7 oct 2010 23:16 GMT
Mery Vaca
Bolivia
En Bolivia, la mayoría de los medios de comunicación, sus propietarios, directores y periodistas protestan en contra de la aprobación de un proyecto de ley antirracista porque consideran que vulnera la libertad de expresión.
El proyecto, que se debate este jueves en el Senado, dispone sanciones contra los medios de comunicación que difundan o autoricen la publicación de ideas racistas o discriminadoras. Las sanciones van desde las multas económicas hasta el cierre del medio de comunicación.
Ante esta situación, los directores y propietarios de medios, agrupados en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), decidieron protestar en las portadas de sus diarios. Casi todos los periódicos de Bolivia abrieron sus ediciones con una sola frase: "No hay democracia sin libertad de expresión". El resto de la portada apareció en blanco.
Quedaron al margen de esta medida el diario Cambio, de propiedad estatal; y La Razón, que prefirió publicar un editorial sumándose a la demanda de libertad de expresión, pero sin cambiar el diseño de su portada.
"Libertad de expresión garantizada"
El presidente Evo Morales salió al paso de las críticas este jueves para indicar que "la libertad de expresión está totalmente garantizada", pero advirtió que no permitirá que "con el pretexto de libertad de expresión, podamos practicar el racismo y la discriminación".
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, gestó esta ley en 2008, cuando campesinos afines al gobierno de Evo Morales fueron humillados en Sucre y luego golpeados en Santa Cruz por grupos opositores.
El presidente Morales dijo que en el pasado él y su familia fueron víctimas del racismo, así como ocurrió con la mayoría indígena que habita en Bolivia.
Por eso, el mandatario dijo que Bolivia debe ponerse al nivel de otros países del mundo, donde ya se sanciona el racismo y la discriminación.
La ley dispone penas que van hasta los siete años de cárcel para aquellos que anulen los derechos de una persona por motivos de raza.
Paralelamente a la protesta en las primeras páginas de los diarios, dirigentes y periodistas de base se declararon en huelga de hambre en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija y otras poblaciones.
En lo que va de semana, los periodistas protagonizaron marchas de protesta por las principales ciudades del país reclamando "libertad de expresión".
Este jueves fue el día más intenso en cuanto a medidas de presión porque el Senado tenía previsto debatir el polémico proyecto de ley. Si en esa instancia no se introdujeran cambios, en las próximas horas la ley estará lista para su promulgación.
"Primera vez en la historia"
El director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, dijo a BBC Mundo que "por primera vez en la historia se ha dado una protesta tan contundente en contra de un proyecto de ley cuya inminente aprobación constituye una flagrante violación a la libertad de expresión".
Zeballos considera que esta ley obligará a los medios de comunicación a aplicar la censura, algo que, en su criterio, "no sucedía ni en las dictaduras" porque en esos regímenes el censor provenía del gobierno, mientras que con esta norma, "esta obligación la están traspasando al periodismo".
El presidente Morales considera que estas protestas perjudican a la imagen de los propios periodistas porque "se ve como que aquí todavía quieren seguir practicando el racismo".
Los dirigentes de los periodistas han aclarado que apoyan el proyecto de ley contra el racismo y que su protesta apunta sólo a dos artículos, el 16 y el 23. El primero dispone el cierre de medios y el segundo establece que los periodistas podrán ser juzgados en tribunales ordinarios y, eventualmente, podrán ser sentenciados a penas de cárcel.
"Acallar a los medios"
El dirigente de los periodistas de Tarija, Marcelino Arredondo, dijo a BBC Mundo que "el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación es una ley camuflada para acallar a los medios, para acallar a los periodistas y para vulnerar uno de los principios fundamentales de la humanidad, la libertad de expresión".
En medio de las medidas de presión, el presidente Morales recibió a los máximos dirigentes de los gremios periodísticos, a quienes ofreció modificar sólo el artículo 23 para que la ley no se refiera a los periodistas, sino a los ciudadanos en general. Sin embargo, dijo que el 16, que fija las sanciones contra los medios, debe mantenerse porque los sectores sociales así lo han pedido.
De hecho, este jueves por la tarde, los sindicatos afines a Morales se apostaron en las afueras de la Asamblea Legislativa para presionar a los parlamentarios, a quienes exigen aprobar la ley sin cambios.
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