11:54 AM Caracas.- Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley especial contra Delitos Mediáticos el cual sancionaría hasta con cuatro años de cárcel a quien infrinja esta ley y afirmó que es necesario que el Estado legisle sobre esta materia. "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el estado venezolano regule la libertad de expresión".
Aseguró que no se plantea que el Estado vulnere la libertad de expresión ya que considera que en Venezuela se respeta dicha libertad, pero en el marco "de nuestro derecho, en el marco del derecho de los venezolanos todo tiene un límite. Reclamo que se le ponga un límite a ese derecho".
Ortega Díaz resaltó que a través de los medios se puede cometer actos criminales y que debido a estas "nuevas formas de criminalidad" el Estado tiene la obligación de prevenir estos delitos."El Estado tiene la obligación de prevenir, de actuar es necesario regular su actividad (la de los medios) y blindarse una protección apropiada a los ciudadanos, los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional que actualmente ostentan los medios de comunicación social". Señaló que en estos momentos el Estado tiene la necesidad de abordar las "nuevas formas de criminalidad" que han surgido como consecuencia "del ejercicio abusivo de la libertad expresión e información" en el que se utiliza a los medios de comunicación social en sus diversas formas.
En su presentación Ortega Díaz explicó que en las leyes vigentes se permite castigar conductas que inciten a la violencia y al odio y que por lo mismo "este aspecto puede ser examinado para sancionar una ley", argumentó que con base a esa sentencia se puede legislar para regular las conductas de los medios de comunicación o de los dueños de los medios o de las personas que trabajan en los medios "para penalizar ciertas conductas".
La fiscal afirmó que los medios "interfieren en nuestra vida de una forma gigantesca" y que estos "no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni para ayudar, tampoco para generar alteración de la paz social o del orden público, no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad, por el contrario deben cumplir una función educativa". Resaltó que está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión. Señaló que la protección de la seguridad de la nación es un valor constitucional y que "si lo colocamos frente a la libertad de expresión debe prevalecer la seguridad de la nación".
"Todos tenemos el deber de velar y proteger al Estado (…) en consecuencia toda expresión que busque debilitar la fuerza armada y los órganos de la seguridad ciudadana como elementos de la nación pueden igualmente producir responsabilidades legales". Propuso que se castigue las omisiones o delitos emanados de los medios para lograr el equilibrio y la armonía entre la libertad de expresión, la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos venezolanos.
Asimismo incluir una norma que les brinde protección a los periodistas frente a los dueños de medios de comunicación para "evitar que los dueños de los medios los obliguen o les impongan escribir o decir hechos que no les consta o que no están ocurriendo". Que se investigue cuando un medio de comunicación realice publicaciones o transmisiones para "promover el odio, las hostilidades respecto a las personas, colectividades o instituciones respecto a su raza, religión, nacionalidad, ideología o militancia política".
Finalizó diciendo que el Ministerio Público "con estas humildes propuestas" seguirá abierto para ofrecer aportes cuando se profundice las discusiones.
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