Censo 2011 – desconfianza total

Arranca hoy el Censo 2011. Pronosticó un fracaso retundo por la desconfianza y recelo que siente el ciudadano. Se argumenta que el cuestionario seria esencialmente el mismo de censos pasados, sin embargo, varias preguntas atentan contra la privacidad y confidencialidad del venezolano. Las preguntas son arbitrarias e invasivas. Esta época Chavista ha tenido al menos dos experiencias, donde lo originalmente confidencial resulto luego de dominio público. Si consideramos el marco de total inseguridad que vive Venezuela, como política de Estado dirigida por el Presidente Chávez, el asunto adquiere proporciones gigantescas de desconfianza.

Tales dos experiencias son la denominada Lista Tascón y las grabaciones telefónicas ilegales que se hacen luego públicas en programas del canal del Estado, VTV, con el apoyo del Presidente de la República, y sin que los organismos jurisdiccionales del Estado investiguen esos hechos abiertamente inconstitucionales. ¿Cómo un funcionario del Estado tiene el “tupé” de decirnos que contestar el cuestionario es un “deber moral”? ¿Debemos confiar así no más en cualquier funcionario de esta administración? ¿Debemos confiar en Eljuri, Presidente del Instituto Nacional de Estadística

El cuestionario no lo aprobó la Asamblea Nacional, como exige la “Ley de la Función Pública de Estadística” (2) en su artículo 54, ordinal 5: “La elaboración del Censo Nacional de Población y vivienda será competencia del INE y su aprobación le corresponde a la AN”. ¿Qué hacer sin caer en la arbitrariedad e ilegalidad de esta administración chavista? El artículo 9 de la citada ley da la respuesta: Cualquier dato, personal o familiar, que nosotros los ciudadanos consideremos que es íntimo NO ES DE SUMINISTRO OBLIGATORIO. Cito el texto completo: “Artículo 9º. Los datos referidos al origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones ideológicas, morales o religiosas y, en general, las referidas al honor ya la intimidad personal o familiar no son de suministro obligatorio y sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados”.

El anterior artículo está en línea con el artículo 60 de la Constitución : “Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”.

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