Como era de esperarse, el narcoterrorismo se apropió de las motivaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia que anula judicialmente las pruebas derivadas de los computadores personales de alias Raúl Reyes, para iniciar una campaña propagandística a su propio favor. Así se desprende de la ‘epístola’ que le envían a la ex senadora Piedad Córdoba y en la cual ratifican los compromisos políticos mutuos[1].
Las Farc le dicen a la ex senadora que son solidarios con ella y consideran que la Procuraduría se equivocó en la sanción disciplinaria impuesta, inhabilidad política, porque se basó en que los elementos probatorios “no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia”.
¿Coincidencia? No parece, palabras más o palabras menos, es el mismo argumento utilizado por los magistrados de la Sala Penal en su decisión; son los mismos que el comunismo criollo y el latinoamericano esgrimían desde la muerte de Reyes, sabedores que, como dijera Tirofijo, los secretos de las Farc quedarían al descubierto.
Es un hecho que desde ese 1º de marzo de 2008, el comunismo adelantó toda una tarea ideológica y propagandística para desacreditar los documentos que se encontrarían en esos computadores, antes de conocerse su contenido ya hablaban de que cualquier documento que vinculara a personajes políticos, empresarios y gremiales con las Farc sería producto de manipulación.
Afortunadamente fue la misma INTERPOL la que avaló la integridad de las pruebas encontradas, algo que convenientemente nuestros magistrados ignoraron al momento de proferir su torcida sentencia.
Ante la evidencia conocida por el mundo, las Farc no pueden negar las comunicaciones encontradas en esos computadores y vanamente intentan justificarla diciendo que “En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos”[2].
Ojalá que la desafortunada e interesada sentencia de la mencionada Sala Penal no se extienda como epidemia judicial para anular todos los procesos contra criminales extraditados desde Venezuela, como es el caso del director de Anncol Joaquín Pérez Becerra, sino que se tenga en cuenta que es un hecho notorio que ese bandido hacía apología del narcoterrorismo, lo que lo convierte cuando menos en reo de subversión contra la institucionalidad constitucional y legal de Colombia, lo que no puede considerarse como un simple ‘delito de opinión’, en tanto sus declaraciones y demás actividades incentivan la acción armada de la organización ilegal.
Las invitaciones de Piedad Córdoba a los jóvenes universitarios a que se unieran a las ‘filas de la rebelión’ fueron públicas y están suficientemente documentadas en artículos y medios informativos, esas invitaciones no fueron aclaradas con las posteriores declaraciones que pretendieron darle otro contexto, como nunca fue aclarada la conducta que desplegara en Cali para impedir la captura por parte del DAS de un cabecilla terrorista, mucho menos las actividades que extralimitaron sus funciones como mediadora para obtener la liberación de secuestrados.
Tampoco podrá ignorar la Corte Suprema lo declarado por un ciudadano extranjero que señaló con precisión fechas y lugares en que Piedad Córdoba se reunió con integrantes de las Farc para obtener apoyo político en el Chocó, algo que ejecutó efectivamente como lo demuestra la votación obtenida por la ex senadora en esa región, en la cual anteriormente no gozaba precisamente de un amplio aprecio.
Las verdaderas intenciones de las Farc, expresadas a través de Piedad Córdoba cuando hace referencia al pretendido intercambio humanitario, quedan explícitas en la carta que le envían:
Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes.
No hay pues una voluntad de paz, no hay una intención de diálogo; mediante ese pretendido canje sólo buscan recomponer sus mandos para continuar sosteniendo la amenaza narcoterrorista contra el pueblo colombiano; las Farc pretenden ver como signo de debilidad del Estado el nuevo lenguaje gubernamental, eso alienta su prepotencia y están convencidas que la actividad política de personajes como Piedad Córdoba podrán hacer mella en la voluntad de los colombianos para derrotarlas definitivamente, por eso no se puede aflojar, no se puede transigir en la aplicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ajustándola para arreciar la ofensiva militar hasta reducir a las organizaciones armadas ilegales y obtener su sometimiento a la Constitución y la ley vigentes.
[1]ANNCOL. Farc en carta a Piedad Córdoba. Junio 3 de 2011.
http://colombiaopina.wordpress.com/2011/06/03/ecos-de-una-sentencia/
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario