Domingo 19 de Julio de 2009 08:51
Edgar C. Otálvora el nuevo pais vi
Aeronaves y personal militar estadounidense estarán basados en tierra firme, a menos de 500 kilómetros de la frontera venezolana, de prosperar el acuerdo de Colombia con EEUU sobre uso de bases militares colombianas. El objetivo de ese acuerdo no sería sólo el de facilitar operaciones anti-narcotráficos, sino que incluiría el genérico, extenso y político concepto de “combate al terrorismo”.
La alianza militar de Chávez con Moscú, que despeja el uso de bases venezolanas a naves rusas, habría sido uno de los argumentos geopolíticos implícitos en las conversaciones entre Bogotá y Washington.
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Si bien aún no se han precisado las bases aéreas que definitivamente entrarán en el acuerdo Colombia-EEUU, se han mencionado la Base Aérea "Luis F. Gómez Niño" de Apiay, en el departamento Meta en los llanos orientales colombianos; la "Pauwells Rodríguez" de Malambo, en el costeño departamento de Atlántico y; la Base Larandia en el Caquetá. Dos instalaciones del centro del país estarían involucradas: la "Germán Olano" (Palanquero) de Puerto Salgar al noroeste de Cundinamarca y otra, situada aguas abajo del Magdalena, conocida como la Base de Tolemaida. Algunas de las pistas de aterrizaje actualmente en uso en estas bases rebasan los tres kilómetros de longitud. Se prevé que, como ya ocurrió en el caso de la Base de Manta en Ecuador, el acuerdo de Colombia con EEUU represente inversiones estadounidenses para ampliar la capacidad operativa de las bases colombianas.
El pacto, al parecer, incluiría además facilidades para EEUU en bases navales colombianas sobre el Caribe y el Pacífico.
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El personal que EEUU basaría en Colombia sería de las fuerzas militares, además de DEA y Guarda Costas. Igualmente la lista se complementaría con personal civil bajo la figura de contratistas de seguridad. El gobierno colombiano ha dejado saber que la cantidad de personal estadounidense se regirá por los acuerdos ya existentes para el Plan Colombia que limitan a 1400 el número de militares y civiles estadounidenses que actuarán en territorio colombiano.
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Las posibilidades de presentar su candidatura a la reelección tienden a alejarse del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez. Señales telegrafiadas por el propio Uribe en discursos públicos dejan entrever su auto-convencimiento sobre las dificultades para lograr imponer una reforma constitucional y luego avanzar en la carrera presidencial. Esta percepción ha desatado el juego político colombiano de quienes ven posibilidades de aspirar en las elecciones del 2010. La renuncia de Noemí Sanin a su cargo de Embajadora en Londres, pareciera confirmar que los aliados conservadores de Uribe ya están convencidos de que el antioqueño no repetirá.
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El 29 de junio, los mandatarios del ALBA reunidos en Managua, acordaron retirar a sus embajadores en Tegucigalpa. Todo indica que por lo menos Venezuela, no retiró su embajador, ni redujo sustancialmente su representación diplomática en Honduras como lo había convenido con sus socios del ALBA. Durante varios eventos de los últimos días, el embajador de Chávez en Honduras, Armando Laguna, ha aparecido actuando en Tegucigalpa. Su presencia y actividad fue reportada por el canal de Tv internacional del gobierno venezolano.
El pasado viernes, el gobierno de Roberto Micheletti acusó al personal diplomático venezolano de “intromisión inadmisible en los asuntos excluidos de los hondureños”. El señalamiento del gobierno hondureño coincidió con rumores sobre la conformación de una fuerza internacional para dar respaldo armado al regreso de Zelaya a Honduras. Este último hecho fue insinuado por EEUU en advertencia directa de la Secretaria de Estado Hillary Clinton a Venezuela.
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La convocatoria a una asamblea constituyente para “refundar” a Honduras es la línea que sectores de la izquierda de ese país está proponiendo como acto inmediato luego de producirse la restitución de Manuel Zelaya al gobierno. El camino transitado por Venezuela, Ecuador y Bolivia es el propuesto por esas organizaciones, muy activas en estos días.
Dos de los grupos que han capitaneado las acciones de protesta contra el gobierno de Micheletti, forman parte de la red de organizaciones de izquierda latinoamericana que han participado en los últimos años en acciones promovidas por el gobierno venezolano. Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, ambos impulsores de la asamblea constituyente, son parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos creado por Hugo Chávez.
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No sólo la derecha hondureña vio una intención reeleccionista en la consulta organizada por el derrocado presidente Zelaya. Apenas en mayo pasado, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) publicó un comunicado rechazando la alianza de la izquierda hondureña con Zelaya: “la propuesta de la “cuarta urna” de Mel” pretende instaurar un régimen presidencial fuerte, con reelección indefinida, para poder aplastar a las masas trabajadoras cuando estas se rebelen contra el sistema capitalista, en los precisos momentos que atraviesa la peor crisis en los últimos 80 años “... “Ahora todos gritan “si a la cuarta urna”, que “siga Mel” gritan otros. Muchos dirigentes de izquierda han perdido la identidad y se han coalicionado por una sola causa que es fortalecer las aspiraciones de Zelaya. El Movimiento Popular se ha convertido en la base social de apoyo que necesitaba Mel Zelaya para imponer sus planes de reelección presidencial”.
En otro aparte, el PSOCA afirmaba que los militantes de izquierda aliados con Zelaya son “activistas profesionales que esperan que Mel les cumpla las ofertitas de recompensas económicas o de cargos públicos por apoyar públicamente la propuesta gubernamental”.
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El Congreso brasileño se fue esta semana a sus vacaciones de medio año. Pese a los intensos esfuerzos del gobierno de Lula, el ingreso de Venezuela al Mercosur sigue estancado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado.
En Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo ha frenado la presentación del Protocolo Venezuela-Mercosur a consideración oficial de la plenaria del Congreso. De esta manera busca evitar que el parlamento se pronuncie en contra, con lo cual quedaría abortada la conversión de Venezuela en miembro pleno del Mercosur.
El próximo 23 de julio se reúne la cumbre semestral presidencial del Mercosur en la cual una vez más Chávez no contará con la condición de pleno derecho a voz y voto.
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Una semana atrás falleció Jaime Pérez López. Empresario, político, abogado y profesor cucuteño fue autor de un libro singular sobre las relaciones históricas fronterizas: “Colombia-Venezuela. Economía Política y Sociedad Siglos XIX -XX” publicado en el 2003. Pérez López fue el representante liberal por el departamento Norte de Santander en la Comisión de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos creada en 1989. A mediados de los noventa ejerció desde Bogotá como Comisionado de Fronteras durante el gobierno de Ernesto Samper.
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