En el día de hoy 10 de diciembre de 2010, a un año de mi arbitraria detención, me dirijo a ustedes a fin de expresarles una vez más mi voluntad de mantenerme de pie, aun en las peores circunstancias.
Como todos sabemos el 10 de diciembre se celebra el día mundial de los derechos humanos. En ese mismo día hace exactamente un año fui privada de mi libertad de forma ilegal por haber dictado una decisión judicial dentro del estricto marco de mi competencia en una causa penal. Dicha decisión la adopté soberanamente con base en el Código Orgánico Procesal Penal y tomando en consideración una recomendación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, donde se establecía entre otras cosas que, la privación de libertad que sufría el ciudadano Eligio Cedeño era arbitraria ya que contravenía disposiciones contenidas en instrumentos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, y en consecuencia, se recomendaba al Estado Venezolano la concesión de la libertad provisional del justiciable hasta la terminación del juicio, adoptando medidas para que ese proceso penal no sufriera nuevas dilaciones indebidas.
Como siempre he señalado, la decisión que dicté como jueza el día 10 de diciembre de 2009 a favor del mencionado ciudadano venezolano, es la misma que hubiera dictado ante cualquier justiciable, ya que para esta juzgadora la justicia no tiene nombre, ni condición social, ni motivaciones políticas, ni de género, ni religiosa. Para esta juzgadora la justicia es una sola y es la que se le aplica a cualquier persona de acuerdo a los hechos y al derecho, sin importar de quien se trate. No obstante todo lo anterior, me encuentro detenida y acusada por la comisión de varios delitos carentes de todo fundamento, emitida sobre la base de un procedimiento plagado de vicios e irregularidades, de violaciones al debido proceso, fundada en una mentira, en una insensatez jurídica, en el cumplimiento de una mera orden política. El propio Ministerio Publico a viva voz señaló ante el Tribunal que no se determinó durante la investigación que yo hubiera obtenido dinero alguno o beneficio económico o alguna promesa a cambio de la libertad condicionada que legalmente le concedí a un ciudadano venezolano. Juro ante Dios y ante la Patria que soy inocente y que sólo cumplí con mi deber como jueza. Pero mi caso es sólo un ejemplo vivo de un acto deplorable para el poder judicial que desdice lo que debería ser una correcta y sana administración de justicia independiente e imparcial para las personas.
Durante todo este tiempo de mi detención como es del conocimiento nacional e internacional, he sido objeto de un sin fin de violaciones de derechos constitucionales y legales, inclusive de los derechos humanos más elementales de toda persona, como son el derecho a la salud, el derecho a la religión e inclusive el derecho a recibir la luz del sol. Asimismo como mujer he sido víctima de hechos constitutivos de delitos graves contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida Libre de Violencia.
Como señalé inicialmente mi caso es un hecho lamentable, no sólo para la jueza María Lourdes Afiuni Mora, sino para el Poder Judicial Venezolano, por cuanto se desnuda su propia integridad y se sienta un precedente terrible, de consecuencias inimaginables para toda la justicia venezolana.
En definitiva, más allá de mi detención, quien se encuentra encarcelado, quien se encuentra maltratado y quien se encuentra secuestrado, es el Poder Judicial y todos los jueces y juezas de este país.
No obstante toda la tragedia personal e institucional vivida, en este momento al cumplirse un año de mi detención considero que todo lo ocurrido no ha sido en vano porque ha servido de vitrina para que el mundo se entere cómo se manipula la justicia en Venezuela y cómo se trata a sus mujeres.
Ello se evidencia en los distintos pronunciamientos que a nivel internacional se han emitido en mi causa y que el país conoce.
Es por ello que desde mi celda le hago un llamado a todos los jueces y a todas las juezas de este país, a que más allá del miedo sean libres, sean leales al juramento de ley que realizaron al momento de asumir su cargo como jueces, que no respondan a intereses políticos, económicos, ni de ninguna otra naturaleza, que la única obediencia que se deba es la que emana de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los instrumentos sobre derechos humanos y de las leyes de la República, que sean fieles a su deber de ser autónomos e independientes como jueces, que como Jueces sólo le deben obediencia y subordinación al ordenamiento jurídico, a nada ni a nadie más, que juzguen y dicten decisiones imparciales, sin distingo de ningún tipo y ajustadas a derecho, y que con ello garanticen una verdadera paz social. Por Dios y por la Patria, no se hagan cómplices en la comisión de delitos contra los derechos humanos los cuales son imprescriptibles, recuerden que sus actuaciones de hoy son las pruebas que se utilizarán mañana cuando en Venezuela haya un Estado de Derecho y una democracia.
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