Por Manuel Malaver para La Razón
Via: Todos Unidos por Venezuela 
ONU Ginebra 2011 - el show del año
Que el chavismo admite que asiste a una cita difícil en la reunión
del EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en Ginebra, Suiza, lo revela, no solo la numerosa delegación
con que se hizo representar, sino que la misma estuviese integrada por
el canciller, Nicolás Maduro, el ministro del Interior, Tareck El
Aissami, la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, la Fiscal
General, Luisa Ortega Díaz, y la Defensora del Pueblo, Gabriela
Ramírez.
Y sin que uno solo de los “defensores de los derechos humanos” que
representan al gobierno en la reunión del EPU en Ginebra, Suiza, se
diera por aludido, deslizara el más mínimo gesto de rechazo a la
arbitrariedad de tan descalificado juez, sino que más bien, se lanzaron a
aplicar “su sentencia” con indisimulada crueldad y cinismo, y
decididos a llevarla a extremos que no se conocieron ni aun en las
peores dictaduras que asolaron al país durante los siglos XIX y XX.
Personajes todos que cada cual a su manera, y en el rol que les
corresponde como piezas en el engranaje del neototalitarismo, han
contribuido a que Venezuela sea una sociedad con acusado atraso en la
actualización de su estructura jurídica a las nuevas doctrinas sobre
tutela y defensa de los derechos humanos que rigen en el mundo, y
conozca esperpentos como las leyes de desacato, y por delitos de
conciencia, que generaron decenas de miles de víctimas en el curso de
las dictaduras que asolaron al Cono Sur del continente en las décadas de
los 80 y 90, y millones durante los 70 años que imperó el comunismo en
la Unión Soviética y sus satélites.
Por esas leyes se han perseguido y condenado en Venezuela a los
periodistas Gustavo Azócar, Rafael y Patricia Poleo, Pablo López Ulacio,
Ibéyise Pacheco, Marianella Salazar, Iván Ballesteros, Leocenis
García y Rafael Ramírez; a los generales Francisco Usón y Raúl Baduel, a
los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero; a los
políticos Alejandro Peña Esclusa y Oswaldo Álvarez Paz y se han cerrado
medios como Radio Caracas Televisión y 32 emisoras de radio, alegando
que a causa de que se les habían vencido las concesiones, pero en
realidad porque permitían frente a sus cámaras y micrófonos críticos a
la política oficial.
Pero la delegación de sui géneris “defensores de los derechos
humanos” que representa al chavismo en Ginebra también defiende, y ha
puesto su grano de arena, en la reintroducción en Venezuela de la
“exótica” doctrina jurídica (cara a los dictadores de todos los tiempos
y lugares) de que la “legislación nacional no puede ser afectada por
las decisiones que tomen los organismos multilaterales responsables de
la defensa de los derechos humanos a nivel global”, los cuales, pueden
decir misa, mientras que los acuerdos y convenios firmados y
refrendados por los parlamentos nacionales para convertirlos en leyes de
la República, pueden irse muy bien a lavar ese paltó, porque sobre
ellas “priva la soberanía y los intereses patrios”.
Anda por allá, en Ginebra, Luisa Estela Morales, la presidenta del
TSJ que presentó la ponencia por la que Venezuela se desincorporaba del
ordenamiento jurídico internacional, y que, además, recomendaba que
“Venezuela debía renunciar a pertenecer a organismos multilaterales
intrusivos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
OEA”, y al propio organismo en cuya reunión participa este fin de
semana en Ginebra: el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos de la
ONU.
En otras palabras: que cualquiera sea la decisión que se apruebe en
la reunión de EPU en Ginebra, Suiza, este fin de semana, para la
delegación y el gobierno venezolanos son “letra muerta”, ya que desde
hace tiempo son consistentes con el principio de que no están
obligados a cumplir leyes y sentencias que trasgredan la “soberanía
nacional”, que para Chávez y sus conmilitones, no es otra cosa que
la “soberanía de la revolución”.
Para verificarlo un caso reciente: el del exalcalde del Municipio
Chacao, de Caracas, Leopoldo López, condenado a perder sus derechos
políticos durante 15 años por una decisión administrativa de la
“Contraloría General de la República”, organismo que no está facultado
para ello según la Constitución Nacional, y por tanto, objeto de una
sentencia de la CIDH que le restituye sus derechos, pero que el
gobierno, a través del TSJ, se niega a cumplir, alegando que se “trata
de una intromisión en los asuntos internos de un estado soberano.
También debo referirme a la situación del colega periodista, Leocenis
García, director del semanario “Sexto Poder”, preso desde hace dos
meses por haber publicado una nota humorística que las funcionarias que
presiden los Poderes Públicos, y están en su mayoría presentes en la
reunión de EPU, “juzgaron lesivas a su honor”, cerrando el medio
temporalmente, librando una orden de captura en su contra que lo
mantiene recluido en un calabozo de un organismo policial, sin que se le
formule el beneficio de ser juzgado en libertad que le corresponde en
caso de ser encontrado culpable, previo juicio, por un tribunal.
Habría que hablar también del diputado, José Sánchez Montiel, Mazuco,
electo por el estado Zulia por una amplia mayoría de electores en las
comicios parlamentarias de 26 de septiembre pasado, y a quien, de nuevo
contraviniendo la “Constitución y las Leyes”, el TSJ le negó el derecho
a ejercer su diputación y lo mantiene prisionero de acuerdo a una
legislación espúrea que no encuentra precedentes sino entre estados
forajidos y al margen de la ley.
Por último, quiero referirme al caso de los directivos de Econoinvest
Casa de Bolsa, de otras entidades financieras y de los cientos de
venezolanos que han tenido que huir del país para ponerse al abrigo de
leyes aprobadas para perseguirlos y tenerlos entre rejas por delitos no
establecidos en leyes y códigos preexistentes, ejemplos también de
cuán respetuosos de los derechos humanos son estos representantes de los
Poderes Públicos venezolanos que según el canciller Maduro fueron a
Ginebra a demostrar: “Que Venezuela está inmenso en un gigantesco
esfuerzo por construir un estado democrático”.
Aspiración que de ser cierta, no es en absoluto la que desean el
canciller Maduro y el presidente Chávez para los pueblos libio y sirio,
pues respaldan sin restricciones a los carniceros, Muamar Gaddafi, y
Bashar al Assad, el primero escondido y huyendo de los rebeldes libios
que lo persiguen para llevarlo a tribunales internacionales que lo
juzguen por crímenes de lesa humanidad, y el segundo acosado por los
demócratas de su país que no tardarán en derrocarlo y cobrarle las
innumerables masacres que comete a diario contra hombres y mujeres cuyo
único delito es querer vivir en paz, libertad y democracia.
Pero es que otros estados forajidos, o condenados por la ONU por
terroristas, como pueden ser los de Mahmud Ahmadinejad de Irán, Robert
Mugabe de Zimbawue, y King Jon-il en Corea del Norte, también gozan del
respaldo entusiasta de estos “demócratas” venezolanos que, al parecer,
se esfuerzan porque la comunidad internacional no los expulse de su
seno, pero no tienen empacho en avalar tiranos que tratan a sus
ciudadanos, no como seres humanos, sino como bestias salvajes.
O puede ser que Chávez y sus mentores, los dictadores cubanos, Raúl y
Fidel Castro, estén experimentando con crear una comunidad
internacional donde el respeto a los derechos humanos no se juzgue en
base a principios que solo pueden ser generales y universales, sino de
acuerdo a particularismos, singularidades y excentricismos que
prescriban, incluso, que la esclavitud puede reasumirse porque existe
en las costumbres y “cultura” de un país.
Lo mismo que la exclusión de la mujer de los derechos que se admiten
para los hombres, el trabajo infantil, y el racismo contra extranjeros o
nacionales que no compartan las ideas, políticas o religión de los
gobiernos establecidos.
Una casuística que también aplicaron Stalin, Mao, Mussolini, Hitler,
Franco, Pinochet, Videla, y los hermanos Castro con las gigantescas y
masivas violaciones de los derechos humanos que ya se conocen.
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