ente cubano responsable de “desarrollar” todo lo concerniente al
proyecto de cédula electrónica, no desarrolló absolutamente nada.
Simplemente acudió al mercado, con los 172 millones de dólares, a buscar
subcontratistas que si saben del tema. A La Habana fueron a parar
representantes de Bundesdruckerei y de Gemalto. En su empeño por asistir
económicamente a su ídolo, Hugo Chávez hizo un “outsourcing” de
corrupción a Cuba. El caso específico del sistema de cedulación presentó
para ALBET, un instituto con nula experiencia en proyectos del tipo,
una oportunidad de oro, amén de la posible transferencia de la data de
identificación de venezolanos a Cuba y tecnologías adquiridas con fondos
venezolanos.
De colofón, un ejemplo irrefutable de la
absoluta ausencia de estado de derecho (inexistente en Cuba) en la
Venezuela chavista: la cláusula decimocuarta del contrato, sobre
“solución de controversias” establece que “cualquier disputa,
controversia o reclamo que se derive de este contrato” tendrá como
última instancia para la resolución a “los Presidentes de las
respectivas Repúblicas”, léase Hugo y Fidel.
Cabe preguntarse, ¿para qué involucrar a
Cuba en procesos como los descritos? Y, ¿cómo puede reconciliarse tal
cesión de responsabilidades, de competencia exclusiva del estado
venezolano, con el discurso de soberanía chavista?
Tomado de @ELPAÍS
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