Fuente: UNIVISION /The Associated Press
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez
Torres, pidió el lunes que se muestren las pruebas de los ocho
funcionarios venezolanos, entre ellos dos generales activos y tres ex
oficiales, que han sido acusados por Estados Unidos de estar implicados
en actividades de narcotráfico.
"El que tenga una prueba que la muestre pues, porque yo puedo señalar de
terrorista, y de narcotraficante a quien me parezca, pero si yo no
tengo ninguna prueba eso no tiene ningún valor", dijo a la prensa
Rodríguez Torres al ser consultado sobre los casos de los venezolanos
que han sido señalados en los últimos años por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros, adscrita al departamento del Tesoro, de estar
vinculados al narcotráfico.
La dependencia estadounidense anunció la semana pasada que había
designado como narcotraficante al capitán retirado de la Guardia
Nacional, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, quien es señalado de
servir de intermediario entre capos colombianos como Daniel "El Loco
Barrera", y los carteles mexicanos como el de Sinaloa, los Zetas y el de
Beltrán Leyva.
Villarroel Ramírez enfrenta desde 2011 seis cargos relacionados con el
tráfico de cocaína en Nueva York, y es acusado de importar miles de
kilos de cocaína desde Colombia hacia México vía Venezuela entre enero
de 2004 y diciembre de 2009.
"El Loco" Barrera, quien fue considerado por el mandatario colombiano
Juan Manuel Santos el último gran capo de las drogas, fue capturado en
septiembre pasado en Venezuela y deportado poco después a su país. El
narco fue extraditado en julio a Estados Unidos donde era requerido por
tráfico de drogas.
Hace dos años la Oficina norteamericana designó como narcotraficantes al
general del Ejército Cliver Alcalá Cordones; el funcionario de
inteligencia, Ramón Madriz; al diputado Freddy Bernal; y el ex
representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, Amílcar
Figueroa, por presuntamente colaborar con la guerrilla colombiana de las
FARC en el tráfico de drogas y armas.
En 2009, emitió una medida similar contra el actual director General de
Contrainteligencia Militar, mayor general Hugo Carvajal Barrios; el
gobernador del estado Trujillo y ex ministro de Defensa, general
retirado Henry Rangel Silva; y el gobernador del estado Guárico, capitán
de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín.
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