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El empresario Nelson Mezerhane, quien tiene sobre sus espaldas una tradición centenaria que trasvasa a la IV y la V República, demanda al Estado venezolano ante una Corte de los Estados Unidos. Pretende que se le reparen los daños morales y patrimoniales que derivan de la violación por aquél de distintos de sus derechos, y no solo del derecho a sus propiedades, que se le confiscan por razones políticas sin mediar una justa indemnización.
El Procurador de la República, Carlos Escarrá, opta por la burla. Ofende al demandante acusándolo de delincuente y le basta. Olvida que cesa en sus tareas de parlamentario tremendista y le obliga su condición de representante y defensor de los intereses patrimoniales de todos los venezolanos; a pesar de que él y los suyos aprecien como propios tales intereses, susceptibles de ser dilapidados a capricho por el dictador.
El asunto que plantea Mezerhane es la punta del iceberg. Son complejos los aspectos jurídicos, formales y de fondo, que concita. Y el Procurador, en perjuicio de la República, posterga el significado de esa figura anglosajona de estirpe romana - el estopell - que debe conocer desde su paso por la universidad y se resume en el aforismo “venire contra factum propium non potest”. Una parte – en el caso la República que representa el Procurador - no puede contradecir en juicio sus propios actos o comportamientos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces o relevantes.
Es verdad que bajo el gobierno que nos rige a los venezolanos y ejerce por delegación de quien le dirige desde La Habana el dictador hoy enfermo, todo hecho o decisión de transcendencia internacional, menos todavía cualquier circunstancia que ocurra en los predios de lo que ambos tachan como el Imperio, les tiene sin cuidado.
La misma Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, integrante del coro femenino de la revolución, opta por el desacato ante la sentencia que recién adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en beneficio del precandidato presidencial Leopoldo López y condena al Estado. Le tiene sin cuidado el efecto posterior de su irresponsable postura.
No me detengo en la defensa de Mezerhane. Los hechos que lo afectan son palmarios y conocidos por la opinión pública. ¡Y es que la dictadura la comanda un bocazas, quien se ufana de sus dislates y al paso deja pruebas de todos ellos! No obstante, cabe recordar que al banquero y dueño de medios lo hacen preso como autor intelectual del homicidio del fiscal Danilo Anderson, mediante actas que forja el Ministerio Público a cargo del actual Embajador en Roma, Isaías Rodríguez. Tras las rejas lo presionan para que venda sus acciones en Globovisión. Luego le asaltan y confiscan, sin mediación judicial, las concesiones turísticas que posee y hasta lo acusan, junto a otros editores, de intento de magnicidio.
El mismo dictador, antes de arrebatarle el Banco Federal, le anuncia que si se inmiscuye en política y no le resuelve el problema del canal de noticias que comparte con Guillermo Zuloaga, se lo quita.
El Procurador de la República, Carlos Escarrá, opta por la burla. Ofende al demandante acusándolo de delincuente y le basta. Olvida que cesa en sus tareas de parlamentario tremendista y le obliga su condición de representante y defensor de los intereses patrimoniales de todos los venezolanos; a pesar de que él y los suyos aprecien como propios tales intereses, susceptibles de ser dilapidados a capricho por el dictador.
El asunto que plantea Mezerhane es la punta del iceberg. Son complejos los aspectos jurídicos, formales y de fondo, que concita. Y el Procurador, en perjuicio de la República, posterga el significado de esa figura anglosajona de estirpe romana - el estopell - que debe conocer desde su paso por la universidad y se resume en el aforismo “venire contra factum propium non potest”. Una parte – en el caso la República que representa el Procurador - no puede contradecir en juicio sus propios actos o comportamientos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces o relevantes.
Es verdad que bajo el gobierno que nos rige a los venezolanos y ejerce por delegación de quien le dirige desde La Habana el dictador hoy enfermo, todo hecho o decisión de transcendencia internacional, menos todavía cualquier circunstancia que ocurra en los predios de lo que ambos tachan como el Imperio, les tiene sin cuidado.
La misma Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, integrante del coro femenino de la revolución, opta por el desacato ante la sentencia que recién adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en beneficio del precandidato presidencial Leopoldo López y condena al Estado. Le tiene sin cuidado el efecto posterior de su irresponsable postura.
No me detengo en la defensa de Mezerhane. Los hechos que lo afectan son palmarios y conocidos por la opinión pública. ¡Y es que la dictadura la comanda un bocazas, quien se ufana de sus dislates y al paso deja pruebas de todos ellos! No obstante, cabe recordar que al banquero y dueño de medios lo hacen preso como autor intelectual del homicidio del fiscal Danilo Anderson, mediante actas que forja el Ministerio Público a cargo del actual Embajador en Roma, Isaías Rodríguez. Tras las rejas lo presionan para que venda sus acciones en Globovisión. Luego le asaltan y confiscan, sin mediación judicial, las concesiones turísticas que posee y hasta lo acusan, junto a otros editores, de intento de magnicidio.
El mismo dictador, antes de arrebatarle el Banco Federal, le anuncia que si se inmiscuye en política y no le resuelve el problema del canal de noticias que comparte con Guillermo Zuloaga, se lo quita.
Y pone en marcha la campaña que permite el despropósito y dirige su ex vicepresidente, José Vicente Rangel. Al final, antes que preocuparse de las acreencias de los venezolanos afectados, se “coge” los bienes de dicho banco y hasta los personales de Mezerhane. No es un secreto que el Banco Bicentenario y el Venezuela, obras suyas, son los beneficiarios de la tropelía y mediante pagos simbólicos o a precio de gallina flaca se hacen de los mismos.
El asunto que preocupa y debe ocuparnos, pues, es la consecuencia que sobre el patrimonio de Venezuela y sus ciudadanos tienen el conjunto indeterminable de los daños irrogados por el dictador a personas y propiedades que se le atraviesan en el camino o suscitan su codicia. Son inenarrables las confiscaciones ocurridas de bienes particulares durante los últimos doce años, los despidos y persecuciones sufridas por la familia petrolera, las cárceles padecidas por venezolanos quienes discrepan de su régimen, y las muertes a mansalva de ciudadanos para tapar crímenes de Estado, como las Masacres de Miraflores y Altamira y hasta el asesinato del hijo de la ex senadora Haydée Castillo de López Acosta.
Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a ser reparadas integralmente e indemnizadas. Es un principio de jurisdicción universal. La pregunta que cabe, una vez como Venezuela pague alguna vez por los delitos y arbitrariedades de su actual gobierno – pues los gobiernos pasan y ella permanece – es si acaso el dictador y sus empleados ¿pueden tomar las de Villadiego, sin más, como el Procurador quizás se lo imagina
El asunto que preocupa y debe ocuparnos, pues, es la consecuencia que sobre el patrimonio de Venezuela y sus ciudadanos tienen el conjunto indeterminable de los daños irrogados por el dictador a personas y propiedades que se le atraviesan en el camino o suscitan su codicia. Son inenarrables las confiscaciones ocurridas de bienes particulares durante los últimos doce años, los despidos y persecuciones sufridas por la familia petrolera, las cárceles padecidas por venezolanos quienes discrepan de su régimen, y las muertes a mansalva de ciudadanos para tapar crímenes de Estado, como las Masacres de Miraflores y Altamira y hasta el asesinato del hijo de la ex senadora Haydée Castillo de López Acosta.
Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a ser reparadas integralmente e indemnizadas. Es un principio de jurisdicción universal. La pregunta que cabe, una vez como Venezuela pague alguna vez por los delitos y arbitrariedades de su actual gobierno – pues los gobiernos pasan y ella permanece – es si acaso el dictador y sus empleados ¿pueden tomar las de Villadiego, sin más, como el Procurador quizás se lo imagina
Asdrúbal Aguiar
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